Agosto 17, 2019

Gobierno recibió en 2018 excedentes de 22 mil mdp

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Oaxaca de Juárez, Oax.- El gobierno de Oaxaca cobró en 2018 excedentes presupuestales por más de 22 mil 936 millones de pesos que, por no haber sido contemplados en la Ley de Ingresos, fueron erogados a lo largo del año bajo el arbitrio de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

 

De acuerdo con el cuarto informe trimestral de 2018 sobre la ejecución de los recursos de Sefin, en la Ley de Ingresos 2018 se estimó una recaudación de 67 mil millones de pesos, pero al final del ejercicio se obtuvieron recursos por 89 mil 956 millones de pesos.

 

Los 22 mil 900 millones que existen de diferencia y que, por ende, no fueron contemplados en el Presupuesto de Egresos 2018, equivalen al 47.7 por ciento de los 48 mil millones que, según el gobierno federal, costaría la reconstrucción de México tras los terremotos de 2017.

 

Tal aumento en la recaudación, justificaron las autoridades, radicó en entradas no contempladas en el rubro de Ingresos de Gestión –recursos que le son pagados al gobierno del estado por los ciudadanos oaxaqueños--,  por medio de los cuales se esperaba obtener 3 mil 600 millones de pesos, pero que, al final, el monto llegó a los 6 mil 900 millones, prácticamente el doble.

 

Otros de los factores que influyó, según los documentos, fue el aumento de 6 mil 792 millones de pesos en el pago de Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del gobierno federal, así como 11 mil 706 millones de pesos por la obtención de recursos provenientes de financiamientos.

 

Presupuestos, mera simulación

Al respecto, en octubre de 2018, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acusó que los presupuestos que votan año tras año los congresos locales son una mera “simulación” y “discrecionalidad”, pues están basados en estimaciones de ingresos irrisorias y, si bien nunca reflejan lo que realmente se eroga, permiten a los gobiernos gastar cientos de miles de millones de pesos sin rendir cuentas a nadie.

 

La organización, encabezada por Juan Pardinas, indicó que, en 2017, los estados en conjunto recaudaron 319 mil 753 millones de pesos más de lo que contemplaron en sus presupuestos y gastaron 295 mil millones adicionales a modo de “cheques en blanco”.

 

El IMCO reiteró que, al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal, los gobiernos estatales elaboran sus presupuestos para el año entrante con base en una cantidad de ingresos muy inferior a la que realidad llegará.

 

Caso Oaxaca

En particular sobre los 22 mil millones de pesos en excedentes que llegaron a esta entidad en 2018, un especialista del IMCO sostuvo: “Es común que suceda eso... hemos delatado a gobiernos estatales y municipales durante años por esas prácticas discrecionales en la especulación de generación de recursos”.

 

También abogado, sostuvo que, ahora, tocará al Organismo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), que dirige Guillermo Mengchú Velásquez, secretario de Finanzas durante el gobierno de José Murat, fiscalizar y comprobar que el uso dado a los excedentes fue el adecuado y se apegó a lo establecido en el artículo 134 Constitucional.

 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, dice el primer párrafo de aquel precepto.

 

”Deben existir en el mismo presupuesto los criterios para reasignación de recursos o asignación de excedentes. Cuando se hace ese ajuste, debe haber una metodología que justifique que ese dinero se está apegando a los principios de gasto público del artículo 134 constitucional”, explicó el especialista.

 

Ampliación presupuestal a 100 mil millones de pesos

Consultado al respecto, el OSFE informó que el presupuesto inicial de 67 mil millones de pesos, aprobado por el Congreso, tuvo una “ampliación presupuestal al 31 de diciembre de 2018 de 49.56 por ciento”, lo que dio como resultado un “presupuesto modificado” de 100 mil 238 millones de pesos.

 

Subejercicio de 10 mil millones de pesos

De ese monto, al 31 de diciembre, indicó el OSFE, el gobierno gastó 89 mil 617 pesos (incluidos los 22 mil millones de excedentes), lo que arrojó un subejercicio por 10 mil 600 millones de pesos.

 

En el documento Análisis a los Informes de Avances de Gestión “Cuarto Trimestre de 2018”, el Órgano de Fiscalización no detalla cuándo fue aprobada la ampliación presupuestal por parte del Congreso o si ésta fue sometida a su consideración.

 

En el reporte, que es preliminar a los resultados de la fiscalización de la cuenta pública, únicamente se indica que las ampliaciones presupuestales –a donde debieron haber llegado los 22 mil millones de pesos excedentes— fueron dirigidas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y a la Secretaría de Finanzas.

 

También se menciona que los poderes Judicial y Legislativo, así como organismo autónomo y municipios fueron favorecidos con dichas ampliaciones de recurso.

 

No obstante, el documento no especifica bajo qué criterios y objetivos fueron realizadas tales modificaciones.

 

Omisiones

Ante ello, el especialista del IMCO sostuvo que los funcionarios de la Secretaría de Finanzas deberían ser sancionados debido a las deficiencias exhibidas al momento de programar los recursos públicos, pues es injustificable que, en un primer momento, se subestimen los ingresos y, luego, se efectúe una ampliación presupuestal que termina por no cumplirse.

 

“El problema de fondo, con independencia de la cantidad para sobre o subejercicio, es el margen de discrecionalidad que tienen para manipular el presupuesto, evidentemente en condiciones de poca transparencia y, probablemente, colusión entre poderes (Ejecutivo y Legislativo)”.

 

“En teoría, dada la importancia que tiene el dinero para cumplir con los mandatos constitucionales, habría consecuencias (por no programar de manera correcta los recursos); eso te lleva a otra cancha que es el de la debilidad del Sistema de Responsabilidades del Servidor Público.

 

“El reto está en que realmente haya autonomía e independencia de las auditorías estatales porque en muchos casos dependen políticamente de los ejecutivos y/o del Congreso y eso permite esos maquillajes (de las cifras).

 

“En caso de que no sucedan las cosas como se ordena, debería haber una consecuencia (contra los funcionarios) y ahí es donde nos está quedando a deber el sistema de fiscalización”.

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