Oaxaca de Juárez, Oax.- El gobernador de Oaxaca concluirá el mes de noviembre ubicado como uno de los cinco mandatarios peor calificados del país por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuyos afiliados le otorgaron una aprobación de 12 por ciento. 

     

    De acuerdo con la plataforma Data Coparmex, actualizada en noviembre, los cinco gobernadores con las calificaciones más bajas otorgadas por los empresarios del sindicato patronal fueron Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, que obtuvo dos por ciento de aprobación, en último lugar; Miguel Barbosa, de Puebla, con el cinco por ciento de aprobación, en penúltimo lugar, y Jaime Bonilla Valdez, de Baja California Norte, con seis por ciento, en antepenúltimo lugar.

     

    El cuarto peor calificado fue el mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García, con el ocho por ciento de aprobación, y luego, siguió Alejandro Murat de Oaxaca, con 12 por ciento de la aprobación de la iniciativa privada.

     

    Coparmex indicó que los aspectos que son analizados por sus socios tienen que ver con la inseguridad que predomina en las entidades, así como la falta de apoyo al empresariado, la corrupción, la calidad de la infraestructura y servicios públicos, los niveles de pobreza y desigualdad, además del gasto eficiente que efectúan las administraciones públicas.

    Los estados mejor evaluados fueron los de Querétaro, Yucatán y Baja California Sur.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax- En sesión pública no presencial de resolución, celebrada por videoconferencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) que tuvo por acreditada la violencia política en razón de género ejercida contra la regidora de turismo del ayuntamiento de Villa de Zaachila y, en consecuencia, determinó la pérdida de la presunción de tener un modo honesto de vivir del presidente municipal, Cástulo Bretón Mendoza (PUP), y de diversos integrantes del Ayuntamiento.

     

    La magistrada y los magistrados de la Sala determinaron infundados los agravios formulados por la parte actora relacionados con la supuesta incompetencia del TEEO para conocer de las conductas de violencia política de género en un juicio ciudadano, ya que, contrariamente a lo expuesto en la demanda, determinaron que dicho Tribunal sí tiene competencia para analizar en la vía citada aspectos relacionados con la obstrucción del ejercicio de un derecho político-electoral provocada por actos de violencia política de género. De ahí que consideraron correcta tal decisión.

     

    Por otro lado, decidieron modificar la sentencia en cuanto al hecho de que el TEEO declaró la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir pues ello deberá valorarse en su caso, hasta en tanto se solicite el registro para contender por un cargo de elección popular, ya que tal presunción se refiere a un requisito de elegibilidad.

     

    En otro tema, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia del TEEO que, a su vez, confirmó el acuerdo SNI-16/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) por medio del cual se invalidó la asamblea general electiva extraordinaria de concejales del Ayuntamiento de Santa María Tlalixtac y, en consecuencia, se ordenó la realización de una nueva elección.

     

    El Pleno de la Sala Regional determinó como correcta la decisión tomada por el TEEO y por el IEEPCO de tener como jurídicamente no válida dicha asamblea, debido a que se celebró sin respetar el sistema normativo interno de la citada comunidad.

     

    Ello, toda vez que no se acreditó la supuesta notificación realizada a uno de los candidatos para que participara en la reunión en la que se acordó la nueva fecha para la celebración de la asamblea electiva en comento. Aunado a que no existe certeza de que la convocatoria para participar en dicha asamblea fuera difundida conforme a los usos y costumbres que rigen en la comunidad.

     

    Por último, en la misma sesión, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia del TEEO, emitida dentro del expediente JDCI/45/2020, en la que, entre otras cuestiones, declaró infundados los agravios presentados por diversos ciudadanos indígenas del municipio de San Juan Bautista Guelache, Etla, con los que se impugnó la supuesta omisión por parte del Gobernador del estado de Oaxaca de proponer al Congreso del Estado la integración de un nuevo Concejo Municipal del Ayuntamiento y, por parte del Congreso, la omisión de designar a las y los integrantes del referido Concejo Municipal.

     

    Cabe hacer mención que el presente asunto deriva de la invalidez de la asamblea general extraordinaria celebrada 04 de febrero de 2018, para elegir a las y los concejales de dicho Ayuntamiento, decretada por el TEEO, la cual ha seguido una cadena impugnativa con diversas sentencias emitidas a nivel estatal y federal, con las cuales, entre otros temas, se ordenó el nombramiento de un Concejo Municipal para el periodo 2017-2019, encargado de la celebración de una nueva asamblea electiva extraordinaria para elegir a las autoridades municipales que desempeñarán el cargo durante el trienio 2020-2022.

     

    El Pleno determinó, en esencia, que, si bien en el presente caso el Concejo Municipal fue designado en enero de 2019, ordinariamente debió concluir su encargo a finales de ese año, puesto que de manera habitual los concejales electos debieron asumir su función en enero de 2020. Sin embargo, en el presente asunto, debido a que no se está ante un supuesto ordinario sino ante uno extraordinario, se considera razonable que el mismo pueda permanecer sólo un año más, es decir hasta el último día de enero de 2021, debido a que el contexto generado por la pandemia ha sido uno de los obstáculos para reanudar los trabajos sobre la preparación de la elección.

     

    En consecuencia, se determinó que se debe dar vista al titular del Ejecutivo Estatal, al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, así como al presidente del Consejo General del Instituto Electoral local, para que en el supuesto de que al día último día de diciembre del año en curso, no se haya celebrado elección respectiva, el Instituto referido lo informe a los titulares de los Poderes referidos, a fin de que en el marco de sus respectivas competencias, se inicien los trabajos tendentes a la renovación del Concejo Municipal de San Juan Bautista Guelache, mismo que entre sus prioridades, deberá ocuparse de continuar los trabajos para la organización de la elección ordenada.

     

    En suma, en la sesión pública no presencial, por el sistema de videoconferencia, de este 30 de noviembre, se resolvieron 19 medios de impugnación: 10 juicios ciudadanos federales, ocho juicios electorales y un recurso de apelación.

     

    Ello, en cumplimiento al Acuerdo General 8/2020 de la Sala Superior del TEPJF en el que se precisan criterios a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del TEPJF, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- A unas horas de que comience el proceso local electoral 2020-2021, cinco presidentes municipales de demarcaciones que se rigen por el sistema de partidos políticos no podrán inscribirse a la contienda electoral como candidatos a la reelección o a otros cargos de representación popular tras haber sido sancionados por los tribunales electorales por violencia política de género.

     

    Se trata de los ediles de Santiago Suchilquitongo Etla, Julio César Rodríguez López, cuya sentencia en su contra fue confirmada por el tribunal federal en agosto pasado, y el de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, cuya resolución en su contra fue confirmada el 29 de julio de 2020.

     

    El nombre de ambos ediles, el primero militante del PSD y el segundo de Morena, aparece ya dentro de la listas de personas sancionadas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

     

     

    A ellos, debe sumarse otro edil emanado de Morena, Carlos León Monterrubio, de Tlacolula de Matamoros, quien también fue sancionado por violencia política en razón de género por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en agosto pasado, y cuya sentencia fue confirmada por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, su nombre aún no aparece en los listados del IEEPCO.

     

    El cuarto y último presidente municipal que ha sido sancionado por la misma conducta ilegal y por ende deberá ser excluido del próximo proceso electoral, es el morenista de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, quien, sin embargo, aún tiene la posibilidad de recurrir a instancias federales en busca de que la sentencia en su contra sea desechada, aunque, de acuerdo con el propio Tribunal oaxaqueño, es improbable que procedan sus alegatos.

     

     

    Oswaldo García fue sancionado el sábado pasado, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca encontró fundamentos para determinar que incurrió en violencia política en razón de género en contra de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Jaqueline Mariana Escamilla Villanueva, quien fue destituida de su cargo, sin fundamento alguno, el 29 de mayo.

     

    Junto con el edil, también fue sancionada la esposa de éste y titular honoraria del DIF municipal, Patricia Benfield López.

     

    Además, durante la tarde de este día, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral dejó firme la sentencia emitida por violencia política en razón de género en contra del edil de Zaachila, emanado del PUP, Cástulo Bretón.

     

    A los cinco ediles de municipios que se rigen por partidos políticos, deben sumarse Santiago González, munícipe de Santa Catalina Quierí, en la Sierra Sur; Filomeno Claudio Coca López, edil de San Pedro Coxcaltepec Cantaros, en la Mixteca, y Araceli García Hernández, alcaldesa de Reforma de Pineda, en la región del Istmo de Tehuantepec; todas, municipalidades que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos.

     

    El martes primero de diciembre de 2020, comenzará de manera oficial el proceso local electoral 2020-2021; ante ello, el IEEPCO tenía programado sesionar la tarde del lunes para determinar los topes máximos de gastos de precampaña para las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa y concejalías a los ayuntamientos, así como los topes máximos de gastos que podrán erogar las personas aspirantes a candidaturas independientes en la etapa de apoyo de la ciudadanía, en el proceso electoral ordinario 2020-2021.

     

     

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- El Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STEPIDCEO) suspendió el proceso electoral que se efectuaba al interior de aquella organización, tras “recomendaciones” de la Secretaría de Administración con el objetivo de atender las medidas sanitarias para evitar la propagación de Covid 19.

     

    El líder de la agrupación, Juan Ignacio Cruz Villavicencio, sostuvo que las reuniones y actos organizados por los candidatos a la secretaría general deberán ser suspendidos hasta que en la entidad existan las condiciones sanitarias necesarias a fin de no provocar más contagios del nuevo coronavirus.

     

    Sin embargo, este llamado causó indignación en diversos sectores al interior de aquel sindicato, pues acusaron a su líder de hacer este llamado cuando el propio comité directivo ha organizado eventos que han concentrado a decenas de personas, sin haberles importado la existencia de la pandemia.

     

    Lo anterior sucedió, también, dos días después de que un grupo del sindicato de burócratas protestó frente a las oficinas del Palacio de Gobierno de Oaxaca en demanda de que las autoridades estatales dejan de influir en el proceso de renovación del nuevo comité ejecutivo.

     

    El pasado 25 de noviembre, la Secretaría de Administración del gobierno estatal, dependencia que se encarga de administrar la nómina de los burócratas, le notificó a la organización que, de acuerdo con las observaciones hechos por los Servicios de Salud de Oaxaca, en el sentido de que no existen condiciones para llevar a cabo el proceso de renovación.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en número de agresiones orquestadas en contra defensores del medio ambiente, con un total de 79 ataques documentados únicamente entre 2012 y 2018.

     

    Datos enviados al Senado de la República indican que en aquel periodo en todo el país se documentaron 460 agresiones, de las cuales el 36.5 por ciento correspondieron a amenazas, 17.5 por ciento agresiones físicas, 17.2 por ciento casos de criminalización, 14.6 por ciento a intimidación y 14.2 por ciento fueron homicidios.

     

    Al respecto, agregaron  que las entidades federativas en donde existió el mayor número de ataques en el periodo indicado fueron Oaxaca con 79 ataques, Sonora con 49 y Estado de México con 48 casos de agresiones, mientras que en los estados en donde no se registraron agresiones fueron Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas y Tabasco.

     

    Asimismo, sin pormenorizar datos, las estadísticas indicaron que durante este 2020 se han registrado 11 asesinatos en el país, por lo que “deben generarse mecanismos que permitan proteger nuestros recursos naturales y salvaguardar la integridad física de las comunidades y personas que en ellas habitan”.

     

    Ante ello, en le Cámara Alta del Congreso de la Unión se demandó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir un informe sobre los avances y resultados obtenidos en las acciones de seguimiento para atender este tipo de agresiones.

     

    Recordó que México tiene una constante de movimientos que pugnan por la restitución de las tierras a los pueblos originarios; así como la conservación de las reservas forestales y de los centros ceremoniales.

     

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Eloisa López Toral, quien durante casi cuatro años ha exigido justicia por el asesinato de su nieta, Jennifer Angélica Antonio Carrillo, que murió en abril de 2017 --días antes de cumplir 18 años-- luego de que su pareja sentimental le roció gasolina y le prendió fuego, denunció que ha recibido múltiples amenazas de muerte que pretenden obligarla a dejar el caso en la impunidad.

     

    La mujer, de 65 años, enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relató en entrevista que a la puerta de su domicilio, en el municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, han llegado escritos anónimos en los que le advierten que se abstenga de continuar con sus demandas de justicia, pues, de lo contrario, deberá atenerse a las consecuencias.

     

    López Toral indicó que la última amenaza la recibió entre el 12 y el 13 de septiembre pasados; sin embargo, no ventiló públicamente tales hechos por indicaciones de las autoridades ministeriales, cuyos representantes fueron notificados del incidente para comenzar la carpeta de investigación correspondiente.

     

    No obstante, refirió que a más de dos meses de ello, la Fiscalía General de Justicia no ha vuelto acercarse a ella.

     

    “Para la señora Eloisa López Toral, esposo e hijo, el capitán. 12 horas para irse”, se lee en el último mensaje que le fue enviado y que aparece firmado por una presunta organización criminal que se hace llamar Cártel la Muerte.

     

     

    Después del asesinato de su nieta, López Toral se encargó de dar con el paradero del presunto feminicida, Edgardo R. A, hasta localizarlo en Tijuana, Baja California, y entregarlo, tres meses después, en junio de 2017, a la Fiscalía General del Estado. Desde entonces –tres años y medio-- el hombre permanece encarcelado sin que el juicio registre avances, pues éste se ha negado a comparecer en las cinco audiencias que le han sido programadas hasta este 2020.

     

    “No puedo exponerme mucho porque he recibido muchas amenazas porque él (el asesino) no actuó sólo, lo hizo en complicidad con otras personas, y él sabe quiénes son sus cómplices”, sostuvo López Toral, en entrevista.

     

    “(Me han dicho) que ya me calle, que deje las cosas en paz, y, últimamente, recibí un anónimo que (decía que) tenía 12 horas para dejar mi casa…

     

    “La demanda ya la tiene la procuraduría (Fiscalía), pero es la fecha (25 de noviembre) que no me han venido a entrevistar. De momento, llegaron muchos (policías) a mi casa, pero la persona asignada para tomarme la declaración y venir a hacer una inspección ocular, no lo ha hecho. Yo no estoy tranquila en mi casa, la verdad; yo no estoy tranquila”.

     

    Antes del recado que le fue hecho llegar en septiembre pasado, a la mujer le fueron enviadas dos hojas tamaño carta, arrancadas de una libreta cuadriculada, en las que le hacían una advertencia similar, pero, en esa ocasión, los responsables la amenazaron con asesinar a su familia.

     

    “Sra Eloisa López: Tienes 12 horas para irte de tu casa. Ya te tenemos ubicada. Sabemos que tienes contacto con los tránsito y policía. Si para mañana sigues en tu casa vamos a despejar a tu hijos y al pinche capitán. Atte. Cártel de Muerte”, señala el escrito, redactado con faltas ortográficas y errores de sintaxis.

     

    “Y si le avisas a la policía, matamos a toda tu familia y te la mandamos en bolsa, así que tienes 12 horas para irte a partir de ahorita corre tu tiempo”, agrega.

     

    Sobre el juicio al que está siendo sometido Edgardo R.A. como presunto feminicida de Jennifer Angélica, indicó que el procesado, quien acumula tres años y medio en prisión, se ha negado a comparecer ante el Juez en cinco ocasiones, por lo que el procedimiento, a pesar de que --de acuerdo con la doliente-- existen múltiples pruebas de la participación del indiciado en el feminicidio, permanece estancado.

     

    Al respecto, Toral afirmó que la Fiscalía de Oaxaca no ha promovido ningún recurso para obligar al acusado a comparecer ante la representación del Poder Judicial.

     

    “El proceso está estancado. Son cinco audiencias que se han suspendido. En la penúltima audiencia él (el imputado) se atrinchero en su celda y ya no quiso salir. En la última, ya estábamos todos en Oaxaca, todos presentes, y también se suspendió.

     

    “Me comenta la Procuraduría que es un derecho que él tiene de suspender las audiencias cuantas veces quiere. Entonces, si él tiene el derecho de suspender las audiencias, de burlarse de nosotros, ¿qué nos espera más adelante?, cuestionó la mujer.

     

    “Si está en la cárcel es porque yo participé en la detención porque yo se los entregué. Esa es mi impotencia, subrayó.

     

    La doliente no descartó viajar a la Ciudad de México en busca de entrevistarse públicamente con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para denunciar ante él las irregularidades que existen en torno a este caso, tal y como lo hizo este martes 24 de noviembre la periodista Soledad Jarquín, madre de María del Sol, también comunicadora y otra joven oaxaqueña asesinada en la región del istmo de Tehuantepec, cuyas indagatorias permanecen sin reportar avances.

     

    “Yo tengo que ir a ver al presidente. Tengo que ir a hacer un plantón frente a la Cámara de Diputados, también, para que ellos fijen la ley para los asesinos (sic), que no gocen de tantos privilegios”.

     

    En el caso de Jennifer Angélica, la abuela materna indicó que el hijo de la hoy extinta, hoy de seis años, está siendo sometido a un seguimiento sicológico debido a que el menor, en aquel entones de tres años, presenció el ataque del que fue objeto su madre.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dieron a conocer que de enero a septiembre de este año, la institución ha registrado y atendido mil 154 casos de violencia física y psicológica en contra de las mujeres, así como de violencia económica, patrimonial, abandono y violaciones sexuales.

     

    De aquellos actos, 755 fueron documentados en la región de Valles Centrales; 268 en la región del Istmo de Tehuantepec; 125, en la Mixteca; 117, en la Sierra; 99 en la región de la Costa y 18 en Tuxtepec.

     

    En las ocho regiones de la entidad, los SSO afirmaron atender los casos de violencia por medio de cinco Centros Especializados para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género (Cepavi).

     

    Destacó que los cinco Cepavis se ubican en la Colonia Estrella del municipio de Oaxaca de Juárez, así como en Juchitán de Zaragoza, Río Grande, Huajuapan de León y Tlacolula de Matamoros.

     

    Refirió que la violencia de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM 046), se define como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte en tanto en el ámbito privado como en el público.

     

    Los números de atención son 951 515 1885 en la ciudad de Oaxaca; 971 120 1775, en Juchitán de Zaragoza; 954 582 6750, en Río Grande; 951 532 3474, en Huajuapan de León, y 951 261 2422 en Tlacolula de Matamoros.

     

    El horario de atención es de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Con 35 votos a favor, el pleno del Congreso de Oaxaca acordó este miércoles posponer hasta el próximo dos de diciembre la elección de los integrantes de la nueva Mesa Directiva de cara al tercer año de actividades de la 64 Legislatura.

     

    Después de que la morenista Delfina Elizabeth Guzmán fue nombrada como presidenta de la Junta de Coordinación  Política (Jucopo), las fracciones minoritarias del Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Mujeres Independientes, todas conformadas por dos integrantes, se pronunciaron por encabezar la nueva Mesa Directiva.

     

    Sin embargo, al enarbolar la bandera de la equidad de género, el Verde Ecologista y Mujeres Independientes, grupos conformados por cuatro mujeres, demandaron que aquel órgano de gobierno sea encabezado por una ciudadana.

    Ante ello, el Pleno determinó posponer la integración de la Mesa Directiva, encargada de la organización interna de la Cámara de Diputados de Oaxaca.

     

    En Oaxaca, el Partido Verde Ecologista es afín al gobierno estatal del PRI, pero en el ámbito nacional es aliado de Morena, mientras que Mujeres Independientes está conformado por Aleida Rosado Toledo, hija del ex líder del PRD y actual líder de Morena Rosendo Serrano Toledo, al igual que por Elim Antonio Aquino, hija del actual líder del PRD en Oaxaca, José Julio Antonio Aquino.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La ex directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Oaxaca de Juárez, Jaquelina Escamilla Villanueva, demandó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) cumplir con la sentencia emitida la semana pasada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y resolver de manera inmediata el procedimiento sancionatorio abierto por violencia política en razón de género en contra del presidente municipal de la capital, Oswaldo García Jarquín, quien es acusado por Escamilla Villanueva de haberla destituido de su cargo, en mayo pasado, sin fundamento alguno.

     

    La semana pasada, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO efectuar en un plazo máximo de 5 días hábiles, todas las diligencias necesarias para robustecer el expediente comenzado a petición de la ex funcionaria, en el cual acusó al edil de Oaxaca de Juárez de haber incurrido en violencia política por razón de género.

     

    Asimismo, el Poder Judicial de la Federación le ordenó al Tribunal Electoral de Oaxaca que una vez que el IEEPCO concluya la integración del expediente mencionado, emita la sanción correspondiente en un plazo máximo de 48 horas.

     

    Todo lo anterior, debido a que los magistrados federales consideraron que las instancias locales estaban dilatando la resolución del caso.

     

    Es de recordar que Jaquelina Escamilla fue destituida como directora del instituto municipal de la mujer en mayo pasado, luego de que fue acusada por el munícipe capitalino de boicotear la transmisión en las redes sociales de la dependencia municipal de un foro en contra de la despenalización del aborto.

     

    Escamilla ha sostenido que el evento no fue transmitido en las redes sociales del instituto municipal debido al registro de fallas técnicas en la plataforma digital y que no se trató de un acto deliberado.

     

     

    Y la violencia física no cesa

    Por su parte, integrantes de la Red de Mujeres para una Vida Libre de Violencia (Remuvi), reiteraron que durante la época de pandemia se ha incrementado el número de casos de mujeres que sufren violencia en sus hogares.

     

    En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la agrupación sostuvo que, hasta el momento, ha documentado al menos 100 casos de ciudadanas que han sido objeto de diversos tipos de violencia, desde amenazas de muerte hasta lesiones físicas.

     

    Luego de una representación artística realizada en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán, las activistas llamaron a las mujeres oaxaqueñas a denunciar cualquier tipo de violencia de la que sean objeto, con el objetivo de obligar a las autoridades a actuar y lograr erradicar tal fenómeno.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- A partir de 2008 y hasta antes de la pandemia, la inseguridad fue el problema percibido como el más apremiante por la mayoría de las y los mexicanos; sin embargo, esa tendencia cambió durante 2020, cuando diversos estudios demoscópicos establecieron que las preocupaciones por la salud y por el desempleo tomaron su lugar.

     

    Una investigación titulada “Agendas ciudadana y legislativa 2020-2021: Inseguridad pública en el contexto de la pandemia”, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez, explica estadísticamente que, dadas las características del año 2020, las preocupaciones relacionadas con la inseguridad y con la justicia fueron desplazadas temporalmente por otras derivadas de la crisis sanitaria, particularmente el desempleo y la salud.

     

    La investigación refirió que entre 2018 y 2020 se presentaron en el Congreso de la Unión más de mil 500 iniciativas sobre seguridad y justicia, de manera que, en promedio, cada día se presentaban tres iniciativas de ley sobre estos temas, reflejo de las demandas populares.

     

    Sin embargo, el documento detalla que en lo que va de esta Legislatura las proposiciones relacionadas con las deficiencias en el sistema sanitario de México y el actuar para mitigar la pandemia por parte de las autoridades federales, han prevalecido dentro de la agenda legislativa.

     

    Ante ello, el estudio concluyó que es de suma importancia que las instancias legislativas escuchen la demanda popular de atención prioritaria, considerando la resolución de los problemas que ha dejado o agravado la crisis sanitaria.

     

    En el caso de Oaxaca, organizaciones empresariales y de la iniciativa privada, han reportado que durante el 2020 en la entidad se han perdido al menos 10 mil puestos de trabajo, en un fenómeno sin precedente en el ámbito estatal desde que el fenómeno del desempleo es medido en los ámbitos estatales.