Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá poner fin a la discusión sobre la Ley de la Industria Eléctrica, al analizar las controversias constitucionales presentadas por el gobierno de Colima y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Ambos proyectos fueron realizados por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propone considerar como infundadas las controversias, sosteniendo que la ley es válida.
Por un lado, la Cofece acusa que con la norma se vulnera su esfera de competencia, ya que modifica el orden de despacho de energía, al igual que se constituyen barreras para la libre competencia.
La comisión afirmó que la ley vulnera los principios constitucionales de competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación eléctrica, al igual que comercialización y suministro de la energía, por lo que se vulnera su autonomía.
Según la Cofece, con esta ley se alteran las reglas establecidas en 2014, que permitían a órganos estatales participar como reguladores, al igual que establecían una libre competencia para que los particulares participen en la generación y suministro de energía eléctrica.
Dentro del proyecto presentado por la ministra Ortiz Ahlf, se establece que la comisión argumentó que, con esta norma, se vulnera la autonomía del organismo, ya que no le permite ejercer su mandato constitucional.
La comisión estableció que se está “afectando gravemente la regularidad del ejercicio de sus atribuciones en quebranto del principio de división de poderes”.
Al respecto, la ministra expone que la controversia debería ser rechazada, ya que el organismo no está impugnando una norma que atente contra su autonomía, sino que la Cofece reclama que la ley va en contra de la libre competencia señalada en la Constitución.
Por este motivo, la ministra consideró que no puede ser aceptado el recurso de impugnación, ya que la comisión debió haber presentado una acción de inconstitucionalidad y no una controversia constitucional.
Por otro lado, el gobierno de Colima reclamó que la ley vulnera el derecho a un medio ambiente limpio, ya que impide el desarrollo de una política pública que impulse el uso de energías renovables y limpias.
El gobierno estatal también reclamó que la ley de la industria eléctrica va en contra del derecho a un medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de Colima.
Dentro del proyecto, reclama que la ley “impide que aquellos se beneficien de una industria de generación de electricidad local que abone a mejorar las condiciones medioambientales del estado”.
La ministra Ortiz Ahlf rechaza que estos argumentos sean válidos, ya que considera que, al sostener la entrega de Certificados de Energías Limpias (CEL), se sigue acreditando el uso de las fuentes renovables.
Dentro de su documento, la ministra de la Corte expone que “este mecanismo promueve la adquisición de energías limpias, lo cual es considerado como una medida para salvaguardar el medio ambiente”.
De igual manera, rechaza que se le estén quitando facultades al gobierno de Colima, ya que está establecido que el sector energético fue considerado como un área estratégica del Estado, con lo que se busca que éste ejerza la función reguladora de la industria eléctrica.
Estas controversias constitucionales se suman a la acción de inconstitucionalidad presentada por el bloque opositor en el Senado. Esta queja fue desestimada a falta de un voto a principios de este mes.
En días pasados, en el Senado, las bancadas del PAN, PRI y PRD presentaron un escrito ante la Suprema Corte para que Ortiz Ahlf no fuera parte de la discusión.
