La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, fue un crimen de estado, donde participaron integrantes del gobierno de Guerrero, el Federal, la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina fue lo que afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Tras calificar como una reunión difícil y dolorosa la que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de los jóvenes desaparecidos este jueves, el funcionario afirmó que se entregaron datos con una verdad donde destacó que no existen indicios que los 43 permanezcan con vida, lo que dijo es una triste realidad.
“Que al filo de las de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014 con los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes, se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Insistió que se constituyó que hubo un crimen de Estado donde participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano y del estado, lo que se obtuvo después del análisis de 87 millones de registros y expedientes que permitieron depurar una base de 84 mil registros, además de dar seguimiento a una red de comunicaciones telefónicas.
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato del Estado del poder, desde el más alto nivel de gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes, en resumen se trató de un crimen de Estado”.
Destacó que de acuerdo a la investigación los estudiantes nunca estuvieron juntos en el basurero de Cocula, y habrían sido asesinados en diferentes locaciones, sin que se tenga aún indicios de su localización. Encinas Rodríguez confirmó la reunión en febrero en Tel Aviv, Israel, con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, a quien se le ofreció un criterio de oportunidad, que no aceptó, a cambio de brindar información sobre el caso.
“Establecimos contacto con los abogados de Tomás Zerón de Lucio que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó, sin embargo hemos mantenido comunicación con sus abogados para esperamos pronto pueda avanzar un acuerdo de colaboración, no esperar al proceso de extradición y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos que se le acusan y en caso de colaboración eficaz obtener algún beneficio”.
Sin embargo, no detalló cuáles serían esos beneficios. El subsecretario aclaró que aunque existen investigaciones contra diversos ex funcionarios, sin llegar al ex presidente Enrique Peña Nieto e insistió hubo negligencia por parte de autoridades federales del más alto nivel que “en todo momento” junto a estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes debido a la participación al soldado infiltrado Julio César López Patolzin.
“Este soldado, López Patolzin estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías Barbosa y su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus altos mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin sino a todos los estudiantes”.
Al señalar que se han logrado reconstruir llamadas y contactos telefónicos, posteriores a la desaparición que abrirán nuevas líneas de investigación, también refirió que a pesar que se avanza en el término del pacto de silencio ha habido testigos que ya murieron tras la desaparición.
“Hemos logrado establecer comunicación y retomar testimonios de 115 personas, tres de ellos perpetradores liberados, 4 de ellos personas puestas en libertad por tortura, 15 de ellos privados de la libertad, 23 estudiantes sobrevivientes, 11 ex funcionarios y 59 testigos, lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información”.
De ellos dijo habían integrantes de Guerreros Unidos, familiares de estos, activistas, ex funcionarios entre otros. En dicho escenario enfatizó continuará la investigación de lo ocurrido y la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, castigando además a los responsables.
