Julio 19, 2019

Luego de aplicar el plan de austeridad dentro del Senado de la República, la nómina del órgano legislativo tiene un grupo de élite de 97 personas que percibe sueldos brutos mensuales mayores a los 100 mil pesos.

 

Los salarios asignados van desde 14 mil 587 pesos, el más bajo, hasta 151 mil 33 pesos, el más alto. De la nómina, que se compone de mil 310 empleados, 63 ganan 143 mil 297 pesos como sueldo bruto mensual y nueve cobran 148 mil 549.

 

Entre esos nueve están activos políticos como Juan Manuel del Río Virgen, de Morena, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política.

 

Hay otro grupo de 32 empleados que gana 143 mil 867 pesos brutos al mes. Entre ellos están los exdiputados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y Juan Pablo Adame Alemán, del PAN.

 

También se observa a Gilberto Francisco Encinas, excoordinador de campaña de López Obrador en San Luis Potosí, con sueldo de 143 mil 867 pesos; y Sergio Ramírez Robles, actual director general de Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN, con 143 mil 867 pesos.

 

Así de austeros

La nómina del Senado se compone de mil 310 empleados que perciben sueldos brutos mensuales que van desde los 14 mil 587 pesos, hasta:

151 mil 33 pesos, para los secretarios generales de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos.

148 mil 549 pesos, nueve empleados, entre ellos activos políticos.

146 mil 427 pesos, el coordinador del Cuerpo Técnico Profesional.

143 mil 867 pesos, 32 personas adscritas a los grupos parlamentarios.

143 mil 297 pesos, ganan otros 63 trabajadores.

 

Políticos, parte de élite salarial en el Senado

Pese a las medidas de austeridad, 97 empleados de la Cámara alta ganan entre 100 mil y hasta 151 mil pesos brutos.

 

Una vez aplicada la austeridad, el Senado se quedó con una élite salarial de 97 empleados con percepciones mensuales de al menos 100 mil pesos brutos, entre ellos 63 que ganan 143 mil 297 al mes y nueve que cobran 148 mil 549 pesos brutos, incluidos activos políticos como Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano; Juan Pablo Adame Alemán, del PAN y Juan Manuel del Río Virgen, de Morena.

 

De acuerdo con la nómina del Senado, que incluye mil 310 empleados con un sueldo mínimo mensual de 14 mil 587 pesos brutos para sólo tres empleados y un salario máximo mensual de 151 mil 33 pesos para los secretarios generales de servicios Parlamentarios, Arturo Garita, y Administrativos, Mauricio Farah, hay también un grupo de 32 empleados con un sueldo bruto mensual de 143 mil 867 pesos, que están adscritos a los grupos parlamentarios.

 

Es en ese listado de salarios de 143 mil 867 pesos brutos mensuales donde se pueden ver los nombres de los exdiputados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y a Juan Pablo Adame Alemán, del PAN, mientras que en el grupo de funcionarios del Senado de alto nivel jerárquico está Juan Manuel del Río Virgen, con un ingreso mensual bruto de 148 mil 549 pesos, al ser el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, y a Gerardo Villanueva Albarrán, adscrito a la Mesa Directiva, con un salario mensual bruto de 143 mil 867 pesos.

 

Rodolfo Rubén Islas Ramos fue senador suplente de Luis Sánchez, en la LXIII Legislatura; hoy es parte de los trabajadores de grupos parlamentarios que tienen ingresos mensuales brutos de 143 mil 867 pesos.

 

Con un ingreso mensual de 146 mil 427 pesos está también Sergio Alejandro Durán Álvarez, coordinador del Cuerpo Técnico Profesional y quien fuera parte de la comisión de elección de los candidatos de Morena en el proceso electoral del año pasado.

 

De igual forma, está Federico Anaya Gallardo, coordinador de la Consultoría Jurídica, quien gana 148 mil 549 pesos brutos mensuales y quien fue abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ayer Excélsior informó que en el área que dirige existen seis empleados que carecen de experiencia profesional en el ámbito del derecho parlamentario, incluso algunos no tienen título, pero son parte de los asesores de los senadores en la materia.

 

En el grupo de los activos políticos de los diversos partidos políticos representados en el Senado se observa a Gilberto Francisco Encinas Espejel, quien fuera el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, que ahora es parte de los empleados del grupo parlamentario de Morena, donde obtienen ingresos mensuales brutos de 143 mil 867 pesos.

 

También con un salario mensual bruto de 143 mil 867 pesos está José Rodrigo Ávila Carrasco, quien fue el representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); hoy trabaja en la Mesa Directiva. Además, Marcos Alejandro Gil González, quien ha ocupado varios cargos en Morena de la Ciudad de México.

 

Pero, además de activos partidistas, en el listado del grupo de empleados de altos salarios adscritos a los grupos parlamentarios existen quienes han colaborado de cerca con algunos grupos políticos, como Sergio Ramírez Robles, actual director general de Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN, quien obtiene un salario de 143 mil 867 pesos brutos. Él fue el vocero del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, muerto en diciembre pasado.

 

Y Rodrigo Ávila Barreiro, quien trabajó con Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación y ahora es secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez.

 

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, aclaró que su partido propondrá formalmente “que desaparezca todo el Consejo General del INE y no sólo reducirlo”.

 

En entrevista con El Financiero, el legislador y exrepresentante de Morena ante el INE respondió a las críticas de Lorenzo Córdova y de los partidos de oposición, y sostuvo que “es falso y lo aclaro: Morena no quiere controlar a los órganos electorales ni quiere imponer a nadie. Morena no quiere poner a las autoridades electorales, pero tampoco quiere que otros partidos lo sigan haciendo y que sigan poniendo a los consejeros electorales”.

 

“Nosotros, para empezar, lo que vamos a proponer es cambiar todo el andamiaje y cambiar los métodos; que desaparezca el Consejo General de INE, no sólo reducirlo. Propondremos convertir al INE en lo que siempre debió haber sido: un organismo técnico y no político. Debe ser técnico e imparcial”, explicó.

 

“Ya no debe haber consejeros electorales que estén representando hipócritamente a los partidos. ¡Ya basta de máscaras!”, acusó.

 

Por todo lo anterior, detalló también que en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión “no hay hasta el momento una iniciativa formal propia de Morena de reforma electoral, y las que se han presentado son sólo parciales y a título personal”.

 

“La que queremos la prepararemos todos los partidos en la mesa de negociaciones”, dijo.

Y para que no queden dudas –insistió–, “queremos que en lugar del Consejo General haya un nuevo órgano técnico, que sea una Junta General Ejecutiva, con empleados técnicos, con las personas más y mejor capacitadas, con base en una lista elaborada por un Comité Técnico especializado”.

 

Y aunque expresa que éstos deben ser aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados, remarca: “que sean con base en una lista de los mejor preparados para cada área, con un examen tipo el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ya no a propuesta de los partidos”.

 

Sobre el planteamiento de desaparecer a los órganos electorales estatales, OPLES, comparte que no tiene sentido su existencia, porque la Constitución dice que el INE tiene las facultades para hacer esa tarea, sólo parece que están hechas a la carta y el INE decide cuándo sí y cuándo no, qué parte sí y qué parte no”.

 

Morena planteará también –adelantó– que el Registro de Electores “debe mudar del terreno electoral al de registro de personas. El organismo debe ser independiente”.

Integrantes de la fracción de Morena en el Congreso federal impulsan una iniciativa para suprimir los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y concentrar sus funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), ante el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de tener procesos electorales más austeros.

 

De acuerdo con el proponente, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, tal medida tendría un impacto positivo en las medidas de austeridad del gobierno federal, ya que, en 2019, se dejarían de erogar más de 9 mil millones de pesos.

 

Gutiérrez Luna detalló que su propuesta plantea modificar los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución, para eliminar los órganos locales electorales e instaurar el principio de austeridad en el presupuesto de los órganos autónomos como el INE.

 

Puntualizó que la iniciativa fue presentada el pasado siete de marzo y tiene el objetivo de generar austeridad en materia electoral; incluso al desaparecer los OPLEs, con lo cual los estados tendrían “muchos más recursos para poder realizar obras o destinarlos a la gente que realmente lo necesita”.

 

El también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales argumentó que desaparecer los institutos electorales locales “sería viable, ya que el INE ha demostrado capacidad para poder instalar casillas electorales en cualquier parte del país, además de que es en la actualidad la máxima autoridad en materia electoral”.

 

La iniciativa se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó este viernes la resolución del partido Morena de expulsar al diputado Cipriano Charrez Pedraza.

El pasado 24 de abril, la Cámara de Diputados ordenó el retiro del fuero constitucional a Charrez por su presunta responsabilidad de los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena.

Tras la decisión, el morenista quedó separado de su cargo y quedaba sujeto a la jurisdicción de los tribunales correspondientes, explicó en abril Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja.

Con el fallo, la Sala Superior del tribunal ordena a la Comisión Nacional de Honestidad de Morena que emita una nueva resolución que se ajuste a los estatutos del partido, "pues la que dictó no lo justifica debidamente conforme a la normativa interna de Morena", expone un comunicado publicado este viernes.

Esta resolución del TEPJF no constituye la absolución de Charrez, sino que se devuelve plenitud de jurisdicción a Morena para que determine lo que en derecho corresponda en un plazo de 15 días hábiles, indica el boletín.

La Sala Superior da 15 días hábiles a Morena para este propósito. La nueva resolución de Morena tendrá que exponer los motivos suficientes para demostrar que los hechos que se le atribuyen a Charrez son sancionables de acuerdo con la normativa interna.

De ser el caso, deberá probarse la infracción de la que se le inculpa e imponer una sanción conforme al estatuto interno.

El 21 de marzo, la Comisión Nacional de Honestidad de Morena determinó la suspensión de los derechos partidistas de Charrez por un año, la inmediata destitución de cualquier cargo al interior del partido y la separación de la bancada de Morena en la Cámara baja.

Charrez es señalado por haber provocado la muerte de un joven en un accidente automovilístico ocurrido en octubre de 2018, en Ixmiquilpan, Hidalgo.

Por este incidente, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo solicitó a la Cámara baja iniciar el procedimiento para retirar el fuero constitucional a Charrez.

Diputados federales de Morena, que simpatizan con la CNTE, proponen que los maestros no tengan más de 20 alumnos en cada salón, pero que si es imposible atender esto por la excesiva demanda, les pongan un profesor auxiliar adjunto.

 

A través de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, maestra en Quintana Roo y líder de organizaciones civiles y ciudadanas simpatizantes de la CNTE, Morena presentó en tribuna una iniciativa de reforma a los artículos 12 y 33 de la Ley General de Educación.

 

En el artículo 12 sugieren “establecer mecanismos para la mejor distribución del número de alumnos por aula en cada uno de los niveles y modalidades educativas.

 

“Evidenciamos la necesidad de que la proporción de alumnos por profesor disminuya de manera paulatina y que los grupos en el nivel básico se conformen con un máximo de 20 alumnos por docente, y en los casos en que sea imposible atender esto por la excesiva demanda, se considere un profesor auxiliar adjunto de manera permanente”.

 

Y en el 33, que la autoridad desarrolle “planes y estrategias de inclusión, para la equidad y calidad a partir de la atención individualizada de los alumnos que enfrenten mayores barreras para el aprendizaje, que contemplen la proporción de alumnos por maestro y el número de alumnos por aula”.

 

Exponen que aunque el sistema durante muchos años no definió una norma en cuanto a la proporción de alumnos por maestro en los diferentes niveles, es hasta el ciclo escolar 2018-2019 en que la SEP definió una normativa para la formación de grupos de nivel básico, que señala que durante el turno matutino y tiempo completo el grupo estará conformado por un mínimo de 25 alumnos, y durante el turno vespertino por 15, autorizando la conformación de grupos con un máximo de 40 estudiantes”, según la actual “Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios De Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuela Públicas en la Ciudad de México”.

 

Sin embargo, argumentan que en Estados Unidos el criterio es que para grupos de niños de cuatro y cinco años se deben tener, como máximo, diez alumnos por docente; sin embargo, la conformación de estos no debe ser mayor de veinte alumnos, al menos que haya dos maestros o una docente y un auxiliar por grupo.

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