Oaxaca. Como un “arcoíris” que “se ve muy bonito”, pero “que se desvanece”, calificó el abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago, la reforma a la Ley de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, avalada hace ocho días por el Congreso de la Unión y cuyo decreto fue firmado ayer por el ahora ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus últimos actos como mandatario.
En entrevista, el especialista criticó que la normativa menciona múltiples derechos, pero no presenta alternativas para materializarlos, pues, en el mejor de los casos, remite a leyes ya existentes en materia de justicia, educación, salud, justicia, tecnología e incluso propiedad intelectual, lo que podría convertir a aquella reforma en un acto de “gatopardismo”.
Sin embargo, para el docente en Derecho, no todo está acabado, pues existe la posibilidad de que el movimiento indígena pueda organizarse y exigir y hacer presión para que los derechos de los que habla la reforma al Artículo Dos constitucional sean cumplidos, incluso a través de juicios de amparo, y no queden como normas de “vitrina”.
“Parece un arcoíris de derechos y que se ve muy bonito; cualquier persona que la pueda leer o ver y analizar es un arcoíris de derechos, pero si nos vamos al análisis este artículo nos otorga derechos, pero también nos limita porque nos remite a leyes que ya están vigentes o no nos dice la forma de cómo podemos exigir esos derechos”, sostuvo.
“Es un arcoíris y un arcoíris es fantasioso”, reiteró.
“Detectamos que dice ahí el tema de educación, el tema de la propiedad intelectual, (y) nos remite: ‘Se regulará por las leyes que ya existen en la materia’”, explicó.
“Como que es un poco engañosa al respecto”, dijo, al hacer mención de otro ejemplo, que tiene que ver sobre el derecho de los pueblos indígenas y afroamericanos a tener acceso a internet de banda ancha cuando, en la actualidad, existen pueblos que no cuentan siquiera con acceso a energía eléctrica.
Lo mismo sucede en materia de propiedad intelectual, que se legisló con el objetivo de evitar mayores plagios de componentes de la cultura mexicana por parte de empresas nacionales e internacionales, que hurtan distintivos, como ropa y artesanías, para luego comercializarlas como si se tratara de una idea original.
En este caso, la reforma plantea que las comunidades que se sientan agraviadas recurran a instancias como el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
“No debe de tener candados, no deben de limitarse sino deben abrirse todas las puertas para que puedan ser exigibles y no pueden ser derechos de vitrina o de mostrador, que nada más los vemos pero no podemos acceder…
“Deben de haber las formas, las puertas, para poder exigir esos derechos. Yo no las veo, no veo esas puertas, no veo esas ventanas para acceder a esos derechos”, apuntó Santiago Reyes.
En el tema de procuración de justicia, resaltó, las modificaciones avaladas y firmadas por el ex presidente establecen que las y los indígenas que sean procesados por cualquier delito deben contar con un intérprete, cuando las entidades de gobierno carecen de personal especializado en ello.
“En el derecho a la propiedad intelectual, nos remite a las leyes, pero esas leyes ya están hechas con anterioridad. Necesitarían reformarse esas leyes generales, federales y estatales, necesitarían reformarse para que, efectivamente, existan los accesos y la posibilidad a esos derechos.
“Habla de que los pueblos y comunidades indígenas tendrían el derecho a tener internet en banda ancha; yo he visto comunidades que no tienen a veces ni luz. ¿Cómo podrían acceder a esos derechos?”, cuestionó.
A pesar de lo anterior, indicó que la reforma promovida por el gobierno que encabezó López Obrador puede ser una ventana, una posibilidad, para las comunidades, pues aunque en la actualidad no se explica cómo serán garantizados los derechos, éstos, al estar plasmados en la Carta Magna, ya son exigibles.
“Eso ya depende mucho de la organización, de la exigencia, de los pueblos indígenas.
“Como sociedad, tenemos que exigir esos derechos. Tenemos que organizarnos como pueblos indígenas para poder exigir esos derechos y que se cumplan y ¿cómo lo podemos exigir?, a lo mejor promoviendo los juicios de amparo… ese derecho está en la Constitución (y no hay acceso a él) pero lo voy a hacer valer con el recurso de amparo”, abundó.
