Junio 24, 2019

Guardia Nacional trabajará bajo parámetros de Naciones Unidas

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Las leyes que sustentan a la Guardia Nacional se rigen bajo los parámetros de la Corte Interamericana (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH), relacionadas con el empleo de la fuerza y armas de fuego, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia detalló que, a partir de un acuerdo con ONU-DH, la nueva corporación tendrá asistencia técnica para el diseño de las capacitaciones y protocolos de actuación de su personal; mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

La SSPC, a cargo de Alfonso Durazo, explicó que, a partir de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se consolidan las acciones y programas para garantizar la promoción, fortalecimiento y defensa de los derechos humanos.

En el entendido de que la paz de nuestra nación solo se puede construir en un entorno donde prevalezca la justicia, la observancia del Estado de Derecho y la tolerancia”, se indicó en un comunicado.

Agregó que, a partir de estos lineamientos, los integrantes de la Guardia Nacional serán permanentemente capacitados y estarán sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza.

Se insistió en que “el Estado no utilizará a los cuerpos de seguridad para reprimir al pueblo y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos”.

En su comunicado, la SSPC afirmó que de comprobarse la participación de uno de sus elementos en contra de esos principios, será separado de su cargo de manera inmediata.

Agregó que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se fortalecerán los mecanismos de protección a periodistas y líderes sociales.

Se brindará todo el apoyo para garantizar la seguridad a aquellos comunicadores que se encuentren, por razón del desempeño de su profesión, en algún riesgo”, agregó la SSPC.

La dependencia concluyó que, en un ambiente de impunidad, las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan.

Cada atropello no esclarecido, sancionado y reparado fomenta la repetición y la expansión de la arbitrariedad, el abuso de autoridad, la extralimitación de los servidores públicos, la vulnerabilidad de la población y el rencor hacia las instituciones”, afirmó la dependencia.

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