Caso Tilzapote: El jueves, nueva mesa de trabajo

    Escrito por: ÁLVARO MORALES Noviembre 12, 2019 0
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    Oaxaca de Juárez, oax.- Comuneros de Tilzapote, quienes han denunciado que pretenden ser despojados de su territorio  por un grupo de empresarios, sostendrán una nueva reunión con el procurador Agrario Nacional, Luis Hernández Palacios Mirón, y el gobierno estatal a fin de encontrar una ruta para anular la sentencia judicial que entregó la propiedad  de las 300 hectáreas que conforman aquella población, a dos personas.

     

    La representante jurídica de la población, Edith Santibáñez, refirió que, a pesar de las irregularidades detectadas en el caso, la Jueza Primero de Distrito desechó dos recursos de amparo promovidos por la comunidad y en los cuales dos posesionarios de tierras que no fueron notificados de que sus propiedades pasarían a manos de otras personas, solicitaban la revisión de la sentencia.

     

    Esta sentencia a la que hacemos referencia, reconoce a dos particulares como dueños, ni más ni menos, de 300 hectáreas de tierras sobre las que se encuentra la población de Tilzapote y, de acuerdo con los comuneros afectados, se pretende construir un complejo hotelero y residencial.

     

    Ante esta situación el 14 de noviembre, las autoridades agrarias de México, junto con representantes de la Secretaría de Gobernación, viajarán a Oaxaca para reunirse en Palacio de Gobierno, con representantes de los comuneros y con el asesor jurídico del gobierno estatal, en busca de una ruta que evite que toda la población de Tilzapote, sea desalojada.

     

    Santibáñez refirió que los dos particulares que lograron la resolución judicial a su favor, Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera (representados por unl abogado identificado como Ramiro Ruiz Bravo), nunca lograron probar ser comuneros de Tilzapote o haber vivido en algún momento en ese lugar desde el momento de su fundación en 1950 y, a pesar de ello, las autoridades fallaron a su favor para tomarlos como dueños verdaderos de las tierras sobre las que se fundó el núcleo rural, que cuenta con dos escuelas, un mercado y una clínica de salud.

     

     

    En más al respecto, señaló que los ciudadanos a los que pretenden desalojar nunca fueron asesorados en su lengua originaria y el defensor de oficio que llevó su caso nunca aportó las pruebas conducentes para demostrar que Tilzapote, perteneciente a Santa María Tonameca, es una población asentada de manera legal.

    Santibáñez señaló que son alrededor de 18 personas, entre políticos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado y empresarios los que verdaderamente están detrás de las 300 hectáreas antes mencionadas y que, ahora,ante la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, buscan desistirse de la ejecución de la sentencia, pero a cambio de que el gobierno federal y estatal les paguen el costo de esas tierras a un precio de 8 millones de pesos por hectárea; es decir, 2 mil 400 millones de pesos.

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