Octubre 22, 2018

Comunidades realizan “juicio popular” contra mineras

Comunidades y agrupaciones acordaron fortalecer la  defensa de su territorio, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones. / AGENCIAS Comunidades y agrupaciones acordaron fortalecer la defensa de su territorio, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones. / AGENCIAS

Oaxaca de Juárez, Oax.- Una veintena de agrupaciones sociales comenzó ayer un “juicio popular” contra las empresas mineras que, con la complicidad del Estado mexicano, se ha asentado en territorio estatal.

Tal actividad, con sede en la Iglesia de los Pobres, culminará este día, con la lectura a una sentencia que será emitida por el tribunal popular.

La iniciativa surgió a partir de los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, realizado en Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018.

Comunidades y agrupaciones acordaron fortalecer la  defensa de su territorio, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones.

Durante los últimos 20 años, con el aval de los anteriores cuatro gobiernos de la república, diversas empresas han promovido “proyectos de muerte”, bajo el amparo de acuerdos comerciales internacionales, que permiten el “saqueo de los recursos naturales del país”.

Al respecto, los inconformes señalaron que la industria minera ha sido uno de los sectores más favorecidos, pues al menos el 30 por ciento de la superficie del país se encuentra concesionada para aquel fin.

En el caso de Oaxaca, añadieron, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, denunciaron que los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera.

Dentro de estas estrategias se encuentran los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.

El actual gobierno estatal ha definido como una política de “desarrollo” económico impulsar con mayor fuerza los proyectos mineros, anunciando una inversión de 87.5 millones de dólares.

 

 

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