La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que durante los 33 meses de la actual administración, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) se ha incrementado en 9.1 por ciento en términos reales.

    La dependencia dirigida por Manuel Bartlett especificó que, aún así, esta cifra se encuentra por debajo de la inflación acumulada de este periodo, que es de 11.41 por ciento.

    “De esta manera estamos cumpliendo con el compromiso presidencial de no aumentar las tarifas eléctricas por arriba de la inflación”, dijo.

     

    La DAC es el costo más alto que puede pagar un usuario doméstico cuando su consumo rebasa los límites de las tarifas de bajo consumo y deja de recibir subsidio.

     La pandemia provocó que muchas personas trabajaran o asistieran a clases desde casa, por lo que era normal que se consumiera más luz de lo normal, esto podría haber provocado que millones de hogares ‘perdieran’ su subsidio eléctrico y pasaran a formar parte del DAC.

    En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un acuerdo para que los usuarios de una tarifa doméstica subsidiada se mantengan así durante la contingencia sanitaria.

    Ningún usuario fue reclasificado a la tarifa DAC en los últimos 15 meses, por el contrario, con el acuerdo, más de 252 mil 435 usuarios que facturaban en esa tarifa previo al inicio de la pandemia se desclasificaron de alto consumo y reciben nuevamente subsidio por parte del Gobierno federal”, apuntó CFE.

    La dependencia afirmó que gracias a esta medida se evitó reclasificar a más de 5.5 millones de usuarios domésticos en tarifa DAC, que desde abril de 2020 han consumido por arriba del límite de alto consumo.

    “Esta medida ha representado un costo para la CFE de 13 mil 261 millones de pesos, un esfuerzo financiero en favor de los usuarios mexicanos”, subrayó.

    Al cierre del mes de junio, la CFE tiene más de 46.2 millones de usuarios, de los cuales únicamente 210 mil 352 usuarios se facturan en tarifa DAC, esto representa el 0.4 por ciento del total de usuarios en el país.

    En tanto, las tarifas domésticas de bajo consumo que se aplican al resto de los 41 millones de usuarios, únicamente se incrementan con base en la inflación nacional.

    Para el mes de agosto, la SHCP estableció que la tarifa del DAC para el Valle de México será de 120.90 pesos por cargo fijo mensual y 5.50 Kilovatios-hora (KWh) para la energía consumida, lo que representa incrementos anuales de 6.8 y 20.9 por ciento, respectivamente.

    La pandemia de COVID-19 exacerbó la pobreza en México en los últimos dos años. Así lo demuestran las cifras dadas a conocer este miércoles por el Coneval. En el periodo de 2018 a 2020 hubo un  aumento de 2 puntos porcentuales en la población con menos recursos, según estos datos.

    De 2018 a 2020, la población en condiciones de pobreza en México aumentó 3.8 millones de personas al pasar de 51.9 millones a 55.7 millones, un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto a hace dos años. Es decir, la población mexicana que vive en esta situación aumentó de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento.

    Las cifras, dadas a conocer por José Nabor Cruz Marcelo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reflejan, además, el efecto de la pandemia: la pobreza extrema pasó de 8.7 millones a 10.8 millones de personas; 2.1 millones de personas más. Esto representa un incremento de 7 por ciento a 8.5 por ciento en el mismo periodo.

    El titular del Coneval comentó que las circunstancias de la pandemia de COVID-19 plantearon un reto mayor al normal, lo que se ve reflejado en las nuevas cifras.

    La carencia que tiene mayor crecimiento es la del acceso a los servicios de salud: pasó de 20.1 millones a 35.7 millones de personas que no tienen acceso a lo mínimo en ese rubro.

    Rogelio Ramírez de la O es oficialmente el nuevo secretario de Hacienda de México.

    Entre críticas de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados avaló este martes el nombramiento del funcionario con 319 votos a favor, 53 en contra y 0 abstenciones.

    Las bancadas del PAN y el PRD votaron en contra argumentando el mal manejo económico que ha hecho el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia, así como por el escaso crecimiento del PIB del país.

    Asimismo, la oposición acusó al mandatario federal de haber violado la autonomía del Banco de México al proponer de manera anticipada como gobernador de la institución a su extitular de Hacienda, Arturo Herrera.

    “El Grupo Parlamentario del PRD expresa su voto en contra del dictamen. La razón de este posicionamiento no se encuentra en la ausencia de requisitos legales. Los motivos es el rechazo a la desastrosa política económica y hacendaria de esta administración”, señaló Antonio Ortega, ante abucheos de la bancada morenista.

    “Nos resulta difícil creer que el nuevo secretario será el agente de cambio en lo que resta del sexenio. El país se les fue de las manos”, aseveró el panista José Rigoberto Mares.

    Morena y sus aliados, por su parte, defendieron el nombramiento del funcionario asegurando que mantendrá una política fiscal austera y mantendrá la estabilidad financiera del país.

    “No dejemos solo a nuestro presidente”, dijo Jorge Arturo Argüelles, del PES.

    “Nunca más neoliberalismo en México”, aseveró el morenista Javier Hidalgo.

    En tanto, previo a ser ratificado en el cargo, Ramírez de la O adelantó, en su comparecencia frente a diputados, que el Paquete Económico de 2022 que presentará el Ejecutivo a la consideración del Congreso el próximo 8 de septiembre tendrá espacio para ajustar el marco tributario y será equilibrado y responsable con una “profunda dimensión social”.

    Al tiempo que, enfatizó, mantendrá la política de austeridad y de contención de la deuda y, no propondrá nuevos impuestos ni elevación de los existentes.

    “El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos, estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad”, recalcó.

    Cualquier expendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, que no respete los precios máximos establecidos perderá el permiso por parte de la Comisión Reguladora De Energía (CRE), advirtió Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría del Consumidor (Profeco)

    "Lo que queremos es monitorear y sancionar a quienes vendan por arriba de este precio máximo, los precios varían mucho porque la distribución también varía mucho", dijo el fallido candidato morenista a la presidencia municipal de León, Guanajuato. 

     

    Durante la tradicional conferencia matutina del Presidente López Obrador, en esta ocasión desde Puerto Vallarta, Jalisco, el titular de la Profeco recordó que el 28 de julio se publicó la regulación de precios máximos del gas LP e indicó que ello no impide la competencia.

    "Más bien, logra una competencia justa, la Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país, luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos, que toman en cuenta no solo una utilidad justa, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene en cada una de las distribuidoras que hay en todo el país", aclaró Sheffield Padilla.

    El titular de la Profeco aseguró que se pondrá especial atención en los expendedores de gas LP en cilindros, pues es donde se han "presentado más abusos que afectan a las familias que menos tienen".

    "Vamos a estar muy atentos en la Profeco de cuidar que nadie se pase de rosca y respeten el precio máximo en cada una de las 145 regiones".

    Además, señaló que en una semana estará disponible una aplicación para consultar los precios, denunciar casos donde el consumidor estime que no está recibiendo kilos completos y constatar que los distribuidores respeten los precios máximos.

    Ricardo Sheffield Padilla fue nombrado nuevamente como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de que tuviera una licencia para competir por la presidencia municipal de León, Guanajuato, donde fue derrotado.

    El funcionario fue sustituido durante los meses del proceso electoral por Berenice Romero, quien se quedó como encargada de despacho.

    La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los distribuidores de gas que no respeten los precios máximos del gas LP perderán su permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

    “Estos precios máximos deben de respetarse porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindro que es donde se han presentado más abusos que afectan a la familia que menos tienen, va a perder el permiso”, señaló Ricardo Sheffield en conferencia matutina desde Puerto Vallarta, Jalisco.

    “La Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país, luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos, que toman en cuenta no sólo una utilidad bruta, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene cada una de las distribuidoras”, puntualizó.

    De acuerdo con la CRE, los precios que se manejarán en los 32 estados de la República podrán oscilar de acuerdo al municipio y región.

    Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde según el gobierno se han registrado los mayores incrementos, el costo por kilo del gas tendrá un precio máximo de 21.33 pesos. En el Estado de México el precio oscilará entre los 21.50 y los 21.33 pesos.

    Al respecto, ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó la nueva regulación que establece topes a los precios del gas licuado del petróleo (gas LP) y advirtió de efectos irreversibles para la economía.

    En un comunicado, dijo que el nuevo mecanismo pudiera provocar afectaciones irreversibles para la inversión y participación de nuevos actores, lo cual juega en contra de la urgente reactivación económica y la competitividad del país.

    Debido a la pandemia del Covid-19 el ingreso de los hogares mexicanos reportó un descenso de 5.8 por ciento en el 2020, respecto a 2018, luego de una caída de 4.2 por ciento en los dos años previos.

    De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi, el ingreso por hogar pasó de 17 mil 806 pesos al mes, en promedio en 2018 a 16 mil 770 pesos en 2020 y además se ubicó en su menor nivel desde 2014.

    El ingreso cayó en 90 por ciento de los hogares, con el mayor retroceso en el 10 por ciento de mayores recursos, con 9.2 por ciento, mientras que en el 10 por ciento más pobre se reportó un incremento de 1.3 por ciento.

    De acuerdo con las estadísticas de la ENIGH, los hogares más ricos registraron 16.4 veces más ingresos que los hogares más pobres durante el año pasado, con 54 mil 427 pesos al mes, contra 3 mil 313 pesos. En 2018 la relación fue de 18.34 veces.

    Por entidades federativas, aquellas que se están fuertemente ligadas al sector servicios registraron las mayores caídas, como Quintana Roo, con 23.7 por ciento; la Ciudad de México, con un descenso de 20.5 por ciento y Baja California Sur, con una disminución de 12.80 por ciento.

    Por escolaridad, se observó un descenso en los ingresos de la población con nivel de posgrado completo o incompleto, de 26 por ciento respecto al datos del 2018. Al otro extremo, los que tienen primaria completa registraron un alza de 15 por ciento.

    Entre el ámbito urbano y rural, la encuesta del Inegi reveló que en el urbano se tuvo una caída de 8 por ciento del ingreso, mientras que en el rural el ingreso subió 3.8 por ciento.


    El nuevo semáforo COVID-19 … la cura por decreto

    “En términos económicos el Inegi reportó una caída del PIB de 8.5 por ciento del año pasado y esto tuvo un impacto en distintas dimensiones, por ejemplo, en términos de ocupación y empleo tuvimos una disminución de la fuerza laboral, la población ocupada perdió 12 millones de personas en el periodo más crítico de la pandemia”, indicó Julio Santaella, presidente del Inegi en videoconferencia.

    Agregó que “estos fenómenos se ven reflejados directamente en los ingresos y en los gastos de los hogares, además la ENIGH nos muestra que en promedio hubo una disminución en los integrantes del hogar que perciben ingresos”.

    Mayor impacto en más ricos

    “La ENIGH 2020 muestra cambios que no se reducen a la pandemia. Hay una gran caída del ingreso laboral, más en los hogares ricos que en los de menos ingreso. Saber el efecto compensador de las transferencias gubernamentales ante esto requerirá examinar su distribución” señaló Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en su cuenta de Twitter.

    Luis Monroy-Gómez-Franco, economista por la UNAM y Colmex, señaló que “viendo los resultados agregados de la ENIGH, sospecho que vamos a ver una reducción en la población en pobreza extrema por lo que ocurrió en el ámbito rural, y un incremento en la población en situación de pobreza (por la catástrofe en el sector urbano)”.

    “Podemos observar que la desigualdad, medida a través del coeficiente de Gini, se redujo debido a la caída más pronunciada del 10 por ciento más rico. A pesar de que la desigualdad se redujo, es probable que la pobreza aumentó, ya que muchos hogares perdieron ingresos”, publicó Oxfam México en su cuenta de Twitter.

     

    Repunta 40.5% gasto en salud

    El gasto corriente total de los hogares fue por 13 mil 137 pesos al mes, lo que representó una caída de 9.7 por ciento respecto a la ENIGH del 2018. De dicho total, 9 mil 970 pesos fue gasto monetario, que reflejó una caída de 12.9 por ciento.

    La pandemia reconfiguró el gasto de las familias. Entre 2018 y 2020 se registró un repunte en el gasto en cuidados de la salud con 40.5 por ciento; fue el que más aumentó, seguido de alimentos diversos, con 21.1 por ciento, y comunicaciones, con 11.3 por ciento.

    En contraste, se desplomó 50.1 por ciento el gasto de los hogares en esparcimiento, y un 44.9 por ciento en los alimentos consumidos fuera del hogar. Otras bajas considerables se observaron en transporte público (43.1), educación (39.3), vestido (39.2) y combustible para vehículos (17.2).

    Durante 2020 México y el mundo enfrentaron una de las crisis económicas más fuertes en la historia moderna derivada de la pandemia Covid-19. Los hogares mexicanos resintieron de manera inédita la recesión: el ingreso promedio por vivienda pasó de 53,418 en 2018 a 50,309 pesos trimestrales en 2020, lo que implicó una caída de 5.8% por ciento. 

    En otras palabras, cada hogar en el país dejó de percibir 1,036 pesos cada mes durante el año de crisis más fuerte, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH). 

    Esta caída se dio principalmente por las bajas de empleos y la precarización en el mercado laboral; que representan el ingreso más importante de los hogares mexicanos; 6 de cada 10 pesos que entran a las casas son remuneraciones por trabajo. Estos ingresos cayeron 10.7% durante el 2020.

    La razón por la que los ingresos promedio de los hogares mexicanos no resintieron tanto esta caída fue porque en contraste, las transferencias directas (apoyos gubernamentales, préstamos de familiares o conocidos, remesas, etc.) aumentaron 8.3 por ciento. 

    Durante la presentación de los resultados de la ENIGH 2020, el titular del Inegi, Julio Santaella insistió en resaltar que dicho crecimiento en las transferencias no es suficiente para compensar la caída generalizada de los intensos laborales. 

    Por otra parte, se observa que las brechas en la distribución del ingreso persisten; a pesar de la crisis económica el decil X que concentra a la población más rica del país conserva más del 30% del ingreso corriente total. Mientras que el decil I, los más pobres apenas tienen el 2% de la riqueza de México.

    La operación del sistema nacional de pensiones vive ya “una tragedia”, y si no se atiende a tiempo “se va a matar una generación completa”, advirtieron especialistas.

     

    Héctor Villareal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estimó que se tiene que revisar cuál es el tope máximo de pensiones del sector público no fondeadas y hablar de un sistema nacional de pensiones y de una ley marco que rija al sistema completo.

     

    Advirtió que “a nivel fiscal lo que estamos viviendo con las pensiones ya es una tragedia y si no se arregla, no estamos hablando de efectos de uno o dos años, fiscalmente podemos matar a una generación completa”.

     

    En un foro de análisis del documento “Reforma al Sistema Universal de Pensiones”, en el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, expuso que “nosotros traemos proyecciones de que en 2024, el gasto federal en pensiones, incluyendo la no contributiva, puede pasar el 6.5 por ciento del PIB”.

     

    “Si nos vamos a otros compromisos, como el servicio de deuda, va a meter al sistema fiscal en una situación complicada y puede haber una serie de riesgos sistémicos, que terminen dañando al sistema fiscal completo y pongan en riesgo a la economía del país”, agregó.

     

    Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios “Espinosa Yglesias”, señaló que el problema de pensiones no sólo es de sostenibilidad, también de fragmentación, cobertura y desigualdad, por lo que llamó a generar ingresos recurrentes para financiar este tipo de gasto.

     

    “No podemos seguir queriendo financiar un gasto constante, como las pensiones, con ingresos extraordinarios, como el petróleo”, subrayó.

     

    Indicó que para 2025 será mayor la población dependiente que la no dependiente; además, hay problemas en la formación de capital humano y físico.

     

    “Se debe hacer un inventario de todos los sistemas de pensiones y hacer un cambio actuarial sobre cuánto es el pasivo que existe a nivel estatal. Nuestra propuesta es un Sistema de Seguridad Social Universal que sea financiado por impuestos generales, producto de una reforma hacendaria”, expuso.

     

    Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la AMAFORE, comentó que se debe apoyar al sector informal, es decir a los trabajadores independientes que no están adscritos al Seguro Social.

     

    “Yo creo que esta herramienta del ahorro voluntario puede ser muy poderosa para este tipo de trabajadores que les permita comprar semanas de cotización y financiarse una pensión”, expresó.

     

    Verónica González, del Instituto Mexicano de la Radio, expresó que se debe utilizar el sistema de ahorro para lo que es y que debería complementar las pensiones.

     

    “Tenemos un esquema súper definido, hoy en día en el Seguro Social solamente el 33 por ciento de los cotizantes cotiza arriba de 4 UMA’s. ¿Cuál es nuestra prioridad? que por lo menos que de 0 a 4 UMA’s puedan tener una pensión que sea solventable”, dijo.

     

    También del Instituto Mexicano de la Radio, Federico Rubio se manifestó por crear un Sistema Nacional de Pensiones, el cual contemple el ahorro para el retiro. Expuso que existe un problema con las Afores, porque las comisiones son muy elevadas, ya que es un absurdo plantear un promedio de ellas.

     

    “Se debe buscar un mecanismo más eficiente, eficaz y efectivo para promover la rendición de las comisiones en las Afores. Hay que profundizar en los esquemas de ahorro voluntario y lograr que funcionen”, afirmó.

     

    Virginia Ríos Hernández, de la Coparmex, sugirió incrementar paulatinamente la edad en el derecho a una pensión por cesantía y vejez, así como la pensión por desempleo y la que da el Gobierno y que no es contributiva.

     

    Afirmó que las Afores tienen un buen funcionamiento y gran parte de las y los trabajadores “no estarían de acuerdo en que esos recursos se usaran para financiar o hacer pagos de la pensiones de otras personas”, señaló.

     

    Gerardo Castillo Ramos, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, señaló que el mercado laboral tiene muchas implicaciones sobre el alcance y la viabilidad del sistema de pensiones.

     

    Comentó que mucha de la precariedad del mercado laboral informal está ubicada en los micros negocios y en las pequeñas empresas, donde no hay acceso a seguridad social ni a otras prestaciones.

     

    El vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco, Juan Carlos Ramírez Góngora, llamó a tomar decisiones rápidas y certeras. Afirmó que lo que prevalece en el país es la economía informal, pues seis de cada diez trabajadores se encuentran en ella, además de que gobiernos estatales y municipales destinan cantidades importantes a la parte social.

     

    “Necesitamos establecer un sistema para logar que esa economía también contribuya, o fijar un régimen tributario para ellos”, opinó.

     

    Incluso, el diputado federal de Morena y coordinador de este grupo de trabajo, Alfonso Ramírez Cuéllar, también advirtió que el tema de las pensiones se debe seguir debatiendo en el país, porque “hay un problema serio que se deriva del actual esquema y del costo que tiene un financiamiento sustentable, tanto para resolver los problemas de las pensiones contributivas y de las no contributivas”.

     

    Indicó que se están discutiendo todas las propuestas para modificar el esquema tributario y un tema fundamental es el que se refiere a todo el Sistema Nacional de Pensiones y la parte relacionada con la estructura del pacto fiscal que en estos momentos hay en el país y que requiere ser discutido, analizado y reformado.

    La recuperación económica de México estará en vilo por el retroceso del semáforo epidemiológico en varias entidades, incluida la Ciudad de México.

    La Secretaría de Salud (SSa) anunció que, del 26 de julio al 8 de agosto, solo 3 entidades están en riesgo bajo, es decir, se encuentran en semáforo verde, mientras que 15 se encuentran en riesgo medio (semáforo amarillo), 13 con riesgo alto (semáforo naranja) y uno con riesgo máximo (semáforo rojo).

    La Ciudad de México y el Estado de México son parte de las entidades que retornaron a semáforo naranja, y dado su peso en la economía, analistas no esperan endurecimiento de las medidas de restricción, pero de persistir el aumento en los contagios por períodos más prolongados, se pondría en riesgo la recuperación proyectada para este año, que el consenso apunta en 6 por ciento.

    Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, indicó que para este año proyectan un crecimiento de 6.8 por ciento, sin embargo, la nueva imposición de los semáforos y sus posibles restricciones podrían tener un impacto negativo en la economía cercano a 50 puntos base si se prolongan.

    “Nuestro pronóstico está en 6.8 por ciento, y sí creemos que se podría reducir medio punto el crecimiento con esta tercera ola; mientras más se tarde el gobierno y más fuerte se haga el contagio, cuando se tengan que tomar las medidas tendrán que ser más drásticas y el crecimiento se podría afectar más”, postuló.

    Carlos González, director de análisis de Monex, no ve que el gobierno tome acciones adicionales como el año pasado cuando paró la economía, sin embargo, dijo que si se extiende la pandemia seguirán las intermitencias en la economía.

    “El consenso del 6 por ciento se nos hace un poco optimista, nosotros esperamos sea de 5.5, precisamente porque la pandemia no ha terminado, no tenemos un nivel controlado de casos…. Difícilmente vamos a ver restricciones económicas, aunque lo malo es que podemos alargar más la pandemia”, dijo.

    Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box Economics, prevé que entre julio y agosto se vería el impacto del cambio de semáforos epidemiológicos, pero no se dará en la misma magnitud del año pasado.

    “Si bien se anticipan impactos económicos adversos principalmente en el sector servicios, descarto sea de la magnitud de las olas anteriores. El efecto será muy probablemente visible en la actividad del sector servicios entre julio y agosto, aunque dentro del contexto de un patrón de desaceleración en el ritmo de recuperación económica por otras causales”, aseveró.

     

    Impacto en servicios y el empleo

    Para Héctor Magaña, catedrático del Tec de Monterrey, el regresar a semáforo naranja se podría traducir en una recuperación económica menos dinámica para el Estado y la Ciudad de México, particularmente en las actividades terciarias.

    “En tanto los establecimientos no puedan operar a más del 70 por ciento de su capacidad, se tornará más complicado generar utilidades y básicamente estarían operando para cubrir sus costos. Continuar con ese ritmo de operación durante un tiempo prolongado podría tener repercusiones en el mercado laboral, es decir, las empresas no tendrían recursos para invertir en la creación de nuevas plazas laborales, o en el peor de los escenarios, disminuir su plantilla eventual”, dijo.

    Por el contrario, Alain Jaimes, analista económico de Signum Research, apuntó que la imposición de estos nuevos semáforos traerá consecuencias marginales en la recuperación económica, la cual proyectan en 5.8 por ciento, ya que no vislumbra cierres en la economía como los que se dieron en 2020.

    “Preocupa la nueva ola de contagios, ya que los datos disponibles han sugerido que la nueva variante resulta más contagiosa. Sin embargo, su nivel de mortalidad ha disminuido, lo cual se puede atribuir a las campañas de vacunación. Aunado a ello, si no se realizan nuevos cierres en los sectores económicos, los impactos en la reactivación de corto plazo serían marginales”, detalló.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía (Sener) realizaron este lunes la suspensión de 82 empresas energéticas a quienes detectaron como contribuyentes que no cumplían con los requisitos legales en términos fiscales.

    Lo anterior, porque o estaban fuera de regla en el Padrón de Importadores, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y en el Padrón de Exportadores Sectorial, de conformidad con lo previsto en la regla 1.3.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

    “Como parte de su compromiso con la transparencia y las mejores prácticas internacionales, el SAT da a conocer el listado de las y los contribuyentes activos y suspendidos en el minisitio de Padrón de Importadores y Exportadores: http://omawww.sat.gob.mx/PadronImportadoresExportadores/Paginas/index.html”, publicaron los organismos en un comunicado conjunto.

    Esto, según las autoridades, se realiza como colaboración entre el SAT, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y está enfocado a propiciar una mayor certeza jurídica acerca del cumplimiento de las obligaciones de las personas físicas y morales relacionadas con las importaciones y exportaciones en el sector energético.

    Entre las empresas que destacaron las dependencias se encuentran la de origen español Repsol Midstream, el brazo ferroviario de Grupo México, Ferrosur y filiales del operador ferroviario estadounidense Kansas City Southern (KCS), junto con otras decenas de distribuidoras de gas licuado de petróleo y transportistas, principalmente.

    El SAT dijo que las empresas suspendidas "no cumplían con los requisitos" solicitados para permanecer en el registro, pero no explicó su decisión, en un comunicado divulgado la noche del lunes.