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CNDH, responsabiliza al estado

Mario Castellanos Alcázar Mario Castellanos Alcázar

Los estratos  sociales, políticos y económicos de la entidad oaxaqueña se estremecieron luego de que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer que las corporaciones policiacas del rango federal y estatal dispararon a fuego cruzado en el desalojo de los maestros, organizaciones sociales y civiles, que tenían secuestrada de la carretera durante 20 días consecutivos en Nochixtlán, Oaxaca, con un saldo de siete muertos, cuatro de estos acribillados por la Policía Federal, la Gendarmería y la Estatal.

El desalojo de las organizaciones beligerantes tuvo lugar el 19 de junio del año 2916, luego de que los manifestantes tomaron la carretera en las inmediaciones de Nochixtlán, Oaxaca, en demanda de la cancelación de la Reforma Educativa por parte del magisterio oaxaqueño y otras de carácter social y político, causando graves daños a la planta productiva y a la economía estatal.

Se trata de un caso en el que reinó la violencia y la anarquía propiciada por los manifestantes. Esto dio lugar a que el gobernador de entonces Gabino Cué Monteagudo pidiera al Gobierno Federal, él envió de la Policía Federal y la Gendarmería, que en un operativo completamente desorganizado y sin los protocolos establecidos, la fuerza policial hizo uso desmedidos de sus facultades violentas arremetiendo en contra de los disidentes encabezados por los dirigentes magisteriales que también portaban armas de fuego y lanzaron cuetes en contra de la fuerza pública.

Al respecto, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos responsabilizó a las corporaciones policiacas de haber asesinado a 4 de los 7 muertos de la sociedad civil y asimismo violaron los derechos humanos, la integración social y todo rango constitucional, al utilizar los policías sus armas de fuego en contra de los manifestantes, por lo que la CNDH emitió la recomendación 7VG/2017 a los organismos de procuración de justicia federal y estatal y asimismo los órganos judiciales aplicarán el peso de la ley contra los responsables.

Se trata de un asunto de impartición de la justicia en donde el gobernador Murat Hinojosa debe ser el primero en aplicar el Estado de Derechos con la finalidad de no manchar su imagen ante una sociedad oaxaqueña que exige castigo ejemplar para quienes resulten culpables de la masacre del 19 de junio del año 2016; en este caso es visiblemente culpable el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien pidió al Gobierno Federal la actuación de la policía sin tomar en cuenta los graves riesgos que pudieran surgir.

El mismo Cué Monteagudo sesgó las investigaciones  e hizo que este asunto fuera atraído por la Procuraduría General de la Republica, PGR, auspiciando el burocratismo de la Procuraduría de Justicia del Estado, encubriendo a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, incurriendo a la vez en una serie de omisiones como el  declarar que los policías nunca estuvieron armados y los culpables  fueron los elementos de las organizaciones civiles, sin embargo esto se vino abajo con la declaración de la CNDH.

Tal pareciera que la CNDH está protegiendo los derechos de los maestros y organizaciones sociales y políticas, sin embargo si se trata de aplicar la ley,  esta debe ser pareja tomando en cuenta que los manifestantes también forman parte del conflicto y la resistencia al bloquear las vía pública durante 20 días, pese a los atentados a terceros, por la vía violenta, pues muchos de los civiles también portaban armas de fuego y por tanto dispararon contra los policías, resultando 106 uniformados lesionados, de los cuales 4 de estos con heridas graves.

Resultaron 453 civiles con lesiones, de estos, 45 con armas de fuego, situación que parecía quedar en el olvido, hasta que la CNDH, nuevamente dio a conocer la responsabilidad del Estado, en el ataque violento a los manifestantes para acallar las protestas, sin embargo, los disidentes también son culpables y se debe llegar hasta las últimas consecuencias, pues nadie tiene derecho  de atentar contra la vida humana, por tanto se debe sentar un precedente para que ningún culpable quede impune.

Tampoco se justifica que el Secretario General de la Sección 22 del SNTE, Eloy López Hernández se lave las manos y aparezca como un redentor, manifestando que el magisterio no acepta la postura de la CNDH, por el hecho de reiterar que los radicales también estuvieron armados.

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