Junio 26, 2019

El diputado Pavel Meléndez, de Morena, propuso que el gobierno del estado, "en apego y congruencia a la política de austeridad del gobierno federal, se instrumenten los " mecanismos necesarios" para poner a la venta la flotilla de helicópteros y avionetas, camionetas y automóviles de lujo  "o cualquier activo" que no sea de primera necesidad, además de garantizar que todos los funcionarios de la administración estatal perciban sueldos menores al del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

 

Asimismo, el legislador, representante del distrito de Tehuantepec, solicitó, por medio de un punto de acuerdo, establecer que la seguridad social y atenciones médicas para todos los funcionarios de los poderes del estado se otorgue únicamente por medio de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), prohibiendo la contratación de servicios, gastos o seguros médicos privados a costa de la hacienda pública estatal.

 

Al respecto, recordó que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta entidad es la que acumula la mayor cantidad de personas del país en situación de pobreza, con un porcentaje de 66.75 por ciento, del cual 28.33 por ciento se trata de ciudadanos en situación de pobreza extrema.

 

En la medida, apuntó el legislador, no se tomarían en cuenta los vehículos que actualmente son utilizados como auxiliares de emergencias de salud, como ambulancias aéreas, ni las unidades adscritas al área de Protección Civil.

 

En el proyecto, que fue turnado a las comisiones de Administración Pública y Presupuesto y Programación, el diputado condenó que en el presupuesto de 2018 el Poder Ejecutivo le haya destinado al rubro de Comunicación Social un total de 268 millones 899 mil pesos cuando la secretaría de Desarrollo Social dispuso únicamente de 73 millones 794 mil pesos.

 

A lo anterior, añadió, se suma el hecho de que tras la revisión a la Cuenta Pública de 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta entidad se haya colocado como la onceava del país con el mayor monto de irregularidades, con inconsistencias por 227 millones 300 mil pesos.

 

Las principales irregularidades fueron falta de documentación comprobatoria del gasto, recursos o rendimientos financieros no ejercidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe); transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, pagos improcedentes o en exceso, conceptos no autorizados por la dependencia normativa y falta de amortización de los anticipos, entre otras.  

Oaxaca de Juárez, Oax.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto durante los últimos años nueve denuncias penales en contra del gobierno de Oaxaca por haber incurrido en presuntos desvíos de recursos en los ejercicios fiscales 2013 y 2014, procedimientos que le fueron heredados a la hoy Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza, desde enero pasado, Alejandro Gertz Manero.

 

Entre las querellas destacan cinco por simulación de reintegros –falta administrativa tipificada la semana pasada como grave y digna de la suspensión de por vida del o los funcionarios involucrados-- y otras cuatro denuncias por anomalías encontradas en las cuentas públicas de aquellos años.

 

Las autoridades informaron que los procedimientos penales fueron abiertos debido a que el gobierno no solventó diversas observaciones hechas durante los procesos de fiscalización respectivos.

 

La Auditoría subrayó que la última denuncia presentada data del 27 de febrero de 2018, después de que el gobierno del estado no solventó observaciones hechas en la auditoría número 600 correspondiente a la Cuenta Pública 2013.

 

Al respecto, el ente informó que la fiscalización estuvo relacionada con la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) --canalizados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)--, donde se detectaron irregularidades por 47.3 millones de pesos.

 

Otra querella fue presentada el 31 de agosto de 2015, también relacionada con el FAEB y la Cuenta Pública de 2013, pero, ahora, por inconsistencias por  313 millones de pesos.

 

Una tercera denuncia fue presentada  el 28 de agosto de 2015 por irregularidades  por 94 millones de pesos halladas en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de la Cuenta Pública 2014.

 

Por ese caso, la auditoría 1024 determinó cuatro recomendaciones, una solicitud de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

 

El cuarto expediente penal fue abierto  el 29 de septiembre de 2012, debido a la no aclaración de inconsistencias por  947 millones 336 mil pesos detectadas en la auditoría 524 de la Cuenta Pública 2012, nuevamente relacionada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  (FAEB).

 

Entre 2012 y 2013, años que corresponden al sexenio de Gabino Cué Monteagudo, el IEEPO fue encabezado por Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán (2010-2012) y Manuel Antonio Iturribarría Bolaños (2012-2014).

 

A ellos, se suman cinco procedimientos más por el delito de simulación de reintegros, que fueron abiertos el 28 de agosto, 17 y 18 de septiembre y el 14 de octubre de 2014.

 

La simulación de reintegros de recursos consiste en que, posterior a que la ASF hace observaciones a los gobiernos estatales, referentes a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, los gobiernos locales reintegran en apariencia las cantidades observadas por la Auditoría.

 

Sin embargo, una vez que la Auditoría Superior de la Federación corrobora el depósito del dinero y determina como solventada la observación, los gobiernos vuelven a retirar los recursos destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoce.

 

Falta grave

El pasado 21 de marzo, el Pleno aprobó un dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para integrar la simulación de reintegro de recursos en el capítulo de faltas administrativas graves de los Servidores Públicos.

 

Establece que incurrirá en simulación de reintegro de recursos, el servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, órganos internos de control, o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado y, posteriormente, los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinados por disposición de ley.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso nueve denuncias penales en contra del gobierno de Oaxaca y que mantiene abiertas por haber incurrido en presuntos desvíos de recursos en los ejercicios fiscales 2013 y 2014.


Entre los procedimientos abiertos ante la Fiscalía General de la República (FGR) destacan cinco por simulación de reintegros y otras cuatro denuncias por anomalías encontradas en las cuentas públicas de aquellos años.


Las autoridades informaron que los procedimientos penales fueron abiertos debido a que el gobierno no solventó diversas observaciones hechas durante los procesos de fiscalización.

 

Oaxaca de Juárez, Oax.- El Gobierno de Oaxaca incurrió en inconsistencias por 467 millones 308 mil pesos al hacer uso de los recursos de los Programas y Fondos Federales de 2017--pertenecientes al Ramo 23--, canalizados al Programa de Agua Potable , Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) y a los fondos Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), Metropolitano (Fonmetro), Regional (Fonregión) y de Desastres Naturales (Fonden), reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Del total del monto observado, 228 millones 669 mil pesos corresponden a recursos de Proyectos de Desarrollo Regional y 213 millones 296 mil pesos al Fideicomiso de Administración y Pago denominado Fondo Regional; todos, relacionados con la ejecución de proyectos de obra pública que fueron cancelados o que por diversas anomalías no fueron ejecutados en tiempo y forma.

 

Además, la ASF detectó que las autoridades estatales, en medio de las protestas por la deficiente infraestructura educativa que prevalece en el estado, no comprometieron recursos autorizados por 82 millones 955 mil pesos con cargo al Fideicomiso 2003-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para el sector educativo federal y tampoco solicitaron su cancelación ante el mismo.

 

Algunas de las dependencias y entidades involucradas en las irregularidades son la Universidad de la Sierra Sur, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA),

 

Irregularidades, una por una

La Auditoría constató que dentro de los PDR la Secretaría de Hacienda ministró recursos por 369 millones 25 mil pesos para la realización de 58 proyectos de infraestructura; no obstante, al 31 de diciembre de 2017, sólo se acreditaron  recursos comprometidos por 140 millones 356 mil pesos, lo que arrojó una diferencia de 228 millones 669 mil pesos de los que no se comprobó su vinculación a compromisos y obligaciones formales de pago ni su reintegro, con rendimientos incluidos, a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

 

En su respuesta, enviada el 17 diciembre de 2018, el gobierno de Oaxaca  proporcionó copias de 27 contratos de obra pública por un importe de 79 millones 460 mil pesos; asimismo, informó que cinco proyectos de la cartera autorizada fueron cancelados, los cuales correspondían a Sinfra y que la diferencia restante de 149 millones 208 mil pesos eran recursos ministrados a los municipios, de los que se proporcionó copia de un ejemplo de un convenio de coordinación para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre el Gobierno de Oaxaca y Huajuapan de León.

 

La ASF, no obstante, una vez analizados los reportes estatales, indicó que no se acreditó el ejercicio de recursos de los 27 contratos adicionales y que, de igual manera, tampoco se acreditó el ejercicio del monto ministrado a los municipios, en razón de que no se proporcionó la documentación de soporte relativa a convenios formalizados con los ayuntamientos, transferencias de recursos y recibos de pago, entre otros.

 

Ante ello, el órgano fiscalizador reiteró que las autoridades estatales incurrieron en un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 228 millones 669 mil pesos.

 

 

Segundo caso

En el segundo caso, la Auditoría informó que en la revisión de los recursos asignados al Gobierno de Oaxaca con cargo al Fideicomiso de Administración y Pago denominado “Fondo Regional” (Fideicomiso), se observó que de los 352 millones 748 mil pesos ministrados, sólo se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago 282 millones 252 mil pesos mediante la celebración de 14 contratos de obra pública, de los cuales únicamente se  comprobaron recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2017 por 18 millones 301 mil pesos, mediante el otorgamiento de anticipos a cinco contratos, y se determinó una diferencia de 263 millones 951 mil pesos de los que no se acreditó su ejercicio o reintegro a la TESOFE.

 

En respuesta, las autoridades entregaron información en medio magnético relativa a pólizas, cuentas por liquidar certificadas, comprobantes de pago bancario SPEI, estados de cuenta, así como reintegros y oficios de autorización de prórrogas por parte de la SHCP de cinco ejecutoras y cédulas de pago de las 14 obras públicas observadas de la Universidad de la Sierra Sur, Sapao, CAO, CEA y Sinfra, por un importe de 161 millones 240 mil pesos divididos de la siguiente forma: 145 millones 316 mil pesos correspondientes a pagos realizados en las obras y 15 millones 924 mil pesos a reintegros de recursos no utilizados.

 

El gobierno estatal también sostuvo que el monto de la diferencia (191 millones 508 mil pesos) estaba pendiente de ejercer debido a la ampliación del plazo del calendario de ejecución de los proyectos por parte de la Secretaría de Hacienda al 31 de octubre de 2018.

 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF consideró parcialmente atendida la observación, pues si bien validó las erogaciones por 145 millones 316 mil pesos por pago de obras, resaltó que no hubo evidencia de que los 15 millones 924 mil pesos subejercidos hubieran sido devueltos a la Tesorería, además de que el estado no comprobó el ejercicio de otros 191 millones 508 mil pesos.

 

“Los oficios proporcionados para acreditar prórrogas al calendario de ejecución sólo amparaban la fecha de terminación de dos proyectos al 31 de octubre de 2018”, sentenció al pedir la aclaración o la devolución más intereses de 207 millones 432 mil pesos.

 

A los montos anteriores, se agregan otros 5 millones 864 mil pesos, más rendimientos, de recursos provenientes del Fideicomiso de Administración y Pago denominado Fondo Regional (Fideicomiso), que no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago y no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 9 millones 713 mil pesos por recursos no ejercidos por el Gobierno del Estado de Oaxaca del programa 146 "Ampliación y mejoramiento de la cobertura de agua potable".

 

Asimismo, 4 millones 462 mil pesos por concepto de trabajos inconclusos de dos pozos del contrato de obra pública relativos a la reposición de dos captaciones de agua en la localidad de Santa María Xadani; 8 millones de pesos  por concepto de trabajos inconclusos del contrato de obra pública relativo a la recuperación de caudal en dos galerías filtrantes en la localidad de Santo Domingo Tehuantepec; un millón 446 mil pesos para el arrendamiento de aulas temporales y 1 millón 329 mil pesos por incumplimiento de las especificaciones del arrendamiento de aulas temporales.

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobierno de Oaxaca´incurrió en inconsistencias por 467 millones 308 mil pesos al hacer uso de los recursos de los Programas y Fondos Federales de 2017--pertenecientes al Ramo 23--, canalizados al Programa de Agua Potable , Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) y a los fondos Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), Metropolitano (Fonmetro), Regional (Fonregión) y de Desastres Naturales (Fonden), reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Del total del monto observado, 228 millones 669 mil pesos corresponden a recursos de Proyectos de Desarrollo Regional y 213 millones 296 mil pesos al Fideicomiso de Administración y Pago denominado Fondo Regional; todos, relacionados con la ejecución de proyectos de obra pública que fueron cancelados o que por diversas anomalías no fueron ejecutados en tiempo y forma.

 

Además, la ASF detectó que las autoridades estatales, en medio de las protestas por la deficiente infraestructura educativa que prevalece en el estado, no comprometieron recursos autorizados por 82 millones 955 mil pesos con cargo al Fideicomiso 2003-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para el sector educativo federal y tampoco solicitaron su cancelación ante el mismo.

 

Algunas de las dependencias y entidades involucradas en las irregularidades son la Universidad de la Sierra Sur, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA).

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