El Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Oaxaca son los responsables de la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Así lo determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del caso de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez, detenidos en la ciudad de Oaxaca en mayo del año 2007.
La Corte analizó ayer el caso y resolvió en definitiva el proyecto que presentó la magistrada Margarita Ríos Farjat.
La Primera Sala de la SCJN confirmó, por tres votos contra uno, la sentencia dictada en mayo de 2019 por una jueza federal, que declaró responsables a las autoridades mencionadas por desaparición forzada, privación de la libertad, ocultamiento de información sobre el paradero de los detenidos, y violaciones múltiples a los derechos humanos.
Por lo tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que colaborar para que se esclarezca el paradero de ambas personas y publicar un extracto de la sentencia avalada ayer, como parte de las medidas de reparación a las víctimas.
De la misma manera, la Corte ordenó crear, a más tardar en 30 días, un Grupo Interinstitucional para aclarar el paradero de ambos desaparecidos, que encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con participación de la Secretaría de Gobernación, Sedena, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR y la Policía Federal Ministerial.
También, la Sedena, por conducto de todos los integrantes del Ejército Mexicano, prestará las facilidades necesarias a la Fiscalía, así como a cualquier autoridad que tenga la encomienda de dar con el paradero de los quejosos, a fin de que se investigue la desaparición forzada, como permitir la entrada a cualquier instalación militar para buscar a los quejosos, agrega el fallo presentado por la Ministra Margarita Ríos Farjat.
También se ordenó a Sedena informar quiénes eran los mandos a cargo del operativo realizado en mayo de 2007 en Oaxaca, para que declaren ante la FGR, que desde hace 15 años integra una averiguación por este caso.
Desde el año 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había emitido una recomendación al gobierno federal, y a los gobiernos estatal y municipal de Oaxaca, para presentar con vida a los desaparecidos, o en su defecto, para aclarar qué pasó con ellos.
(Con información de agencias)
