El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) presentará una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones del plan B electoral por considerar que violan tanto el principio de acceso a la información pública, como la protección de datos personales.
De acuerdo con el director de asuntos jurídicos del INAI, Gonzalo Sánchez de Tagle, la reforma a la ley general de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe) pone en peligro la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados porque en su artículo 28 Ter crea la figura de “flujo de información institucional” para la formación del sistema nacional electoral.
Este ordenamiento podría violar la garantía de protección de datos personales ya que toda la información institucional queda disponible para la consulta de los organizadores públicos y partidos, aún la que se ha catalogado como reservada o confidencial.
La reforma conocida como plan B también reformó el artículo 61 para modificar la ubicación de los módulos de atención ciudadana y esto conlleva el “riesgo potencial de que no se cumplan con las medidas mínimas de protección para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos”, señaló el funcionario.
En sesión pública, el pleno del INAI acordó, con voto unánime de los comisionados Blanca Lilia Ibarra, Francisco Javier Acuña, Adrián Alcalá, Julieta del Río, Josefina Román Vergara, presentar la acción de inconstitucionalidad contra reformas y adiciones a la Legipe, la Ley general de partidos políticos, la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley general de medios de impugnación en materia electoral, publicados el 2 de marzo de 2023.
La impugnación también se basa en que el plan B reformó los artículos 331 y 333 de la Legipe que permite a mexicanos residentes en el extranjero solicitar su inscripción a la lista nominal del padrón electoral para votar presentando su pasaporte o matrícula consular. Esto, dijo el director de asuntos jurídicos, “pudiera poner en peligro los principios de integridad y unicidad del padrón y en consecuencia los datos personales ahí contenidos”.
Otra de las razones para la presentación del recurso legal contra los cambios a la ley impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se basa en que el artículo 18 de la Ley general de partidos políticos permite a un ciudadano que sepa que se le afilió sin su consentimiento a un partido solicitar la cancelación de su registro pero no castiga al partido por el indebido tratamiento de datos.
