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SCJN admite controversia contra Ley de Seguridad

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la primera impugnación en contra de la Ley de Seguridad Interior interpuesta por el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aceptó la controversia constitucional interpuesta por el municipio el pasado 21 de diciembre luego de que reclamara que los artículos 7, 11 y 16 de la Ley de seguridad supuestamente violentan de manera flagrante su autonomía.

Pardo Rebolledo será el Ministro encargado de resolver si la controversia es admitida o no.

La Ley de Seguridad Interior fue avalada por la madrugada del 16 de diciembre en el Senado de la República, con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de Acción Nacional (PAN) y de Verde Ecologista (PVEM), y con 34 en contra de la oposición, además de tres abstenciones. La votación se dio luego de más de 12 horas de discusión.

Ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que estaba en proceso de preparar un estudio de acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y exhortó el Ejecutivo Federal para que formule observaciones a la norma.

Las fracciones parlamentarias de oposición también coincidieron en la necesidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la única controversia que se presentó contra la polémica ley promulgada el pasado 21 de diciembre por el Presidente Enrique Peña Nieto fue la de las autoridades del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país han alertado que la Ley de Seguridad garantizará más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.

CLAVES PARA ENTENDER UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, sus detractores como activistas, legisladores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) buscan dar revés a la polémica ley con una acción de inconstitucionalidad. Aquí te explicamos qué significa este recurso jurídico.

  1. ¿En qué consiste una acción de inconstitucionalidad?

Este recurso legal se tramita con el propósito de denunciar contradicciones entre la Constitución de la República y alguna norma o disposición (ley, tratado internacional, reglamento, decreto) con el propósito de mantener la supremacía de la Carta Magna.

El recurso de inconstitucionalidad únicamente puede ser tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  1. ¿Quiénes pueden tramitar dicha acción?

- Legisladores federales o locales (al menos 33% de los que integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna)

- Procurador General de la República

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos

  1. ¿Se puede tramitar la acción de inconstitucionalidad cuando sea?

El recurso legal únicamente se puede ejercer dentro de los treinta días naturales a la publicación de la norma.

  1. ¿Quién evalúa la acción de inconstitucionalidad?

La única entidad en el país que puede aprobar el recurso legal es la Suprema Corte de Justicia.

Los diputados pueden interponerse contra leyes federales, mientras que los senadores podrán hacerlo contra leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

  1. ¿Qué pasa si se aprueba?

En caso de que se declare inconstitucional, dicha norma no podrá tener vigencia ni será aplicable a ninguna otra persona.

  1. Antecedentes

En diciembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Televisa-Döring, la cual fue presentada por 47 senadores quienes consideraron que dicha Ley violentaba los derechos de las audiencias, y restaba facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

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