Agosto 17, 2019

Oaxaca de Juárez, Oax.- Un cáncer financiero azota desde hace varios años a los estados y municipios de México, lo que se ve reflejado en altos niveles de endeudamiento y pago de obligaciones, así como un descontrolado crecimiento de la nómina y aumento de la cartera de pasivos de corto plazo, alertó la directora de la organización civil México Evalúa, Edna Jaime Treviño.

 

Licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que si bien no es el caso de todos los estados, el promedio nacional exhibe que la nómina estatal se quintuplicó en los últimos 20 años, mientras que la inversión estatal sólo creció 40 por ciento en el mismo periodo.

 

En un análisis publicado en el sitio web de la agrupación que dirige, la activista indicó que la carga de pasivos a corto plazo de los gobiernos estatales son especialmente provocados por el pago de maestros, universidades públicas y contratistas.

 

En más al respecto, la investigadora señaló que los ingresos propios de las entidades están estancados y “la dependencia hacia el erario federal” sigue siendo un lastre para el fortalecimiento de las finanzas locales, al tiempo que elimina los incentivos para que los estados asuman mayores responsabilidades.

 

“Ante esta situación, los fondos federales se transfieren sin promover un cambio de ruta, sino todo lo contrario: se asume la misma lógica que no logró superar las debilidades y rezagos”, reprochó.

 

Jaime Treviño se pronunció a favor de una nueva reforma fiscal, como lo prevé la Secretaría de Hacienda (SHCP) a mediados del actual sexenio, a fin de realizar los ajustes necesarios que permitan mejores ingresos para el financiamiento público.

 

Entre los aspectos en los que la sociedad deberá exigir cambios, subrayó, resalta el sistema de coordinación fiscal, entre federación y estados, pues éste se debe actualizar bajo una nueva lógica: generar los ingresos públicos.

 

“Eso no puede seguir siendo una responsabilidad casi exclusiva de la federación. Es momento de impulsar mayor independencia fiscal de los erarios locales, lo que supone que la federación quiera ceder control, algo nada fácil de lograr y menos en estos momentos”, consideró.

 

Por otro lado, agregó que es momento de que los gobiernos locales asuman su responsabilidad, “lo que implica que se comprometan a reducir los fuertes rezagos institucionales, exhibidos como falta de auditorías independientes, ausencia de un mínimo de buenas prácticas para contratación pública, inexistencia de sistemas de inversión pública y hasta de reordenación territorial para el cobro efectivo del impuesto predial, en el caso de los municipios”, sentenció.

 

Caso Oaxaca

De 2010 a 2019, el gobierno de Oaxaca aumentó en 856 millones de pesos su gasto en el pago de salarios, prestaciones y bonos para la burocracia, al pasar de 3 mil 539 millones de pesos, en 2010, a 4 mil 396 millones de pesos, en 2019.

 

Según datos otorgados por la Secretaría de Finanzas (Sefin), el incremento equivale al 24.1 por ciento del presupuesto de 2010 a favor de empleados de confianza, del régimen por honorarios y de base; estos últimos, aglutinados en el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).

 

Sin embargo, si únicamente se contempla el periodo de 2010 a 2018, el aumento ascendió a mil 933 millones de pesos, equivalente a un incremento de 54.6 por ciento en sueldos y prestaciones; no obstante, las autoridades realizaron un ajuste a la baja de mil 76 millones de pesos este año y canalizaron esos recursos al pago de deuda pública.

 

Deuda, de 37 mmdp

El año pasado, el Congreso del Estado de Oaxaca, controlado por el frente Morena-PES-PT, autorizó al gobierno estatal gastar en 2019 un total de 3 mil 891 millones 926 mil pesos para el pago de deuda pública.

 

El 27 por ciento de esos recursos; es decir, mil 51 millones 901 mil pesos, serán utilizados únicamente para cubrir los intereses generados por los financiamientos, se precisa en la página 13 del Presupuesto de Egresos de Oaxaca, avalado el pasado 27 de diciembre por el Poder Legislativo.

 

Cuentas opacas

De acuerdo con versiones periodísticas, los 12 mil millones de pesos que, hasta el año pasado, el gobierno estatal reconocía como deuda pública sufrieron un incremento de 25 mil millones de pesos, luego del refinanciamiento efectuado por la Secretaría de Finanzas y cuyos contratos le fueron otorgados a los bancos Santander y a Banobras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Karla Irasema Quintana Osuna, como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, luego de haber obtenido la calificación más alta de acuerdo con su perfil y experiencia.

 

Quintana Osuna fue elegida a propuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de una terna donde también estaban como finalistas: Leonor de Jesús Figueroa, extitular de la Unidad de Apoyo a Migrantes de la PGR y Juan López Villanueva, director de Promoción y Vinculación del programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

La nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, egresada de las licenciaturas en Derecho y Lenguas y Literatura Hispánicas de la máxima casa de estudios del país.

 

Obtuvo el grado de Maestría en estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard.

 

Ocupó la dirección general de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; fungió como profesora del Seminario Derecho Constitucional III en el ITAM.

 

Karla Irasema Quintana Osuna fue electa como jurista experta internacional para fungir como Amicus Curiae ante las salas de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

 

De 2009 a 2013, fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desempeñó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana.

 

Previamente, trabajó en la vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial (2008-2009) y se desempeñó como abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004-2007).

 

Asimismo, fue tutora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Ha publicado diversos artículos e impartido conferencias en materia de derechos humanos.

© 2018 www.encuentroradiotv.com