Julio 16, 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- La marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que partió este viernes del Zócalo llegó a la Cámara de Diputados.

 

Los maestros inconformes se movilizaron en demanda de que se abrogue la actual reforma en materia educativa y para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla sus promesas de campaña con el magisterio.

 

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, los docentes de Oaxaca, Guerrero y Mochoacán, así como una comisión negociadora de la CNTE, serían recibidos por una comitiva de diputados y después evaluar si se reúnen con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dialogar sobre la reforma educativa actual.

 

En entrevista previa al inicio de la marcha, el vocero de la Sección 22 de la CNTE, Wilbert González, advirtió que si los diputados optan por "un albazo" al aprobar la nueva reforma educativa, harán un paro indefinido y que continuarán con los bloqueos.

 

De acuerdo con la gremial, más 40 mil docentes y activistas de diversas organizaciones llegaron ppara marchar y bloquear la Cámara de Diputados.

 

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad capitalina alertó a los ciudadanos sobre la marcha.

 

En su cuenta de Twitter @OVIALCDMX informó que la marcha avanza sobre Congreso de la Unión.

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados celebraron que se logró “el máximo consenso” en la aprobación del dictamen de la nueva reforma educativa.

 

La diputada del PRI, Cinthya López, secretaria de la Comisión de Educación, explicó en la sesión que votaron a favor porque se logró superar, modificar y mejorar la iniciativa del Presidente, e insistió en que “se recupera el corazón de la reforma de Enrique Peña Nieto”.

 

El diputado Felipe Macías, del PAN, expresó que su partido avaló el dictamen porque “no queremos a más líderes sindicales que manejan a los maestros y las plazas como un botín político”.

 

Sin embargo, aclaró que en el pleno se debe dejar muy clara la redacción del contenido del artículo transitorio XVI, para que “el acceso de los maestros a las plazas del servicio docente se dé mediante los mejores estándares de evaluación”.

 

Javier Salinas, del PRD, y Martha Tagle, de MC, adelantaron también su voto a favor del dictamen ante el pleno, aunque anticiparon que solicitarán “reservas” de modificación en lo particular, para poner “candados” al manejo y venta de plazas por las dirigencias sindicales.

 

Abril Alcalá, del PRD, celebró que “así es como se hacen las leyes, con audiencias, con la consideración de todos los partidos”.

 

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados analiza 385 solicitudes de juicio político que han sido presentados desde la Quincuagésima Novena Legislatura que inició en 2003 a la fecha.

 

La legisladora de Morena, Rocío Barrera Badillo, explicó que se trata de denuncias en contra de servidores públicos por el incumplimiento de funciones establecidas en la ley.

 

Resaltó que entre los expedientes que se revisan hay nombres como el del expresidente Enrique Peña Nieto y la ex titular de Sedeso y Sedatu, Rosario Robles, entre muchos otros, pero deberán establecer cuales casos ya precluyeron, es decir, ya perdieron vigencia para ser sancionados.

 

"Tenemos muchos nombres, desde el expresidente Enrique Peña nieto, Rosario Robles, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y muchos otros funcionarios y nos hemos dado a la tarea de revisar a cada uno de ellos para ver cuales ya precluyeron, porque hay funcionario que ha ni siquiera existen en los cargos que se mencionan en el juicio que se inició"

 

La diputada destacó que 90 de los 385 expedientes ya perdieron vigencia.

 

"Mira nosotros esperamos resolverlos lo más pronto posible, aproximadamente 90 de los 385 ya precluyeron, entonces tenemos que revisar de manera inmediata para hacer el análisis correspondiente y los predictámenes. Por antigüedad, porque ya no son funcionarios y porque algunos ya fallecieron".

 

La también presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, precisó que los expedientes se desahogarán en tres etapas: la primera correspondiente a la Quincuagésima Novena Legislatura, la segunda involucra los expedientes que están en proceso y en la tercera se revisarán los 29 casos que se han recibido en esta legislatura.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado para aprobar la Guardia Nacional busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola, advirtieron más de 300 organizaciones sociales.

 

Si la guerra contra las drogas ha terminado, no pueden constitucionalizarse sus causas y efectos. Hay que construir paz con evidencia y responsabilidad democrática, expuso el colectivo #SeguridadSinGuerra, al presentar una propuesta alternativa de dictamen para la creación de la Guardia Nacional, que asegure que se trata de una institución civil.

 

“Entendemos el problema de inseguridad y violencia que vive el país, pero estamos convencidos de que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso Alvarado, en la que se condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de tres personas a cargo de elementos del Ejército. Cualquier decisión sobre el uso de las Fuerzas Armadas debe darse dentro del marco constitucional vigente”.

 

Consideran que la discusión pública ha estado marcada por la simulación y la distorsión entre lo que está en la minuta y el discurso público, pues si bien es cierto que insistentemente se habla de la Guardia Nacional como un cuerpo civil, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar la Estrategia Nacional de Seguridad en el Senado y el texto de la reforma, establece claramente que el mando operativo, la jerarquía, disciplina, capacitación y nombramientos de la nueva institución será militar.

 

En un mensaje enviado a los senadores mencionan que el fuero militar, la capacitación y mando operativo a cargo de la Defensa Nacional, así como la intención de agregar un artículo transitorio que permita que las Fuerzas Armadas continúen haciendo labores de seguridad pública, tal y como hoy lo hacen y por tiempo indefinido, son algunos de los elementos más peligrosos de lo que se podría aprobar en los próximos días, en lugar de avanzar en lo que organismos nacionales e internacionales, como la CNDH, la CIDH, la ONU y cientos de organizaciones y expertos, han recomendado para construir el modelo de seguridad que el país necesita.

 

Las ONG agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra exhortan a que este tema se discuta y trabaje en un ejercicio de parlamento abierto, que no se ha dado aún en el Congreso, pues muestra de ello es la grave omisión a convocar a víctimas de los excesos de las Fuerzas Armadas.

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