Oaxaca. Es altamente probable que el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales sobre todo en territorios clave para sus operaciones, alertó la organización México Evalúa, ante las elecciones del primero de junio.
La agrupación llamó a las autoridades estatales y federales a implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos de violencia político criminal en el próximo proceso electoral judicial.
México Evalúa consideró cuatro factores principales que determinan el nivel de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales de 2025 a nivel estatal: primero, las disputas violentas por el control de los territorios locales. “Mientras más disputas existan, mayor probabilidad de captura electoral. En zonas bajo una hegemonía criminal establecida resulta menos probable la violencia político criminal porque no es necesaria. La hegemonía criminal requiere otro tratamiento”.
A ello se suma la explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales: “La captura del poder judicial puede completar el circuito de impunidad para la explotación de mercados ilícitos”.
Asimismo, la alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones: “Dicho fenómeno muestra que las instituciones políticas cuentan con bajas capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones. A menores capacidades, mayor probabilidad de intromisión.
Y finalmente, alta disponibilidad de opciones de captura, medida a través del porcentaje de cargos de personas juzgadoras y magistradas del fuero común que serán votadas en 2025. A mayor porcentaje mayor probabilidad de violencia.
México Evalúa indicó que bajo esta óptica, ocho entidades registran un riesgo muy alto o alto: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima.
Siete entidades reportan un riesgo medio: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.
Únicamente cuatro entidades muestran un riesgo bajo: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
El ejercicio no tomó en cuenta a Oaxaca debido a que en esta entidad no se elegirán ni jueces ni magistrados locales, aunque el estado sí participará en la renovación del Poder Judicial federal.
Se dispara violencia política criminal
A los riesgos enumerados anteriormente, se suma que la violencia política se ha intensificado durante los últimos años.
De 2021 a 2024, cuando se llevaron a cabo los últimos comicios electorales, la violencia político criminal incrementó 270.6% en todas sus modalidades; y los asesinatos, en particular, 356%.
“Dentro de las víctimas pueden encontrarse autoridades electas, personas candidatas, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad pública, familiares de dichos actores, personas con influencia política y ataques armados a instalaciones gubernamentales”.
Agregó que ocho de cada diez (77.9%) de las agresiones registradas fueron en contra de actores municipales. “Este grupo ofrece mayores insumos a las organizaciones criminales para la explotación de las economías locales, incluyendo impunidad generalizada”.
Ante la premura de las acciones, México Evalúa propuso el diseño y ejecución de protocolos de seguridad hiperfocalizados a cargo de autoridades electorales, gobiernos, instituciones de seguridad federales y locales, y organizaciones de la sociedad civil.
“A nivel espacial. Las regiones con mayor riesgo son las que deben recibir protección prioritaria. Deben contemplarse zonas con disputas violentas por la explotación de mercados ilícitos.
“A nivel individual. Las candidaturas que puedan interferir con mayor frecuencia en los intereses del crimen organizado son las que deben recibir protección de manera prioritaria. Los jueces penales de primera instancia estatal son particularmente vulnerables.
“A nivel institucional. La protección debe estar a cargo de corporaciones policiales con el menor grado de captura por parte del crimen organizado, como la Guardia Nacional. También es indispensable dar seguimiento y que no queden impunes los casos de violencia contra personas candidatas a cargos jurisdiccionales y una vez que éstas asuman sus funciones”.
