Rechazan permitir que magistrados cercanos a Murat conozcan expedientes sobre presuntos actos de corrupción

    Escrito por: ÁLVARO MORALES Noviembre 13, 2019 0

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca rechazó el veto parcial promovido por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a tres artículos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, relacionados con temas de reelección, paridad de género e independencia de los integrantes del cuerpo colegiado.

     

    El órgano legislativo consideró que las observaciones efectuadas por el titular del Poder Ejecutivo eran inviables, por lo que solicitó al Pleno ratificar el documento votado el pasado 25 de septiembre, en sesión ordinaria.

     

    En su momento, el mandatario oaxaqueño pidió, primero, que la persona designada como Presidenta o Presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa pudiera gozar de un segundo periodo de gestión (reelección) de manera consecutiva, en contra del contenido de la ley, que indica que los magistrados sí podrán acceder a un segundo periodo como Presidente (dos años) siempre y cuando éste no sea inmediato.

     

    El Poder Ejecutivo, para fundamentar su postura, recurrió al artículo 114 Quáter de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, donde se establece que el Presidente de la Sala Superior puede ser reelecto de manera consecutiva, sin ningún tipo de limitación alguna.

     

    “Entendiéndose que la figura de reelección posibilita que un servidor público que haya desempeñado algún cargo ocupe nuevamente éste al finalizar el periodo de su ejercicio, sin la necesidad de que exista un periodo intermedio, lo que permite dar continuidad administrativa y de representación de ese tribunal”, refiere el documento enviado a la Comisión.

     

    En ese sentido, los diputados respondieron que si bien es cierto que el artículo 114 Quáter establece la posibilidad de permanecer en el cargo de presidente por otro periodo consecutivo, el inciso B del mismo precepto señala que la organización, administración y vigilancia del Tribunal dependerá de los términos de su Ley Orgánica.

     

    Además, la Comisión señaló que la normativa busca garantizar que la Presidencia sea ejercida de manera alterna por una mujer y un hombre, por lo que permitir la reelección consecutiva violaría el principio de paridad, pues un hombre o una mujer encabezarían durante dos periodos consecutivos el máximo cargo.

     

    En lo que se refiere a la segunda observación, el Poder Ejecutivo refutó la normativa promovida por el Poder Legislativo, en el sentido de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa esté conformado por cinco magistrados y magistradas y que nunca el número de hombres y mujeres deberá rebasar los tres integrantes; es decir, como máximo, el organismo deberá estar integrado por tres mujeres y dos hombres o tres hombres y dos mujeres.

     

    Al respecto, el gobierno estatal consideró que tal medida es discriminatoria debido a que, con ella, se imposibilita “que la Sala Superior sea integrada en su totalidad por mujeres”.

     

    En más, afirma que el artículo uno de la Constitución Mexicana, último párrafo, prohíbe toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto anular o menoscabar las libertades y los derechos de las personas.

     

    En su respuesta, la Comisión refirió que por medio de la redacción aprobada en septiembre pasado se garantiza el principio de paridad en la integración del órgano autónomo, pues, consideró, de suprimir la obligatoriedad en el sentido de que la Sala Superior sea integrada por un máximo de tres hombres o tres mujeres se eliminaría, también, la garantía explícita   de que representantes del sexo femenino puedan acceder a ese cargo.

     

    Finalmente, el gobierno del estado objetó el artículo 46 fracción siete, que impide a los magistrados conozcan casos en los que estén involucrados ex jefes políticos.

     

    “Las magistradas y los magistrados están imposibilitados para conocer de los juicios que se tramiten ante la Sala Superior, Salas Unitarias o Especializadas en los siguientes casos: cuando la magistrada o el magistrado haya tenido relación de subordinación con algunas de las partes, sus abogados o representantes…”, refiere el precepto.

     

    En ese sentido, el Ejecutivo indicó que no es “oportuno” establecer como impedimento el haber sido subordinado de algunas de las partes, en razón de que las resoluciones que se emitan deben estar fundadas y motivadas en término de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el marco jurídico del Estado.

     

    Luego, sostuvo que el ordenamiento “no establece el grado de subordinación, así como la temporalidad, lo que implica un impedimento para las magistradas y magistrados, si es el caso que hubieran trabajado en algún momento para la administración pública estatal”.

     

    En ese supuesto se encuentra Raúl Palomares Palomino, electo magistrado de la Sala Superior en  agosto pasado, a pesar de haberse desempeñado como funcionario en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca y colaborar en el Infonavit durante la administración de Alejandro Murat --actual gobernador de Oaxaca-- como director.

     

    En el mismo caso se encuentra Manuel Velasco Alcántara, otro de los integrantes de la Sala Superior, quien fungió como vocero de la campaña del entonces candidato del PRI al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat; también es vinculado con el ex gobernador, José Murat, padre de Alejandro

     

    Al respecto, los legisladores respondieron que “no es cosa menor” prever desde el Poder Legislativo las normas necesarias para garantizar la imparcialidad de los magistrados del también llamado Tribunal Anticorrupción.