Oaxaca.- Durante los últimos cuatro años, en el marco de la implementación del Corredor Interoceánico, en la región del Istmo de Tehuantepec, tres activistas fueron asesinados en Oaxaca, al tiempo que fueron documentados otros 72 ataques, que incluyeron 226 formas de agresiones, denunciaron hoy organizaciones no gubernamentales.
El cúmulo de ataques fue perpetrado entre el primero de mayo de 2021 y el primero de mayo de 2024, precisaron las agrupaciones, cuyos integrantes conformaron una Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec (MCO).
Muertos
Las tres víctimas mortales eran activistas de origen zapoteco y fueron identificados como Jesús Manuel Martínez, ultimado en octubre de 2022 cuando un grupo armado lo atacó en su domicilio; Félix Vicente Cruz, agente municipal de la comunidad El Morro, en San Francisco Ixhuatán, quien fue asesinado a disparos en abril de 2023, mientras permanecía en el interior de las oficinas de aquella agencia.
Asimismo, Noel López Gallegos, quien fue encontrado muerto en julio de 2023 un día después de haber sido reportado como desaparecido.
Ataques al por mayor
En los restantes 72 ataques, que involucraron 226 tipos de agresiones, predominaron la intimidación (30%), hostigamiento (28%), amenazas (10%) y agresiones fisicas (7%), subrayaron las agrupaciones.
Todas las víctimas se caracterizaron por haberse manifestado abiertamente en contra del Corredor Interoceánico, reiteraron los denunciantes.
“El 92 por ciento de las victimas defensoras pertenecen a algún pueblo indígena; en ese marco, los pueblos Mixe (Ayuujk) y Zapoteco (Binnizá) fueron quienes tuvieron que enfrentar un mayor número de agresiones en su contra”, precisó la MCA, que este día presentó los resultados de un informe elaborado tras un recorrido por las zonas en conflicto.
“Es importante visibilizar la existencia de agresiones e impactos diferenciados en contra de defensoras indígenas, quienes han enfrentado ataques de intimidación, amenazas y agresiones fisicas basados en roles y estereotipos de género y con cargas de sexualidad”, agregaron los defensores a través de una misiva.
Denuncian participación del Estado
La MCO confirmó, también, que en los ataques documentados participaron agentes del Estado.
En ese sentido agregó que en 94 agresiones, incluidas dentro de los 72 ataques, se tuvo la participación “protagónica” del Ejército, la Marina y Guardia Nacional en los territorios indígenas del Istmo, lo que “propicia un clima hostil y de intimidación, lo cual ha generado una violación sistemática a los derechos fundamentales contra las comunidades y pueblos que habitan”.
Condenó: “Frente a diversas acciones que las comunidades y personas defensoras han llevado a cabo para proteger sus propiedades, territorios y formas de vida, el Estado mexicano ha desplegado una serie de actos que afectan su integridad física y emocional, su libertad y territorio”.
Entre los agravios con mayor reiteración se encuentran violaciones a la libre determinación y consentimiento, pues “las consultas realizadas en el Istmo, no respetaron los estándares internacionales en la materia ni los derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados”.
También se documentaron despojos de tierras ejidales con violencia vinculada a las dinámicas de especulación inmobiliaria y destrucción de tierras de siembra.
“También se conoció de la intervención del Estado limitando el derecho de control de los pueblos indigenas sobre su territorio.
Además, se documentaron detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y Agencia Estatal de Investigaciones, las autoridades irrumpieron en los domicilios, emplearon un uso excesivo de la fuerza pública y no señalaron las razones de las detenciones (se desconoce su existió una orden legal de aprehensión para ejecutar las detenciones)”.
La MCO señaló que la labor de las personas defensoras y el ejercicio de su derecho a la protesta fueron detonantes para ser sujetas de agresiones de todo tipo, incluyendo agresiones letales, ejercidas por las autoridades o particulares, por otro lado, las personas que cuentan con medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han sido defectuosas y no funcionan adecuadamente.
Algunas de las organizaciones que conformaron la Misión son Unión de Comunidades Indigenas de la Zona Norte del istmo (UCIZONI), Corriente del Pueblo Sol Rojo, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca, Brigadas Internacionales de Humanos Miguel Agustín Pro Paz (PBI) y Centro de Derechos Juárez, A.C.