Diciembre 12, 2018

Oaxaca de Juárez, Oax.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias por al menos 227 millones 300 mil pesos en la ejecución de los recursos federales enviados al estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2017, primer año del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa.

 

Luego de 13 auditorías a una muestra de 9 mil 864 millones de pesos, el órgano fiscalizador, dependiente del Poder Legislativo federal, indicó que el monto observado se conforma por 19.9 millones de pesos de recuperaciones operadas y 207 millones 400 mil pesos de probables recuperaciones.

 

En la Segunda Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF ubicó a Oaxaca como la onceava entidad del país con la mayor cantidad de recursos con inconsistencias detectadas en el Gasto Federalizado, únicamente detrás del Estado de México, con 2 mil 401 millones de pesos; Puebla, con mil 150 millones de pesos; Veracruz, con 590.3 millones de pesos; Ciudad de México, con 675.1 millones de pesos; Guanajuato, con 413.8 millones de pesos; Coahuila, con 340.7 millones de pesos; Chiapas, con 338 millones de pesos; Jalisco, con 320.4 millones de pesos; Guerrero, con 314.3 millones de pesos, y Michoacán, con 254.6 millones de pesos.

 

Según la ASF, cuyo reporte puede ser consultado en http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_Especiales/Informes_Especiales_01.pdf, las principales irregularidades en las que incurrieron las entidades mencionadas anteriormente, Oaxaca incluido, son falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe); transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, pagos improcedentes o en exceso, conceptos no autorizados por la dependencia normativa y falta de amortización de los anticipos.

 

En el caso de Oaxaca, la ASF detectó inconsistencias por 96 millones 604 mil 400 pesos en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), de las cuales 15.9 millones de pesos corresponden a recuperaciones operadas y 96 millones 588 mil pesos a recuperaciones probables.

 

El organismo fiscalizador refirió que mantiene abiertos una serie de procesos para reintegrar a la Tesofe 10 millones 41 mil 900 pesos por concepto de recursos no comprometidos del FAM al 31 diciembre de 2017; 79 millones 550 mil 600 pesos por recursos no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018; 6 millones 2 mil 100 pesos por concepto de rendimientos financieros no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018, y 993 mil 900 pesos por concepto de penas convencionales no cobradas a los contratistas.

 

En lo que respecta al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), la Auditoría estimó recuperaciones por 124 millones 971 mil pesos conformadas de la siguiente forma: 19 millones 648 mil pesos de recuperaciones operadas y 105 millones 322 mil 800 pesos de recuperaciones probables.

 

Las últimas se integran por 64 millones 406 mil 300 pesos por concepto de obra pagada no ejecutada y por 40 millones 916 mil 500 pesos por concepto de recursos y rendimientos financieros no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018.

 

Asimismo, tras la revisión del pago de las Participaciones Federales e Incentivos a los Municipios de la Entidad, la Auditoría Superior halló irregularidades por 18 millones 171 mil 100 pesos por rendimientos financieros derivados de retrasos en la entrega de los recursos. Aunado a lo anterior, el ente solicitó la aclaración de 13 millones 890 mil 800 pesos, de los cuales 13 millones 250 mil 300 corresponden a recursos no pagados a seis municipios del estado, por concepto de participaciones federales retenidas e identificadas en un Fideicomiso, que no estaban debidamente amparados con las documentales que permitieran verificar que dichas retenciones fueron autorizadas por las instancias correspondientes, y 640.5 miles de pesos por afectaciones a las participaciones federales no justificadas al municipio de San Pedro Mixtepec Juquila, Oaxaca.

 

El probable monto a recuperar y el monto no aclarado suman un total de 32 millones 62 mil pesos.

 

En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por medio del cual Oaxaca obtuvo de la Federación, 222 millones 159 mil pesos, el órgano revisor detectó irregularidades por 423 mil 500 pesos por concepto de recursos pagados posteriores al 31 de marzo de 2018.

 

Se determinaron seis observaciones, de las cuales una fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las cinco restantes generaron cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

 

Los datos anteriores corresponden únicamente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 - Segunda Entrega, en el rubro de Gasto Federalizado, entregado al Congreso de la Unión el 31 de octubre.

 

Oaxaca está posicionado en el sexto lugar de los Estados del país con mayor dinero prófugo, es decir, dinero que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha solicitado recuperar o aclarar a los gobiernos estatales, según el indicador #DineroPrófugo, de la plataforma Data Coparmex.

 

De su lado, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, afirmó que son solo 1 mil millones de pesos los pendientes por solventar, ante órganos auditores.

 

El funcionario estatal, detalló que en la transición del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a Gabino Cué Monteagudo, había cerca 500 millones de pesos por solventar, detectados por auditorias practicadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

 

Con el paso de los ejercicios fiscales 2010 aumentan 200 millones año, para el siguiente ejercicio fiscal, otros 1 mil 600 millones de pesos, el siguiente 1 mil 400, luego 400 millones, se sumaron 4 mil 600 millones, y otros1 mil 700. En tan solo un sexenio, el de Cué Monteagudo, los recursos no solventados fueron del orden de los 7 mil 500 millones de pesos.

 

Díaz Navarro, aclaró que los procesos aún están pendientes por cerrar y ello, no exonera a los ex funcionarios de la administración de Ruiz Ortiz y Cué Monteagudo, “porque no presentaron la documentación en forma, hay solventaciones sin procesos sancionatorios o resarcitorios, por una seria de mezclas”.

 

Al día de hoy, solo están pendientes por solventar 1 mil millones de pesos, por parte de los entes fiscalizados de la administración estatal.

 

En medio de la danza de cifras, concedió que “cada quien tendrá que acatar sus responsabilidades que haya generado en su gestión”.

 

No obstante, para la plataforma DataCoparmex, son 3 mil 825.3 millones de pesos de los cuales la entidad no ha podido transparentar el destino o uso de la administración de Cué Monteagudo.

 

A Oaxaca corresponde el 5.6 por ciento del dinero de la muestra auditada a nivel nacional, tomando como datos la cuenta pública 2016 del sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

 

En la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación solicitó recuperar o aclarar 80 mil 153 millones de pesos a los gobiernos estatales, según la información contenida en el informe de Coparmex.

 

Los estados con más dinero prófugo son Veracruz 18 mil 315 mdp, Chihuahua 11 mil 269 mdp, y Nuevo León 7 mil 738 millones de pesos. Por segunda vez consecutiva, Veracruz es la entidad con más dinero prófugo.

 

Los estados con menos dinero prófugo son Querétaro 3.4 mdp, Puebla 11.9 mdp, y Campeche 34.8 mdp. Entre ellos, sólo Querétaro aparece por segunda vez consecutiva entre los tres estados con menos dinero prófugo.

 

Data Coparmex es un conjunto de 10 indicadores estatales que dan seguimiento a los temas de mayor relevancia pública y económica de México. Creados a partir del procesamiento de datos oficiales y consultas a socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los indicadores permiten visualizar los tipos y niveles de retos que aquejan a cada entidad.

 

El Informe Individual de Resultado de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 contenido en la página http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/UEC/docs/estados/2016/1…, detalla que el dinero prófugo se ubicó en los rubros de Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Prospera, Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, así como en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca en Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública.

 

Además de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las anomalías registradas en las cuentas de las universidades públicas, es urgente que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga una verificación exhaustiva de los recursos federales que manejan, principalmente de los recursos ejercidos en el presupuesto de este año.

Así lo aseveró el senador de Morena, Armando Guadiana, quien apuntó que existen datos sobre presuntos desvíos de recursos de instituciones de educación superior a través de empresas fantasma, lo que está afectando las finanzas de las universidades públicas.

Por ello, dijo, propuso un punto de acuerdo para que desde el Senado se pida a la ASF la verificación de las cuentas de las instituciones educativas, sin embargo, indicó que ante las revelaciones de la propia Auditoría de las anomalías por más de 14 mil millones de pesos de las universidades, es necesario que también se revisen los datos del presupuesto 2018.

El senador por Coahuila detalló que para el ejercicio de este año para el sector educativo hay un presupuesto de dos mil millones de pesos, de los cuales casi 114 mil millones están destinados a la educación superior y de estos más de 56 mil millones son para los estados.

Por ello, en entrevista indicó que con pleno respeto a la autonomía, todas las instituciones de educaciones superior deben rendir cuentas, desde la UNAM y el IPN, hasta las universidades estatales.

Comentó que en el Senado recibieron a por lo menos 10 rectores que solicitaron apoyo para atender la crisis financiera de sus universidades, pero insistió que si bien el próximo gobierno federal está dispuesto a apoyarlos, eso no significa que solaparán irregularidades.

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