En medio de una gran expectación de público y prensa, los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson iniciaron la sesión, que concluirá el miércoles, escuchando los argumentos de la defensa del australiano de 52 años.
Assange no pudo asistir personalmente a la vista, pese a que el tribunal lo autorizó, al no encontrarse bien, dijo su abogado, Ed Fitzgerald.
La fiscalía británica representará a la justicia estadounidense, que reclama al fundador de WikiLeaks por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que en 2010 y 2011 expuso violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos en Irak y Afganistán.
La sesión fue interrumpida al poco de empezar por problemas técnicos que impedían a los periodistas oír lo que sucedía en la sala y fueron solucionados parcialmente.
Fitzgerald comenzó su alegato enumerando las razones por las que su cliente no debe ser extraditado, al considerar que si es entregado a Estados Unidos se violarán sus derechos a un juicio justo y a la libertad de expresión, entre otros.
“La acusación tiene motivaciones políticas. Assange expuso una criminalidad grave. Está siendo procesado por realizar una práctica periodística ordinaria, de obtener y publicar información clasificada, información que es a la vez verdadera y de evidente e importante interés público”, adujo.
A petición de la defensa del programador informático, los dos jueces revisarán, el martes y el miércoles, la decisión tomada el 6 de junio de 2023 por un único magistrado, Jonathan Swift, que le denegó el permiso de seguir llevando su caso en este país y dio por buena la orden de extradición a Estados Unidos.
Tras escuchar a las partes, los magistrados podrían dictar su fallo de inmediato o posponerlo.
Si al final le autorizan a recurrir los aspectos de su caso que la defensa no llegó a abordar en juicios anteriores, se iniciaría un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación londinense.
Si, en cambio, coinciden con Swift en prohibírselo, se activaría el mecanismo de entrega a Estados Unidos, supervisado por el Ministerio británico del Interior.
En el segundo supuesto, sus abogados ya han dicho que solicitarán inmediatamente medidas cautelares de urgencia al Tribunal Europeo de Recursos Humanos (TEDH), en virtud del artículo 39 de su reglamento, para detener la extradición, mientras elevan un recurso ante la corte europea.
