Febrero 17, 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Karla Irasema Quintana Osuna, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, luego de haber obtenido la calificación más alta de acuerdo con su perfil y experiencia.

 

Quintana Osuna fue elegida a propuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de una terna donde también estaban como finalistas: Leonor de Jesús Figueroa, extitular de la Unidad de Apoyo a Migrantes de la PGR y Juan López Villanueva, director de Promoción y Vinculación del programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

La nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, egresada de las licenciaturas en Derecho y Lenguas y Literatura Hispánicas de la máxima casa de estudios del país.

 

Obtuvo el grado de Maestría en estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard.

 

Ocupó la dirección general de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; fungió como profesora del Seminario Derecho Constitucional III en el ITAM.

 

Karla Irasema Quintana Osuna fue electa como jurista experta internacional para fungir como Amicus Curiae ante las salas de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

 

De 2009 a 2013, fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desempeñó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana.

 

Previamente, trabajó en la vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial (2008-2009) y se desempeñó como abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004-2007).

 

Asimismo, fue tutora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Ha publicado diversos artículos e impartido conferencias en materia de derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que el Gobierno interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el bloqueo de las vías del tren en Michoacán que mantienen los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

 

"Les informo que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Instruí al consejero jurídico (Julio Scherer Ibarra) que presentará la queja ante la Comisión por violación a los derechos humanos, para que la comisión recomiende qué se debe hacer", señaló.

 

Los bloqueos, que este viernes, llegaron a 24 días, generan pérdidas por mil millones de pesos al día, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

 

El presidente pidió a la CNTE aclarar el porqué se mantienen los bloqueos después de que el 31 de enero se acordara levantar el bloqueo de las vías del tren en Michoacán.

 

"A mi me gustaría que la CNTE de Michoacán aclarara este asunto si es la organización o no, que ellos informen", señaló.

 

Alrededor de 2 mil 400 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de un universo de alrededor de 32 mil que iniciaron las protestas, mantienen bloqueados dos tramos de sistema ferroviario de Michoacán.

 

En la comunidad indígena de Caltzontzin, bastión de la CNTE, menos de dos mil maestros mantienen el bloqueo a las vías.

 

Otro de los puntos en el que la CNTE tiene presencia es en el municipio de Pátzcuaro, en donde las vías son obstaculizadas por alrededor de 400 maestros de la región lacustre.

En medio de un absoluto rechazo al proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional de corte militar, académicos, organizaciones civiles, la CNDH y la ONU pidieron a los diputados de Morena “frenar, revisar y corregir” el dictamen, aprobado ya en comisiones.

 

Al participar en las audiencias públicas organizadas en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, propuso “el establecimiento inmediato de un grupo de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública”.

 

“Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero no se establece claramente una ruta en sentido contrario”, insistió.

 

Alejandro Hope, especialista y consultor en seguridad, pidió a legisladores que “regresen este proyecto y busquen otro diseño”.

 

Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el esquema propuesto “es incompatible con el actual estado constitucional”, y advirtió que la propuesta “hará más difícil volver a militares a sus cuarteles”.

 

María Elena Morera, de Causa en Común, acusó que “es ofensivo y una burla cómo Morena quiere engañar a la gente, cuando se insiste en decir que no se trata de una militarización y que es lo contrario”.

 

Alejandro Madrazo, del CIDE, criticó, al que calificó de “una simulación, una farsa y una payasada”. Añadió que “la Constitución no se diseña para un hombre, sino para un país”.

 

El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo a los legisladores que la opción militar “debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida y subordinada a las corporaciones civiles; y esta propuesta no responde a estos requisitos”.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Siete de los ocho activistas que han sido asesinados en Oaxaca en lo que va de 2018, se dedicaban a la defensa de la tierra y el territorio contra la implementación de megaproyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos, entre otros, alertó la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

 

Ante ello, la directora adjunta de la agrupación, Yésica Sánchez Maya, demandó a las autoridades estatales cesar el clima de omisión y hostilidad hacia los activistas, luego de que el propio gobierno se ha negado a atender sus exigencias de justicia y a responder a diversas medidas de protección emitidas por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

“Está sobre la mesa que (las víctimas son) gente que está haciendo defensa de tierra y territorio. Recordemos que en Oaxaca hay una apuesta por los parques eólicos, la minería y la explotación de recursos naturales y son ellos los que están siendo asesinados”, denunció Sánchez, en entrevista.

 

“En 2017 hubo algunas ejecuciones, pero ahora se ha disparado el tema de personas que están haciendo defensa de tierra y territorio”, reiteró la también abogada feminista.

 

Amenazan a familia de activista asesinado

 

Sánchez también acusó que los funcionarios del área de seguridad del gobierno estatal, en referencia a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se han negado a brindar protección a las familias de las víctimas.

Como ejemplo, citó que los allegados de Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) asesinado el 25 de octubre, han recibido amenazas directas de muerte sin que hayan recibido algún tipo de resguardo a pesar de estar enterados de los hechos.

 

De acuerdo con la versión otorgada por Sánchez, las últimas amenazas se registraron el jueves de la semana pasada, cuando un grupo de desconocidos localizó el lugar donde los deudos del activista se refugian desde el día de la ejecución y les advirtieron que también ellos serían ultimados.

 

Antes de morir, Castillo defendía la preservación de la playa y el río Copalita, ubicado en el municipio de Santiago Astata.

 

“Emitimos una alerta; la CNDH emitió medidas cautelares al gobierno del estado y no pasó nada y, ahora, tuvimos incidentes fuertes… incluso, tuvimos que gestionar el ingreso (de los familiares) al Mecanismo Nacional de Protección, frente al tema de que (las autoridades) no hicieron caso a la petición de la CNDH”.

--¿Qué fue lo que sucedió?

--Tuvieron una situación donde los amenazaron que los iban a matar.

--¿Fue una amenaza directa?

--Directamente.

--¿Esto fue en su comunidad (de origen)?

-- En donde están ellos resguardados, después de la muerte de Noel. Justo por miedo se pusieron en un lugar de resguardo y, al final del día, siguen las amenazas y los hostigamientos.

>Es grave poner sobre la mesa que no importa la vida de la gente, indicó.

La directora de Consorcio lamentó el “desdén” de las autoridades, que no se han puesto en contacto con las personas agraviadas “para decir nos preocupa (el caso)”.

Reiteró que el gobierno debe tomar cartas “serias” en “la crisis que tiene en las manos” y no continuar actuando “con esta soberbia de no mirar y de no generar el proceso de concertación que Oaxaca requiere para poder garantizar la vida de quienes hacen la defensa de los derechos humanos”.

 

Gobierno omiso

De los ocho activistas que han sido ejecutados en este año, siete se dedicaban a la defensa de la tierra y el territorio.

 

El 12 de febrero fueron emboscados Alejandro Antonio Díaz, Ignacio García Ventura y Luis Ángel Martínez –todos miembros de Codedi--, cuando viajaban a bordo de una camioneta sobre la carretera federal 175 tras participar en una reunión con autoridades en la ciudad de Oaxaca.

 

Codedi es una organización social con sede en la región de la Costa que, de acuerdo con datos hemerográficos, en sus casi 20 años de lucha se ha enfocado en tres principales ejes: la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos humanos de las comunidades indígenas, frente a proyectos extractivistas.

 

La agrupación nació durante el sexenio del gobernador José Murat, padre del actual mandatario, Alejandro Murat.

 

El 17 de julio, Abraham Hernández González, coordinador regional del Codedi, fue asesinado en San Pedro Pochutla, en la Costa, y, luego, el 25 de octubre, se suscitó el asesinato de Noel Castillo Aguilar.

 

Por otra parte, el 25 de julio, fue ultimado a balazos en Juchitán de Zaragoza, Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón.

 

Crispín López se desempeñaba como policía comunitario de Álvaro Obregón, agencia municipal de Juchitán, comunidad que desde 2012 se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, ahora llamada Eólica del Sur, de capital español.

 

Los seis personajes mencionados anteriormente, se sumaron a Calixto Pedro Guillermo, otro militante de la Sección 22 de la CNTE y defensor de las comunidades indígenas, quien fue asesinado a machetazos el 10 de octubre en San Juan Guichicovi, en el Istmo de Tehuantepec.

 

El 15 de enero de 2018 fue asesinado Mario Vallejo García, integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la región del Istmo de Tehuantepec de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien participaba en las discusiones para materializar la expulsión de algunos exdirigentes de la gremial.

 

Este último es el único de los activistas que no estaba relacionado con labores sobre la defensa de la tierra.

 

Es de resaltar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos giró medidas cautelares a favor de Codedi –que acumula cinco integrantes muertos--, pero el gobierno estatal no ha acatado la resolución, según las aseveraciones del Consorcio para el Diálogo Parlamentario.

 

Oaxaca de Juárez, Oax.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 19 quejas y emitido 13 recomendaciones a diversas autoridades de los distintos niveles de gobierno durante el seguimiento a la primera caravana de migrantes que recorrió territorio oaxaqueño entre el 28 octubre y dos de noviembre pasados.

 

Al respecto, el Quinto Visitador de la CNDH reportó ayer que ninguna queja fue levantada en Oaxaca, entidad donde, al contrario, fueron dados a luz dos niños de padres centroamericanos, además de que se detectaron varios casos de mujeres con seis a ocho meses de gestación, así como recién nacidos.

 

Explicó que de las 19 quejas recibidas, tres son por lesiones durante un operativo en Ciudad de Hidalgo, Chiapas; por una detención arbitraria en contra de Irineo Mujica, activista que acompaña a la Caravana Migrante, y por falta de alimento e incomunicación en el Recinto Ferial Mesoamericano.

 

Tres más por lesiones y por la detención a una persona, con residencia permanente, en la estación migratoria de Pijijiapan, y cinco por los sucesos ocurridos en el puente de la garita entre México y Guatemala, a causa de lesiones y uso de gas lacrimógeno. Agregó que aunque al inicio fue pura caminata, la mayor parte del recorrido ha sido mediante “aventones”.

 

Expuso que “tenemos a una persona muerta del lado de Guatemala por impacto de proyectil, aunque todavía no se sabe si fue por una bala de goma, una piedra o por uno de los cascos de los gases lacrimógenos; eso lo dirá el peritaje de la fiscalía de Guatemala”.

Además, continuó, hay una queja por la fumigación que sufrieron migrantes mientras dormían en su paso por Chiapas, y otra donde personal de migración persiguió, capturó y golpeó a una persona, y una más porque alguien perdió sus pertenencias mientras fue detenido.

 

Enfatizó que se han emitido 13 medidas cautelares dirigidas a autoridades de los distintos niveles de gobierno y comentó que ya se presentó un deceso de un joven migrante que cayó de un camión cuando transitaban de Ciudad Hidalgo a Tapachula.

 

Subrayó que cuentan con una estadística que señala que mil 500 migrantes han retornado a sus lugares de origen, y alertó del escenario que enfrentan los albergues en la frontera norte ante este enorme flujo de centroamericanos, en donde se les tendrá que brindar alojamiento, en su espera de poder cruzar hacia Estados Unidos, por lo cual será necesario el apoyo de los gobiernos de los estados.

 

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