Activistas de la organización internacional Greenpeace, junto con otros colectivos, se encadenaron este lunes simbólicamente a la maquinaria que se utiliza para construir en el selvático tramo 5 del Tren Maya, a la altura de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano. 28 de marzo 2022.
A fin de continuar con la construcción del tramo 5 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la expropiación inmediata de 8 terrenos privados en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, en Quintana Roo, que tienen una extensión de poco más de 165 mil metros cuadrados.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), argumentó que la “ocupación temporal inmediata” de los inmuebles obedece a la necesidad de no generar pérdidas innecesarias al erario por dilaciones en el proceso expropiatorio.
“Derivado de la importancia que representa el proyecto Tren Maya y a efecto de evitar pérdidas económicas innecesarias al erario público, es procedente decretar la ocupación temporal inmediata de dichos polígonos.
“Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debe proceder al pago de la indenmización a quien corresponda en términos de la normativa vigente”, expuso la depedencia federal.
La Sedatu señaló que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que fue publicado el 12 de julio de 2019, se establecen los programas y proyectos que constituyen las prioridades de atención estratégica a problemas públicos identificados, entre ellos, el Tren Maya.
El pasado 18 de julio, Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catalogaron la obra como de seguridad nacional por lo que los trabajos en el tramo 5, que corre de Tulum a Playa de Carmen, se reiniciarían pese a tener una orden judicial que impide los trabajos por carecer de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
De acuerdo con el funcionario, el reinicio de las obras se amparan bajo el decreto presidencial emitido a finales del año pasado, con el cual todas las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal son catalogadas de seguridad nacional.
Con ello, las dependencias deben agilizar los permisos para que dichas construcciones se ejecuten, sin necesidad de esperar los tiempos burocráticos.
