Agosto 17, 2019

La FGR busca que Robles sea vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público

 

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol en el sexenio pasado, el delito de ejercicio indebido del servicio público.

 

Dicha acusación, por la que la FGR busca que Robles sea vinculada a proceso, derivó del caso de la llamada "Estafa Maestra", mecanismo mediante el cual, según denuncias, fueron desviados millones de pesos mediante universidades.

 

La solicitud de audiencia fue emitida el pasado 25 de julio y en ella, la FGR señaló al juez que como víctima indirecta del delito por el que busca imputar a Rosario Robles debe ser notificado el Auditor Superior de la Federación a través de su representante jurídico, Hilario Elías.

 

La audiencia será el 8 de agosto a las 11 de la mañana.

¿Quién es Rosario Robles?

María del Rosario Robles Berlanga colaboró con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano cuando era jefe de gobierno.

También fue presidenta del Partido de la Revolucionario Democrática (PRD).

 

Rosario Robles formó parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 

Ante señalamientos, Peña Nieto dijo a Robles en un evento público en 2013: "Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones, pero nosotros en este gobierno tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre".

A 100 días de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara operaciones, el organismo dio este lunes un mensaje a medios en el que se abordaron temas sobre el caso Odebretch, Ayotzinapa, Veracruz y la 'Estafa Maestra'.

Odebrecht

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo sobre Odebrecht que en 60 días se judicializará el caso por delincuencia organizada. Añadió que se tienen elementos de prueba en este caso.

"Este caso tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza lo inició la Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2017, y hasta la fecha no había dado resultado alguno, razón por la cual la fiscalía ha tenido que reponer en buena parte todo este procedimiento con base en información recuperada recientemente.

"En un plazo que no pase de 60 días se habrá de empezar a judicializar este asunto bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada", explicó.

Al ser cuestionado sobre la estructura financiera utilizada para supuestamente transferir recursos a través de Pemex, Gertz Manero explicó que en la administración pasada un procurador dijo que ya se tenía terminado el caso, pero que no estaba judicializado.

También mencionó estar a favor de transparentar carpetas de investigación sobre el caso.

La empresa brasileña Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014.

'Estafa Maestra'

Sobre la 'Estafa Maestra', el fiscal general dijo que el caso será reestructurado pues en la administración pasada no se investigó como se debía.

" Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible delito de Estado que fue encubierto en su momento posiblemente por instancias públicas en ó de lo cual se procederá a investigar esta hipótesis", afirmó.

"Yo he visto de todo, asuntos que se plantearon sin la suficiente fuerza procesal para poder mostrar una vinculación real. Debemos ser muy cuidadosos para que en próximas vinculaciones tengamos claro de dónde vino el problema, si estuvo mal denunciado, mal integrado, o si el juez está aplicando mal la ley", abundó.

'La Estafa Maestra' fue una investigación periodística, publicada en 2017 en Animal Político, que reveló el supuesto desvío de aproximadamente 7 mil 600 millones de pesos por parte del Gobierno federal a través de diversas empresas fantasma y contratos irregulares con secretarías federales e incluso universidades públicas.

Ayotzinapa

En cuanto a la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural 'Isidro Burgos' de Ayotzinapa, anunció que la fiscalía trabajará en forma conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las familias de los estudiantes.

"La FGR propuso al presidente de dicha comisión (CNDH) apoyarse en esa investigación en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la CNDH y esta fiscalía reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y de encubrimiento", abundó.

Gertz Manero dijo que hace semana y media la fiscalía recibió el informe de la CNDH, y que la lectura de este les llevó una semana.

"Una vez que terminamos la lectura, hablamos con el presidente de la comisión para decirle que era una investigación muy bien planteada y que debíamos tomarla en cuenta con todos los demás elementos de prueba. Lo que necesitamos ya es formar un equipo con todos los elementos para que podamos de inmediato darle solución a esto", añadió.

Retraso en averiguaciones y Tlahuelilpan

Otro de los temas que el fiscal tocó fue la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero pasado. Gertz Manero aseguró que se logró identificar a quienes convocaron a la población al sitio y a quienes fueron responsables del incendio a través de testimonios de vecinos y peritajes.

El fiscal general también informó que existe un rezago injustificado en al menos 300 mil averiguaciones y carpetas sin resolver.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas rescató a 338 inmigrantes centroamericanos, que eran transportados en cinco autobuses de pasajeros, y detuvo a 15 personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley de Migración.

 

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), tras recibir una denuncia en la que se señalaba que un grupo de hombres trasladaba migrantes por caminos de terracería, informó la FGR en un comunicado.

 

Señaló que los elementos dieron cumplimiento a un oficio de investigación y se trasladaron al tramo carretero Tecpatán-Raudales Malpaso, para la búsqueda y localización de las personas denunciadas.

 

Como resultado de lo anterior, aseguraron tres radios de comunicación, una computadora portátil y seis teléfonos celulares, así como cinco autobuses de pasajeros y tres vehículos particulares que posiblemente custodiaban los vehículos pesados que llevaban a 181 adultos y 157 menores de edad, entre ellos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y un cubano.

 

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa la integración de la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de violación a la Ley de Migración.

 

Mientras que los migrantes recibieron atención integral, médica y psicológica, y fueron enviados al Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Chiapas, para el trámite administrativo correspondiente.

Notimex.- El líder del Frente Nacional Petrolero, Sergio Carlos Morales Quintana, acudió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) a ratificar la denuncia contra el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, por el delito de administración fraudulenta y lo que resulte.

 

La denuncia fue interpuesta el 27 de febrero pasado por fraude a las finanzas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

 

Luego de casi dos horas de permanecer en la Agencia 18 Investigadora de la FGR, Carlos Morales acusó de nueva cuenta al exlegislador de no haber transparentado e informado del destino de las cuotas sindicales, así como de los recursos que otorgó el gobierno federal.

 

El líder del Frente confió en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y su compromiso por el combate a la corrupción puedan hacer valer los derechos gremiales.

 

El denunciante aseguró que cuenta con el apoyo de las 36 secciones del STPRM y sostuvo que tiene el compromiso con el gobierno federal y Petróleos Mexicanos para rescatar la industria con productividad, competitividad y rentabilidad para el mejoramiento de las instalaciones de la empresa productiva del Estado.

Oaxaca de Juárez, Oax.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto durante los últimos años nueve denuncias penales en contra del gobierno de Oaxaca por haber incurrido en presuntos desvíos de recursos en los ejercicios fiscales 2013 y 2014, procedimientos que le fueron heredados a la hoy Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza, desde enero pasado, Alejandro Gertz Manero.

 

Entre las querellas destacan cinco por simulación de reintegros –falta administrativa tipificada la semana pasada como grave y digna de la suspensión de por vida del o los funcionarios involucrados-- y otras cuatro denuncias por anomalías encontradas en las cuentas públicas de aquellos años.

 

Las autoridades informaron que los procedimientos penales fueron abiertos debido a que el gobierno no solventó diversas observaciones hechas durante los procesos de fiscalización respectivos.

 

La Auditoría subrayó que la última denuncia presentada data del 27 de febrero de 2018, después de que el gobierno del estado no solventó observaciones hechas en la auditoría número 600 correspondiente a la Cuenta Pública 2013.

 

Al respecto, el ente informó que la fiscalización estuvo relacionada con la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) --canalizados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)--, donde se detectaron irregularidades por 47.3 millones de pesos.

 

Otra querella fue presentada el 31 de agosto de 2015, también relacionada con el FAEB y la Cuenta Pública de 2013, pero, ahora, por inconsistencias por  313 millones de pesos.

 

Una tercera denuncia fue presentada  el 28 de agosto de 2015 por irregularidades  por 94 millones de pesos halladas en la ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de la Cuenta Pública 2014.

 

Por ese caso, la auditoría 1024 determinó cuatro recomendaciones, una solicitud de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

 

El cuarto expediente penal fue abierto  el 29 de septiembre de 2012, debido a la no aclaración de inconsistencias por  947 millones 336 mil pesos detectadas en la auditoría 524 de la Cuenta Pública 2012, nuevamente relacionada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  (FAEB).

 

Entre 2012 y 2013, años que corresponden al sexenio de Gabino Cué Monteagudo, el IEEPO fue encabezado por Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán (2010-2012) y Manuel Antonio Iturribarría Bolaños (2012-2014).

 

A ellos, se suman cinco procedimientos más por el delito de simulación de reintegros, que fueron abiertos el 28 de agosto, 17 y 18 de septiembre y el 14 de octubre de 2014.

 

La simulación de reintegros de recursos consiste en que, posterior a que la ASF hace observaciones a los gobiernos estatales, referentes a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, los gobiernos locales reintegran en apariencia las cantidades observadas por la Auditoría.

 

Sin embargo, una vez que la Auditoría Superior de la Federación corrobora el depósito del dinero y determina como solventada la observación, los gobiernos vuelven a retirar los recursos destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoce.

 

Falta grave

El pasado 21 de marzo, el Pleno aprobó un dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para integrar la simulación de reintegro de recursos en el capítulo de faltas administrativas graves de los Servidores Públicos.

 

Establece que incurrirá en simulación de reintegro de recursos, el servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, órganos internos de control, o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado y, posteriormente, los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinados por disposición de ley.

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