Junio 26, 2019

Entre protestas y exigencias de renuncia, comparece Fiscal

Vasconcelos Méndez tuvo que valerse de diversas tácticas para que la arremetida en su contra no fuese tan evidente. / HUGO VELASCO Vasconcelos Méndez tuvo que valerse de diversas tácticas para que la arremetida en su contra no fuese tan evidente. / HUGO VELASCO

Oaxaca de Juárez, Oax.- Entre protestas de familiares de víctimas de feminicidio y exigencias de renuncia ante su incapacidad para resolver los crímenes que se han registrado en la entidad, el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez compareció ayer ante el Pleno del Congreso del Estado.

 

A pesar de los señalamientos que recaen en su contra por la falta de castigo que prevalece en diversos hechos violentos registrados durante los últimos años, el titular del órgano autónomo afirmó que durante su gestión se han reducido los niveles de impunidad, pues la entidad pasó del lugar 31 al 12 dentro de ese rubro en el ámbito nacional, además de que los casos de feminicidio disminuyeron de 51 a 29.

 

Ante la inconformidad de los allegados de Ivanna Mingo, la joven estilista que murió en octubre de 2018 en un percance automovilístico provocado por Alfredo Delgado Cervantes, hijo de la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rebeca Cervantes, así como la condena de la periodistas Soledad Jarquín Édgar, madre de la fotorreportera María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada a tiros junto con la excandidata a concejal  por Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán, Vasconcelos resaltó que esta entidad pasó de ubicarse, en 2017, en el cuarto lugar nacional por la cantidad de feminicidios registrados, al número 10 el año pasado.

 

Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre el estatus que guardan las investigaciones por los crímenes y agresiones registradas en agravio de defensores de los derechos humanos, así como la desaparición del abogado Enrique Sernas, el funcionario no respondió.

 

Para contrarrestar los señalamientos por inacción y negligencia que le fueron hechos, dijo que a inicios de 2017, antes de que asumiera el puesto, el índice de resolución de casos de homicidio era excesivamente bajo.

 

“Estamos trabajando para que estas tasas aumenten considerablemente y lo vamos consiguiendo. En 2018 obtuvimos 148 órdenes de aprehensión. Tenemos procesados a 133 homicidas. Obtuvimos 17 sentencias condenatorias”, justificó.

 

Aumentan homicidios

Sin embargo, reconoció que entre 2017 y 2018 el número de homicidios aumentó 7.4%, con un total de 984 carpetas de investigación abiertas, lo que colocó a esta entidad en el onceavo lugar nacional.

 

Ante los reproches por los altos índices delictivos que se han registrado durante los últimos meses, sin que exista castigo en contra de los responsables, argumentó que “yo no hago las leyes ni soy juez para tomar las resoluciones definitivas”.

 

Luego, argumentó que  las fiscalías “no se les puede achacar el incremento de los delitos, lo que se les puede reclamar es no dar respuesta a los casos de que conocen.

 

“Las fiscalías no prevenimos delitos, les damos respuesta. No tenemos como función la seguridad ciudadana, sino el combate a la impunidad. Contribuimos a la seguridad ciudadana y a la prevención del delito combatiendo la impunidad (que rebasa el 90%)”.

 

Llevó porra

A pesar de la defensa hecha de su labor, Vasconcelos Méndez tuvo que valerse de diversas tácticas para que la arremetida en su contra no fuese tan evidente.

 

Una de ellas fue llevar su propia porra al Salón de Plenos.

 

De acuerdo a personal de la dependencia, se les pidió acudir a la Cámara de Diputados a brindar el apoyo al funcionario.

 

Con ello, la mayoría de las oficinas de esa instancia estuvieron cerradas, por lo que no se les brindó atención a los ciudadanos.

 

En el acceso principal de las instalaciones del Poder Legislativo también  fueron cerradas por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), quienes exigen justicia por los casos de Bety Cariño y Jiri Jaakola.

 

Abandonan sesión

Luego de tres horas de audiencia, diputados del PRI y Morena decidieron abandonar el recinto, lo que benefició al funcionario, quien pudo salir de la sede del acto sin que se llevara a cabo la última ronda de cuestionamientos por parte de los legisladores.

 

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