La reforma al Poder Judicial violenta de forma explícita el anexo 23 del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
En un escrito que la organización entregó a las cámaras de Diputados y Senadores, los juzgadores recordaron que en este apartado se establece el requisito de que los tribunales en materia laboral sean libres e independientes. La asociación recordó que, producto del T-MEC, se presentó una reforma constitucional para dar cumplimiento a este requisito.
Sin embargo, la Jufed resaltó que la iniciativa que busca someter a elección popular a jueces, magistrados y ministros “violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC”.
“En el tratado se hace alusión a distintos compromisos en materia laboral, dentro de los que destaca que los países miembros ‘asegurarán que los tribunales que conduzcan o revisen estos procedimientos sean imparciales e independientes’”, destacó la organización.
Además, la asociación insistió en que también se ven afectados los capítulos 14 y 27, que hablan sobre inversiones y política anticorrupción, ya que esto obliga al país a mantener tribunales independientes en todas las materias.
“El cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no sólo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros”, aseveró.
En este documento, con el que jueces y magistrados insistieron en su llamado a todas las fuerzas políticas a buscar un consenso, la Jufed destacó que es esencial realizar cambios a la reforma como está planteada. “Es innegable que la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al Estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial”.
Por el contrario, la asociación argumentó que esta reforma “amenazaría la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá”.
Y aseguró que esto también podría poner en riesgo otros instrumentos de los que México es parte.
“Un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales”, destacó.
