Agosto 17, 2019

Oaxaca de Juárez, Oax.- Tras acusar que el proceso de selección comenzado en el Congreso del Estado carece de “equidad”, “imparcialidad” y “objetividad”, el exsubdirector técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y abogado Álvaro Jiménez Soriano renunció ayer a su aspiración de convertirse en el próximo presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

 

En una misiva, quien fuera secretario técnico de la desaparecida Comisión Estatal de Derechos Humanos denunció que el piso “no es parejo” para los competidores, pues 10 días después del cierre de la convocatoria --que arrojó el registro de 42 candidatos--, pudo percatarse de la “intromisión de intereses” que tienen el objetivo de influir en la decisión final del Congreso del Estado en relación al nombramiento de nuevo ombudsman.

 

Entre los personajes que aún permanecen en la contienda por hacerse de tal nombramiento, figuran el exvocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), César Mateos Benítez, fundador junto con los hermanos Flavio Sosa Villavicencio y Horacio Sosa Villavicencio de la organización Comuna-Oaxaca.

 

De hecho, de acuerdo con la postura de diversos activistas y líderes de organizaciones consultados al respecto, Mateos es la carta fuerte de Flavio Sosa, también uno de los líderes estatales de Morena, para ser impuesto como próximo defensor de los derechos humanos de la entidad.

 

Junto con Mateos, Sosa Villavicencio impulsa la candidatura de Flor Estela Morales Hernández.

 

Impugnan candidatura de actual visitador

Por su parte, el pasado 21 de marzo, una ciudadana, identificada como Adriana González Guzmán, impugnó la candidatura del actual visitador de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, otro de los principales aspirantes para asumir el puesto que actualmente ostenta Arturo Peimbert Calvo.

 

Rodríguez Ramos cuenta con el apoyo del obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, quien incluso, el pasado 15 de marzo, dijo que pediría al presidente Andrés Manuel López Obrador que intercediera por Rodríguez, para que éste asumiera la titularidad de aquel organismo.

 

Sin embargo, en el oficio presentado por Adriana González ante el Congreso de Oaxaca acusa al aspirante de no cumplir con los requisitos de la convocatoria, pues uno de ellos es claro al indicar que ninguno de los aspirantes “deberá haber desempeñado algún cargo público de mando superior en la administración pública federal, estatal o municipal durante los dos años anteriores al día de la designación”.

 

Ante ello, la impugnación indica que “como puede apreciarse en la página de transparencia de la propia Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Juan Rodríguez) aparece como Coordinador General de las Defensorías con un nivel 23, únicamente por debajo del actuar defensor, que es nivel 24”.

 

El documento argumenta, también, que el nivel como funcionario que actualmente ostenta Rodríguez es equiparable al de un magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al de un vicefiscal regional de la Fiscalía General del Estado o al de un subsecretario de cualquier Secretaría del Gobierno Estatal, por lo que pide su descalificación como aspirante.

 

Asimismo, el oficio, que fue puesto a disposición de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 Legislatura, pide la anulación de las candidaturas de Yarib Hernández García, Emilio de Gyves Montero y José Bernardo Rodríguez Alamilla, pues todos actualmente integran el Consejo Ciudadano de la DDHPO.

 

Durante hoy y mañana, los aspirantes deberán comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local con el objetivo de que sean calificados y continuar así con el proceso en vías de integrar la terna final de candidatos, que será puesta a disposición del Pleno para que de ahí surja el nuevo titular de la Defensoría.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Karla Irasema Quintana Osuna, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, luego de haber obtenido la calificación más alta de acuerdo con su perfil y experiencia.

 

Quintana Osuna fue elegida a propuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de una terna donde también estaban como finalistas: Leonor de Jesús Figueroa, extitular de la Unidad de Apoyo a Migrantes de la PGR y Juan López Villanueva, director de Promoción y Vinculación del programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

La nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, egresada de las licenciaturas en Derecho y Lenguas y Literatura Hispánicas de la máxima casa de estudios del país.

 

Obtuvo el grado de Maestría en estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard.

 

Ocupó la dirección general de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; fungió como profesora del Seminario Derecho Constitucional III en el ITAM.

 

Karla Irasema Quintana Osuna fue electa como jurista experta internacional para fungir como Amicus Curiae ante las salas de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

 

De 2009 a 2013, fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desempeñó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana.

 

Previamente, trabajó en la vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial (2008-2009) y se desempeñó como abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004-2007).

 

Asimismo, fue tutora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Ha publicado diversos artículos e impartido conferencias en materia de derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que el Gobierno interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el bloqueo de las vías del tren en Michoacán que mantienen los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

 

"Les informo que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Instruí al consejero jurídico (Julio Scherer Ibarra) que presentará la queja ante la Comisión por violación a los derechos humanos, para que la comisión recomiende qué se debe hacer", señaló.

 

Los bloqueos, que este viernes, llegaron a 24 días, generan pérdidas por mil millones de pesos al día, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

 

El presidente pidió a la CNTE aclarar el porqué se mantienen los bloqueos después de que el 31 de enero se acordara levantar el bloqueo de las vías del tren en Michoacán.

 

"A mi me gustaría que la CNTE de Michoacán aclarara este asunto si es la organización o no, que ellos informen", señaló.

 

Alrededor de 2 mil 400 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de un universo de alrededor de 32 mil que iniciaron las protestas, mantienen bloqueados dos tramos de sistema ferroviario de Michoacán.

 

En la comunidad indígena de Caltzontzin, bastión de la CNTE, menos de dos mil maestros mantienen el bloqueo a las vías.

 

Otro de los puntos en el que la CNTE tiene presencia es en el municipio de Pátzcuaro, en donde las vías son obstaculizadas por alrededor de 400 maestros de la región lacustre.

En medio de un absoluto rechazo al proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional de corte militar, académicos, organizaciones civiles, la CNDH y la ONU pidieron a los diputados de Morena “frenar, revisar y corregir” el dictamen, aprobado ya en comisiones.

 

Al participar en las audiencias públicas organizadas en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, propuso “el establecimiento inmediato de un grupo de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública”.

 

“Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero no se establece claramente una ruta en sentido contrario”, insistió.

 

Alejandro Hope, especialista y consultor en seguridad, pidió a legisladores que “regresen este proyecto y busquen otro diseño”.

 

Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el esquema propuesto “es incompatible con el actual estado constitucional”, y advirtió que la propuesta “hará más difícil volver a militares a sus cuarteles”.

 

María Elena Morera, de Causa en Común, acusó que “es ofensivo y una burla cómo Morena quiere engañar a la gente, cuando se insiste en decir que no se trata de una militarización y que es lo contrario”.

 

Alejandro Madrazo, del CIDE, criticó, al que calificó de “una simulación, una farsa y una payasada”. Añadió que “la Constitución no se diseña para un hombre, sino para un país”.

 

El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo a los legisladores que la opción militar “debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida y subordinada a las corporaciones civiles; y esta propuesta no responde a estos requisitos”.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Siete de los ocho activistas que han sido asesinados en Oaxaca en lo que va de 2018, se dedicaban a la defensa de la tierra y el territorio contra la implementación de megaproyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos, entre otros, alertó la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

 

Ante ello, la directora adjunta de la agrupación, Yésica Sánchez Maya, demandó a las autoridades estatales cesar el clima de omisión y hostilidad hacia los activistas, luego de que el propio gobierno se ha negado a atender sus exigencias de justicia y a responder a diversas medidas de protección emitidas por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

“Está sobre la mesa que (las víctimas son) gente que está haciendo defensa de tierra y territorio. Recordemos que en Oaxaca hay una apuesta por los parques eólicos, la minería y la explotación de recursos naturales y son ellos los que están siendo asesinados”, denunció Sánchez, en entrevista.

 

“En 2017 hubo algunas ejecuciones, pero ahora se ha disparado el tema de personas que están haciendo defensa de tierra y territorio”, reiteró la también abogada feminista.

 

Amenazan a familia de activista asesinado

 

Sánchez también acusó que los funcionarios del área de seguridad del gobierno estatal, en referencia a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se han negado a brindar protección a las familias de las víctimas.

Como ejemplo, citó que los allegados de Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) asesinado el 25 de octubre, han recibido amenazas directas de muerte sin que hayan recibido algún tipo de resguardo a pesar de estar enterados de los hechos.

 

De acuerdo con la versión otorgada por Sánchez, las últimas amenazas se registraron el jueves de la semana pasada, cuando un grupo de desconocidos localizó el lugar donde los deudos del activista se refugian desde el día de la ejecución y les advirtieron que también ellos serían ultimados.

 

Antes de morir, Castillo defendía la preservación de la playa y el río Copalita, ubicado en el municipio de Santiago Astata.

 

“Emitimos una alerta; la CNDH emitió medidas cautelares al gobierno del estado y no pasó nada y, ahora, tuvimos incidentes fuertes… incluso, tuvimos que gestionar el ingreso (de los familiares) al Mecanismo Nacional de Protección, frente al tema de que (las autoridades) no hicieron caso a la petición de la CNDH”.

--¿Qué fue lo que sucedió?

--Tuvieron una situación donde los amenazaron que los iban a matar.

--¿Fue una amenaza directa?

--Directamente.

--¿Esto fue en su comunidad (de origen)?

-- En donde están ellos resguardados, después de la muerte de Noel. Justo por miedo se pusieron en un lugar de resguardo y, al final del día, siguen las amenazas y los hostigamientos.

>Es grave poner sobre la mesa que no importa la vida de la gente, indicó.

La directora de Consorcio lamentó el “desdén” de las autoridades, que no se han puesto en contacto con las personas agraviadas “para decir nos preocupa (el caso)”.

Reiteró que el gobierno debe tomar cartas “serias” en “la crisis que tiene en las manos” y no continuar actuando “con esta soberbia de no mirar y de no generar el proceso de concertación que Oaxaca requiere para poder garantizar la vida de quienes hacen la defensa de los derechos humanos”.

 

Gobierno omiso

De los ocho activistas que han sido ejecutados en este año, siete se dedicaban a la defensa de la tierra y el territorio.

 

El 12 de febrero fueron emboscados Alejandro Antonio Díaz, Ignacio García Ventura y Luis Ángel Martínez –todos miembros de Codedi--, cuando viajaban a bordo de una camioneta sobre la carretera federal 175 tras participar en una reunión con autoridades en la ciudad de Oaxaca.

 

Codedi es una organización social con sede en la región de la Costa que, de acuerdo con datos hemerográficos, en sus casi 20 años de lucha se ha enfocado en tres principales ejes: la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos humanos de las comunidades indígenas, frente a proyectos extractivistas.

 

La agrupación nació durante el sexenio del gobernador José Murat, padre del actual mandatario, Alejandro Murat.

 

El 17 de julio, Abraham Hernández González, coordinador regional del Codedi, fue asesinado en San Pedro Pochutla, en la Costa, y, luego, el 25 de octubre, se suscitó el asesinato de Noel Castillo Aguilar.

 

Por otra parte, el 25 de julio, fue ultimado a balazos en Juchitán de Zaragoza, Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón.

 

Crispín López se desempeñaba como policía comunitario de Álvaro Obregón, agencia municipal de Juchitán, comunidad que desde 2012 se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, ahora llamada Eólica del Sur, de capital español.

 

Los seis personajes mencionados anteriormente, se sumaron a Calixto Pedro Guillermo, otro militante de la Sección 22 de la CNTE y defensor de las comunidades indígenas, quien fue asesinado a machetazos el 10 de octubre en San Juan Guichicovi, en el Istmo de Tehuantepec.

 

El 15 de enero de 2018 fue asesinado Mario Vallejo García, integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la región del Istmo de Tehuantepec de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien participaba en las discusiones para materializar la expulsión de algunos exdirigentes de la gremial.

 

Este último es el único de los activistas que no estaba relacionado con labores sobre la defensa de la tierra.

 

Es de resaltar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos giró medidas cautelares a favor de Codedi –que acumula cinco integrantes muertos--, pero el gobierno estatal no ha acatado la resolución, según las aseveraciones del Consorcio para el Diálogo Parlamentario.

 

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