Oaxaca. Activistas y familiares de los maestros indígenas Juan Pablo Morelos y Gabriel Centeno solicitaron la intervención del Consejo de la Judicatura Federal para vigilar el actuar de los magistrados federales que resolverán en Oaxaca el juicio de amparo interpuesto por la defensa de ambos activistas de San José Independencia, en la región de la Cuenca del Papaloapan, quienes desde hace cuatro años permanecen en prisión tras haber sido sentenciados a 32 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.
Diversas organizaciones denunciaron que ambos profesores fueron sentenciados por un juez del fueron común, luego de que caciques de la comunidad en contubernio con autoridades estatales comenzaron una persecución contra ambos ciudadanos, debido a que encabezan a un grupo opositor que demandaba un cambio de poder.
Los defensores y defensoras, además de pedir la vigilancia del CJF, pidieron la instalación de una mesa de diálogo.
De acuerdo con la denuncia de los activistas, los asesores jurídicos de ambos docentes presentaron pruebas suficientes para demostrar la inocencia de los inculpados e incluso, que su detención fue realizada de manera ilegal; no obstante, el juzgador local las desestimó.
Ante el miedo de que el Primer Tribunal Colegiado falle en contra de los presos y docentes, un grupo de activistas se presentaron esta tarde en sede del Consejo de la Judicatura para intervenir en el caso de Oaxaca.
Ambos fueron detenidos el 17 de marzo de 2021 en la isla Buenos Aires, de San José Independencia.
“Estamos demandando del Poder Judicial, particularmente del Consejo de la Judicatura, intervenga para que lo que ha ocurrido en este caso, la confabulación del Poder Judicial en este caso estatal, el gobierno estatal y los diferentes grupos de caciques regionales termine.
“Que hoy, la justicia, las leyes federales, las leyes que protegen a todos los ciudadanos de este país, que verdaderamente haya justicia”, indicaron.
Los inconformes demandaron al CJF que el amparo se resuelva a favor de los activistas y maestros, al argumentar que no hay evidencias en su contra más que testimonios falsos.
“Se les acusa de múltiples crímenes. Las defensas jurídicas han demostrado que son mentira. Se les acusa de distintos crímenes y la verdad, lo que de ha hecho es por un lado criminalizar y por el otro aplicar el derecho penal para considerarlos como enemigos internos a los que hay que combatir y hay que mantener presos.
“Nos sumamos a la exigencia de que se abran estas mesas de diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal para garantizar que con la reforma a la elección de los nuevos jueces no se entorpezcan los procesos que envuelven a nuestros compañeros y en los que se ha comprobado de manera sistemática y constante, que la justicia en México tienen carácter de clase… discrimina por razón de raza, discrimina por razón del origen de clase, lo que hace que nuestros compañeros permanezcan encarcelados”, abundaron.
Las organizaciones presentes fueron el Observatorio Memoria y Libertad, las Mujeres Mazatecas por la Libertad, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
