Este lunes 8 de mayo los ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverán las impugnaciones a la primera parte del Plan B, pese a la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que el tema se aplazara y se resolvieran primero las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018, relacionadas con la misma norma.
Así lo dieron a conocer el pasado jueves en sesión privada de este jueves al señalar que el tema de los proyectos que se resolverán este lunes se planteó como un asunto netamente electoral, y por tanto la SCJN tiene la obligación, en su ley reglamentaria, de resolverlos en un plazo fijo, antes de que inicie el periodo electoral.
Y es que en la víspera, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) emitió un comunicado donde informó que había solicitado a la SCJN que, con base en el orden de prelación y por seguridad jurídica, se votaran primero las impugnaciones pendientes a la LGCS de 2018, y luego las de las reformas a esta norma expedidas en diciembre del año pasado, que tienen contenido electoral.
Se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018, todas ellas asignadas originalmente al ministro Fernando Franco González Salas quien, al cumplir su periodo constitucional en el cargo el año pasado, “heredó” estos asuntos a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien presentó los proyectos de resolución desde enero de 2020, sin embargo, luego ella misma los retiró al considerar que debido a las últimas reformas a la LGCS había un nuevo actos legislativo y se debía elaborar un nuevo proyecto por sobreseer.
Así las cosas, este lunes 8 de mayo deberán resolverse los proyectos del ministro Pérez Dayán sobre las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, contra las reformas a la LGCS y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 27 de diciembre del año pasado.
Los proyectos publicados proponen invalidar ambas reformas, por considerar que para su votación el Congreso de la Unión incurrió en varias violaciones al proceso legislativo.
