Oaxaca.- Integrantes de la Unión de Pueblos por la Justicia Social tomaron este día las instalaciones de los juzgados federales localizados en San Bartolo Coyotepec, en los Valles Centrales de Oaxaca; en Salina Cruz, en la región del Istmo y la comandancia de la policía estatal en Pinotepa Nacional en la región de la Costa.
De esa manera, la agrupación continuó con su jornada de protestas en demanda de la liberación del indígena Julián Ramírez González, fundador del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP).
La Unión de pueblos por la justicia reiteró la acusación contra el juez federal Rodolfo Sánchez Zepeda, al que señaló de haber fabricado el delito de robo de vehículo en contra de Julián Ramírez por el hecho de pertenecer a la etnia triqui.
Ante ello los inconformes recriminaron que el representante del Poder Judicial se niega a permitirle al imputado recuperar su libertad bajo caución, con el argumento de que es un riesgo para la sociedad.
Asimismo, la agrupación advirtió que continuará con sus movilizaciones en Oaxaca e incluso amagó con trasladarse a la Ciudad de México e instalar un campamento en la Suprema Corte de Justicia.
La organización sostuvo que la víctima, Julián Ramírez González, fue detenido en marzo de 2022, acusado de haber robado un vehículo de Telecom, y durante seis meses permaneció preso sin que el juez federal dictara en su contra un auto de vinculación a proceso, en pleno desacato a la Constitución Mexicana y al marco jurídico internacional, que estipulan que la situación jurídica de un detenido debe quedar esclarecida en no más de seis días.
Por si lo anterior fuera poco, la CODEP denunció que a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el delito que se le atribuye al indígena no es grave, el juzgador determinó la medida cautelar de prisión preventiva, en otro atentado contra las garantías constitucionales y universales del hombre.
Ante ello, la defensa de Julián Ramírez promovió un proceso de apelación ante un Tribunal Colegiado, que ordenó la reposición del proceso al constatar que habían habido violaciones a las normas federales.
En respuesta a ello, agregó el CODEP, el juez Rodolfo Sánchez programó una nueva audiencia de vinculación para el primero de julio de 2024, donde sin escuchar a la defensa -añade la denuncia-emitió nuevamente auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.
