Llamados de atención y rectificaciones. La consulta sobre la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador es inminente y el proceso electoral que desembocará en la votación del 10 de abril ha estado hasta ahora salpicado de incidentes e infracciones que suelen enmarcarse en el desarrollo de una campaña. El tono de la confrontación habitual entre el Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE), de hecho, bajó de intensidad después de las profundas tensiones previas a la convocatoria. Sin embargo, cuando faltan menos de 20 días para el referéndum, las aguas vuelven a agitarse por el pulso sobre los límites de la propaganda en medio del período de veda que empezó a principios de febrero.
Mientras el mandatario, que ha hecho de esta consulta una apuesta personal, encabezaba el lunes la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sin pronunciar un discurso precisamente para no saltarse la prohibición de difundir los logros del Ejecutivo, la autoridad electoral le aplicaba una medida cautelar. El organismo ordenó a Presidencia retirar publicaciones en las redes sociales de los pasados días 7, 14, 15 17 de marzo por advertir en ellas una promoción del “sistema de seguridad, de obra pública, estímulos fiscales e inversiones públicas”. Durante la apertura del aeropuerto, una de las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación, López Obrador cedió el atril, entre otros, a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella también ha sido amonestada por el Instituto Electoral este martes. No es la primera vez. “Hoy recibí un nuevo oficio del INE obligando a eliminar publicaciones en redes sociales que a su parecer son propaganda. Procedo a bajar de redes pero vamos a impugnar ya que consideramos que es parcial y excesivo. Una vez más”, ha señalado a través de su cuenta de Twitter.
La semana pasada la alcaldesa había sido una de las principales dirigentes oficialistas en celebrar una discutida decisión del Senado. Esto es, el aval a un decreto que permite a los servidores públicos pronunciarse sobre el voto. “Ahora si podemos hablar de lo que nos habían prohibido. A participar en el ejercicio de democracia participativa el 10 de abril”, resaltó. Desde Morena llevan meses acusando al INE de un intento de boicotear la consulta pese a que la mayoría parlamentaria del partido que sostiene al Gobierno impuso un importante recorte presupuestario a ese organismo, lo que le dejó con un déficit de 2.300 millones de pesos para organizar la votación.
Con esos recursos se instalarán finalmente unas 57.000 casillas, un 35% de las que estaban contempladas inicialmente. La decisión está respaldada por la justicia, pero la mayoría de los dirigentes del obradorismo la rechazan y reclaman intervenir en la campaña para llamar al voto. Una encuesta de SIMO Consulting realizada para EL PAÍS entre el 8 y el 12 de marzo indica que el 92% “estaba enterado” de que este año se celebra la consulta y un 74% se pronuncia a favor de que el mandatario agote el sexenio. Las dudas, sin embargo, no tienen que ver con un triunfo anunciado del presidente sino con la participación, sobre todo a la vista de que en el referéndum del pasado verano que abría la puerta a enjuiciar a los expresidentes apenas el 7,1% de los electores acudieron a las urnas. Para que el resultado sea vinculante, López Obrador debe lograr también una participación del 40% del censo.
Uno de los argumento del decreto es que no constituye propaganda gubernamental la información de interés público. No obstante, el asunto no es tan sencillo. Tanto el presidente del INE, Lorenzo Córdova, como otros consejeros, por ejemplo, Ciro Murayama, han señalado que las reglas del juego no pueden cambiarse cuando el partido ya ha comenzado. Es decir, si se cambian las condiciones de una campaña electoral estas serán válidas, pero aplicarán en el próximo ejercicio. También el Tribunal Electoral de la federación considera que, pese a la aprobación del decreto, no puede aplicarse para esta consulta porque violaría la Constitución. El artículo 105 establece, a este respecto, que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Con todo, hay legisladores de Morena especialmente que no están dispuestos a ceder. El senador César Cravioto, responsable de la tramitación parlamentaria de la ley sobre la consulta, sostuvo que el propósito de la iniciativa es que “el INE y el Tribunal Electoral interpreten la ley cómo el legislativo la aprobó”. “¿Por qué? Porque llevamos poco más de un mes en que el INE sistemáticamente ha estado prohibiendo que demos nuestra opinión al respecto. Y cuando hemos pedido que sea piso parejo, hoy mismo hay una campaña en medios, radio y televisión, donde le pegan al presidente de la República y el INE no dice nada”, mantuvo llegando a calificar de “absurdo” este proceso electoral.
En realidad, el mismo Instituto Electoral ha organizado tres foros de debate que tienen como objetivo dar a conocer las posiciones a favor y en contra de la pregunta sobre la revocación de mandato del presidente. Pero ellos no participan los actores interesados. En palabras de Rubén Álvarez, coordinador nacional de Comunicación del INE, “en el caso de los foros es diferente porque quienes participan no son candidatos, son ciudadanos y ciudadanas que se ubican en este espectro a favor de la revocación de mandato por pérdida de confianza o en contra de la revocación de mandato por la misma razón”.
