Los días pasan sin novedades de Sandra Domínguez, la activista de 38 años que exhibió la misoginia en el poder de Oaxaca, desaparecida el pasado 4 de octubre junto a su pareja. La noticia provocó estupor en todo México, porque muchos habían visto a la defensora de derechos humanos alzar la voz y denunciar a funcionarios públicos estatales y federales que aún continúan en sus puestos. Jesús Romero López, secretario de Gobierno de esa entidad —gobernada por Salomón Jara, de Morena— atiende por teléfono a EL PAÍS, promete transparencia en la investigación y afirma que el Ejecutivo oaxaqueño “no va a proteger a nadie”.
El secretario de Gobierno ha cambiado su tono respecto a la semana pasada, en la que defendió y desligó de la desaparición a uno de sus funcionarios, Donato Vargas, denunciado por la activista en 2020 y 2023. Ahora, Romero López explica que la Fiscalía ha incluido entre las hipótesis aquellas acusaciones que hizo Domínguez en los años previos: “Todas las líneas están abiertas, desde la investigación a cualquier servidor público estatal que pudiera ser señalado y que tendrá que comprobar que no tiene nada que ver en este asunto, como las actividades de su esposo o las actividades de ella, en su despacho como abogada particular y como activista”.
Domínguez desapareció de su casa en María Lombardo de Caso, en el municipio de San Juan Cotzocón, junto a su pareja, Alexander Hernández, sin dejar rastro. La camioneta que usaban regularmente apareció seis días después, a 68 kilómetros, en Playa Vicente, Estado de Veracruz. Los teléfonos, de acuerdo con Romero López, tuvieron actividad en la entidad vecina, y dice —aunque sin dar fechas concretas— que la última conexión que registra el aparato de él es en Nuevo San Martín, unas horas más tarde que la última conexión de ella, en Arroyo Zacate. Entre ambos puntos hay unos 45 kilómetros de distancia. Desde entonces ninguno de los celulares tuvieron actividad.
La semana pasada, Romero López salió a desmentir en conferencia de prensa que Vargas estuviera vinculado a la desaparición de la activista y aseguró que había dos líneas de investigación, ninguna que involucrara al coordinador de Delegados de Paz. “Ese día, recién se había denunciado la desaparición”, justifica el secretario de Gobierno este martes, “hoy hay más líneas derivado a que la Fiscalía tiene nuevos datos”. Tras la denuncia de la familia, la Comisión de Búsqueda se acercó a María Lombardo y comenzó a hacer entrevistas a los vecinos. A partir de lo recolectado, funcionarios del Gobierno de Oaxaca explicaron a este diario que abrieron cuatro líneas de investigación: una por su activismo, otra por su trabajo como abogada particular, una tercera por actividades que realizó su pareja, y una cuarta, que se activa “cada vez que desaparece una mujer”, hace referencia a una posible situación de violencia de género.
Romero López se detiene en los comentarios que recibieron los investigadores en el campo sobre la pareja de Domínguez. “No busco criminalizar con esto a nadie, pero sí forma parte de una línea de investigación que la Fiscalía tiene en su poder”, se defiende antes de dar mayores detalles. “Circula en redes sociales, y se está verificando la información, un video donde esta persona agrede a una mujer y le dispara a una persona integrante de la comunidad lésbico gay, que atendía un bar en María Lombardo”, comenta. Especifica que se trató de dos balazos, pero que la persona está bien. Y luego insiste en que varios vecinos de la zona declararon que el novio de Domínguez “se identificaba y hablaba a nombre de un grupo delictivo”.
La familia denunció la desaparición cuatro días después de que la muchacha dejara de contestar los mensajes. Una fuente cercana a ellos, que prefiere guardar el anonimato, explica que intentaron presentarla en la Fiscalía en ciudad de Oaxaca, pero no les dejaron y les obligaron a ir hasta María Lombardo de Caso. El secretario de Gobierno dice que es algo que le llama mucho la atención y que la Fiscalía va a investigar. “Queremos saber si es por el temor de la familia, si hubo alguna amenaza, o alguna violencia que se pudiera generar en contra de ellos”, menciona. “Puede ser también una omisión del ministerio público, pero eso tendría que explicarlo el fiscal”.
EL PAÍS
