Oaxaca de Juárez, Oax.- La Secretaría de Salud del Gobierno federal reiteró este 27 de febrero que cuatro muertes ocurridas en Oaxaca estaban siendo investigadas ante la posibilidad de que hayan sido provocadas por dengue, toda vez que los hoy extintos  reportaron síntomas de la enfermedad.

     

    La dependencia informó que, al cierre de la octava semana epidemiológica, en la  entidad habían sido confirmados 20 casos de aquel padecimiento; sin embargo, resaltó que se estima que existan 550 casos probables, los cuales están en proceso de ser corroborados.

     

    Hasta el momento, en Oaxaca han sido documentados nueve pacientes con dengue no grave, ocho con dengue con signos de alarma y tres con dengue grave.

     

    En lo que se refiere al ámbito nacional, el gobierno subrayó  que en lo que va del 2020 en México se han notificado 45 defunciones por probable dengue, de las cuales una se ha confirmado, 39 se encuentran en estudio y cinco se han descartado.

     

    La defunción confirmada corresponde al estado de Colima, mientras que las defunciones en estudio corresponden a los estados de Tabasco, con nueve; Chiapas, con cuatro; Guerrero, con cuatro; Oaxaca, con cuatro; Veracruz, con cuatro; Campeche, con dos; Jalisco, con dos;  Quintana Roo, con dos; Sonora, con dos;  Colima, con una; Guanajuato, con una; Morelos, con una; Sinaloa, con una; Tamaulipas, con una, y Yucatán, con una.

     

    Asimismo, señaló que las defunciones descartadas corresponden a Veracruz,con tres, y Jalisco, con dos.

     

    Por número de casos confirmados, Veracruz ocupó al cierre del reporte el primer lugar nacional, con un total de 397 pacientes, seguido de Tabasco, con 185; Guerrero, con 110; Quintana Roo, con 165; Jalisco, con 102; Yucatán, con 91; Nayarit, con 86; Chiapas, con 56; Tamaulipas, con 31, y  Campeche, con 24.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- De los 2 mil 457 municipios que existen en todo el país, mil 899 ayuntamientos son encabezados por hombres y 510 por mujeres, esta última cifra equivalente al 20.7 por ciento del total, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al dar a conocer el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (CNGMD) 2019.

     

    En el caso de Oaxaca, 71 mujeres permanecen al frente de los 570 ayuntamientos en que se divide la entidad, 52 de ellas encabezan cabildos integrados a partir  del sistema de partidos políticos y 19 por el de usos y costumbres, de acuerdo con cifras actualizadas al 2020 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)..

     

    Mientras tanto, el Inegi, en más de la CNGMD, refirió que los ayuntamientos de todo el país se integraron por 20 mil 138 síndicos y regidores, de los cuales el 52 por ciento fueron hombres y 47.8 por ciento fueron mujeres.

     

    Aunque los resultados fueron dados a conocer este 27 de febrero, es de resaltar que el Censo contempla datos del año 2018.

     

    Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía notificó que los municipios mexicanos y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México albergaron a un total de 45 mil 146 instituciones de administraciones públicas municipales , que contaron con 1 millón 21 mil 962 servidores públicos adscritos.

     

    Lo anterior, abundó, representa un promedio de 22.6 servidores públicos por cada institución; de ese personal, 64.6 por ciento fueron hombres y 35.1 por ciento fueron mujeres.

     

    En relación con las disposiciones normativas con las que dispusieron los municipios o demarcaciones territoriales para la prestación de servicios públicos, solo 709 municipios contaron con reglamento de mercados, tianguis y centrales de abasto, 659 contaron con reglamento de cementerios y panteones, 550 con reglamento de vialidad y transporte, 454 con reglamento de rastro, 389 con reglamentos de calles, parques y jardines y 283 con reglamento de servicio de alumbrado público.

     

    Por su parte, 1 mil 54 municipios o demarcaciones territoriales reportaron haber sufrido algún siniestro, desastre o emergencia, siendo incendios de todo tipo el de mayor frecuencia.con 92 mil 70 casos; “otros fenómenos socio-organizativos”, con 82 mil 774, y accidentes aéreos, marítimos o terrestres, con 62 mil 802.

     

    En ese sentido, se detalló que, en 2010, mil 620 municipios contaron con un plan o programa de protección civil, y al cierre de 2018, el número disminuyó a 944.

     

    En el ámbito de seguridad, apuntó que al cierre de 2018, se registró un total de 175 mil 755 personas destinadas a funciones de seguridad pública en las administraciones públicas municipales. De acuerdo con el tipo de organización policial, 128 mil 728 elementos pertenecían a la policía preventiva.

     

    Por otra parte, se indicó que en el año de referencia se registró un total de 224 policías municipales que fallecieron en cumplimiento de sus funciones. De acuerdo con su distribución, 91.1 por ciento fueron hombres y 8.9 por ciento mujeres. Entre los eventos más frecuentes destaca que 36.2 por ciento falleció en enfrentamientos con bandas de la delincuencia organizada.

     

    Otro siete por ciento de policías de municipales perecieron cuando perseguían a presuntos delincuentes, el 5.4 por ciento en patrullajes inherentes a su labor, 3.6 por ciento falleció cuando efectuaba labores de vigilancia vial, 2.7 en actos de linchamientos y otro 2.7 por ciento en riñas.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Al considerar que los menores de edad son las personas más vulnerables en el contexto de violencia actual, fue remitida al Pleno del Senado de México una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a emitir un protocolo homologado de búsqueda, y a la Fiscalías federales y locales del país a realizar acciones de investigación inmediata en los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes.

     

    El documento resalta que es alarmante que hoy más de 11 mil menores estén desaparecidos en nuestro país, representando el 23 por ciento de las víctimas de este delito”.

     

    “Las cifras reflejan claramente que el Estado mexicano ha fallado en realizar su función principal por la niñez y la juventud mexicana, que es brindar seguridad e integridad, violando otros derechos humanos como la libertad, el trato digno, la vida, la familia, entre otros que también están relacionados al fenómeno de la desaparición”, lamentó la proponente, Nancy de la Sierra.

     

    Ante ello, calificó como urgente que Ministerios Públicos y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas corrijan su actuación a partir de hoy, mediante la cual se esperan 72 horas para considerar a una persona como desaparecida e iniciar la búsqueda.

     

    Esa dilación, explicó la legisladora, se práctica a raíz de omisiones del Estado, ante eso las fiscalías plantean que la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, establece en el artículo 86, que las autoridades que reciban la denuncia de una desaparición deberán implementar las acciones que corresponden inmediatamente, de conformidad con el protocolo correspondiente.

     

    En segundo lugar, abundó, la Comisión Nacional de Búsqueda de personas lleva un año de retraso sin publicar el protocolo homologado de búsqueda al que se refiere esta ley, que "sin lugar a duda es el instrumento fundamental para encontrar a las y los desaparecidos".

     

    La falta de este protocolo no debe excusar a las fiscalías de atender las denuncias y a tiempo, señalo, pero deben reconocer la importancia de este documento para definir que son estas acciones de búsqueda lo que la ley menciona en primer lugar.

     

    Mencionó que las y los expertos han señalado que en casi todo México, lamentablemente, replican este terrible hábito ineficiente que se ha convertido en cómplice de la desaparición de las personas.

     

    A nivel internacional, subrayó, estos criterios se han superado, adoptando protocolos de búsqueda que indican que las primeras 48 horas son las más importantes para encontrar con vida a las personas desaparecidas.

     

    La proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Gobernación.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Oaxaca terminó el 2019 con un déficit de 36 mil 109 plazas de trabajo formal, que no fueron generadas por los sectores productivos de la entidad y que eran necesarias para garantizar el combate al rezago entre la población, informó la plataforma ¿México, cómo vamos?

     

    Aquella medición, elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco),  indicó que en el estado era necesario crear 38 mil 600 plazas de trabajo durante los 12 meses del año pasado; sin embargo, al 31 de diciembre, únicamente fueron contabilizados 2 mil 491.

     

    Ante esa situación la plataforma, que involucra, según el IMCO, a 40 especialistas en economía y política pública, dio a Oaxaca una calificación de semáforo rojo, al generar “menos del 75 por ciento de la meta”.

     

    México, ¿cómo vamos? indicó durante la mayor parte de 2019 el indicador de generación de empleos en Oaxaca permaneció con cifras negativas, pues aunque durante el primer trimestre del año reportó la generación de 2 mil 77 plazas de trabajo, en el segundo trimestre se llegó a registrar la pérdida de 4 mil 957 de empleos y en el tercero la cifra negativa permaneció en 4 mil 523.

     

    Finalmente, Oaxaca concluyó con una cifra positiva de 2 mil 491 fuentes de trabajo generadas en el último trimestre del año, pero lejos de la meta que ascendía a 38 mil 600.

     

    Antecedentes

     

    Entre el primero y el segundo trimestres de 2019, en Oaxaca se perdieron 7 mil 34 plazas de trabajo formal, una cifra nunca antes vista durante los últimos 21 años, confirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del gobierno federal.

     

    Tras un arranque de año en el que el número de trabajadores afiliados al Seguro Social pasó de 214 mil 766, en enero, a 217 mil 568, en marzo, las cifras comenzaron a precipitarse durante abril y mayo, y, finalmente, registraron la pérdida de más de 7 mil puestos de trabajo en los que se ofrecían prestaciones de ley, para ubicarse en un total de 210 mil 534 empleados asegurados al término de junio.

     

    La tendencia negativa continuó durante julio pasado, pues hubo una nueva caída, hasta llegar a los 209 mil 506 puestos de trabajo.

     

    Al comienzo del 2019, precisó la STyPS, el número de trabajadores afiliados al Seguro Social era de 214 mil 766; en febrero, la cifra aumentó a 215 mil 412; en marzo, ascendió a 217 mil 568; no obstante, en abril, se redujo a 216 mil 976; en mayo, registró una nueva contracción, al pasar a 216 mil 706, y finalmente, en junio, se precipitó a 210 mil 534 trabajos formales.

     

    La dependencia cuenta  únicamente con datos históricos  a partir del segundo semestre de 1997.

    La Secretaría del Trabajo informó que en 2018 en Oaxaca se vivió un fenómeno similar de pérdida de empleos formales, cuando entre marzo y julio, desaparecieron 6 mil 512 puestos de trabajo que ofrecían afiliaciones al IMSS.

     

    La cifra de 2018, se mantenía como el peor récord de las últimas dos décadas.

     

    En otro antecedente, entre abril y junio de 2005, se perdieron 4 mil 980 empleos formales, cuando la cifra pasó de 151 mil 341 puestos a 146 mil 361.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por Óscar González Yáñez (PT), aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que sea falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual.

     

    El documento precisa que México tiene históricamente un problema de violencia de género que durante muchos años ha reforzado entre sus habitantes actividades discriminatorias que han propiciado actitudes machistas.

     

    Menciona que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48 por ciento de los presuntos culpables de violencia de género se encuentran laborando en la actualidad; hay carpetas abiertas hasta por 358 funcionarios públicos.

     

    El dictamen incluye una fracción XIV al artículo 7, para establecer que los servidores públicos deberán prevenir, sancionar y erradicar en el ámbito de sus competencias, y en su actuar, cualquier acción que propicie violencia de género, justificando en todo momento sus acciones con un enfoque de perspectiva de género.

     

    Adiciona el artículo 64 ter, para establecer que será responsable el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, realice actos de hostigamiento y acoso sexual.

     

    Se entenderá por hostigamiento o acoso sexual, lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

     

    Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones llegaran a advertir actos u omisiones que pudieran constituir hostigamiento o acoso sexual, serán castigados en los mismos términos cuando realicen deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

     

     También, agrega el artículo 64 quáter, el cual precisa que tendrá responsabilidad administrativa el servidor público que dilate, obstaculice o impida de manera injustificada la implantación de la alerta de género, en términos de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

     

    La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez (Morena) precisó que este dictamen deriva de dos iniciativas de Morena, una del PRI y otra del Congreso de Durango, y su propósito es que la violencia de género sea expuesta; es decir, que el problema sea visibilizado y difundido.

     

    Gloria Romero León, diputada del PAN, expresó que el dictamen recoge cuatro iniciativas para ampliar el tema de cómo se defiende y protege la vida de las mujeres, en particular de las que son víctimas de violencia de género.

     

    La diputada Beatriz Rojas Martínez resaltó que estas iniciativas hacen evidente la necesidad de dar elementos jurídicos para atender de manera urgente la violencia de género en todos los ámbitos. “Están normalizado las conductas machistas en los servidores públicos y es necesario evidenciar la violencia de género”. 

     

    José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, dijo estar a favor de este dictamen que le hará justicia a muchas mujeres trabajadoras del país, que acudían ante una autoridad o una instancia a demandar a su jefe inmediato “y recibían el comentario de que no había figura ni delito qué perseguir”.

     

     

     

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) rechazó la propuesta echa este miércoles ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) por Rectoría, en busca de que el sindicato  concluya la huelga que estalló el pasado primero de febrero.

     

    El Comité de Huelga de la organización señaló que la Administración Central intentó dar respuesta a 50 de las 57 violaciones al contrato colectivo de trabajo denunciadas por el STEUABJO y, además, se comprometió a otorgar las 30 basificaciones que había ofrecido para concluir la huelga de 2019 y que, a la fecha, no ha liberado.

     

    Sin embargo, el Comité resaltó que Rectoría se mantuvo en la tónica de no otorgar ninguna basificación para 2020 con el argumento de la existencia de un convenio de austeridad con el gobierno federal, por lo que el ofrecimiento no fue aceptado.

     

    En su primera intentona oficial por acabar la huelga, luego de una serie de reuniones extraoficiales, la Universidad propuso incrementos desde ocho hasta 12 pesos en prestaciones no ligadas al salario.

     

     

    El STEUABJO señaló que fuera de las 50 respuestas entregadas por la Administración Central, las autoridades universitarias no habían hecho pronunciamiento alguno sobre la revisión de su Contrato Colectivo ni sobre las cláusulas de nueva inclusión, que es a lo que Rectoría se opone al considerar que las exigencias del sindicato son exageradas, pues según el abogado general de la UABJO, incluye, entre otras demandas, la adquisición de una ambulancia para el sindicato y el otorgamiento de becas desde preescolar hasta estudios de doctorado para los trabajadores y sus familiares

     

    El martes 25 de febrero, el sindicato huelguista acusó al rector, Eduardo Bautista Martínez, de ser el principal responsable de que las banderas rojinegras estén a una semana de cumplir un mes desplegadas en todas las instalaciones.

     

    A través de un pronunciamiento divulgado por redes sociales, la agrupación señaló que la Administración Central ha violentado 57 cláusulas estipuladas en su contrato colectivo de trabajo, así como otros acuerdos signados con anterioridad, lo que ha provocado que el diálogo permanezca suspendido.

     

    “Pareciera no importarle nuestra comunidad estudiantil y, por ende, la estabilidad en nuestra alma mater, ya que a 25 días de estallada la huelga en este gremio sindical continúa con la cerrazón, encajonado en el discurso del convenio de austeridad, con anexos de ejecución y convenios financieros (firmados con el gobierno federal)”, señaló el sindicato.

     

    Luego, recriminó que si la universidad oaxaqueña en verdad cumplieran los acuerdos que firma con autoridades y sindicatos “hoy no tendríamos 57 violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, así como a los convenios celebrados años atrás y que vienen plasmados dentro de nuestro pliego petitorio y es por lo cual hasta el día de hoy nos mantenemos en huelga, ante la falta de seriedad y responsabilidad por parte de esta patronal”.

     

    Asimismo, la organización calificó como una mentira el hecho de que la UABJO no pueda negociar ninguna mejora a sus condiciones contractuales, pues aseguró que, al igual que la universidad oaxaqueña, otras instituciones del país firmaron convenios de austeridad con el gobierno federal, pero éstas sí respondieron de manera satisfactoria a las peticiones de sus sindicatos.

     

    “En otras universidades del país también firmaron estos convenios (de austeridad)  con las mismas instancias; sin embargo, han cumplido con sus trabajadores y en este año firmaron convenios en los que les otorgan lo mismo que nosotros, en legítimo derecho, hoy estamos demandando”.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Pobladores de Santa María Teopoxco acusaron este miércoles a los poderes Ejecutivo y Legislativo de ser los responsables de las protestas y bloqueos que han llevado a cabo en diversos puntos de la zona metropolitana  durante los últimos meses, toda vez que ni la Secretaría General de Gobierno (Segego) ni la Cámara de Diputados de Oaxaca han cumplido los acuerdos signados, a pesar de que ambas instancias, según la versión otorgada,  han respaldado la desaparición de poderes en aquella población de la región de la Cañada.

     

     

    Representantes de los ciudadanos inconformes, quienes el martes pasado efectuaron bloqueos en la ciudad de Oaxaca e irrumpieron violentamente en las instalaciones de Ciudad Administrativa, en el municipio conurbado de Tlalixtac de Cabrera, afirmaron que desde octubre pasado notificaron a Segego y al Congreso un acuerdo tomado por la asamblea de la comunidad por medio del cual la alcaldesa, la priista Susana Alvarado, y el resto de su Cabildo, serían destituidos por haber ejecutado de manera irregular alrededor de un millón de pesos de los recursos que le fueron ministrados a esa comunidad el año pasado.

     

     

    Uno de los representantes del grupo inconforme, Álvaro Sánchez, que ayer acudió a la sede del Congreso, refirió que desde octubre pasado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo fueron notificados de la decisión de la población, sobre el desconocimiento de sus autoridades y la aceptación de éstas de ser removidas.

     

     

    Sánchez indicó, incluso, que el tres de diciembre de 2019, las autoridades de Teopoxco comparecieron ante la Comisión de Gobernación de la 64 Legislatura, donde reafirmaron su intención de renunciar al puesto ante las inconformidades de la ciudadanía.

     

     

    "En ese entonces, pidieron que se les permitiera ejercer su periodo de lo que es 2019, que terminaran el año para concluir su periodo fiscal", subrayó.

     

     

    "Un diputado les dijo que su periodo concluía el 31 de diciembre hasta las 23:59 horas y que de ahí vinieran (al Congreso local) y ratificaran lo que habían dicho (en la reunión del tres de diciembre), pero no sucedió", explicó.

     

     

    Apuntó que, un mes después, el cinco de enero, ante la falta de cumplimiento del acuerdo,  la comisión de representantes convocó a una nueva reunión  en su natal Teopoxco, donde fijaron el nueve de enero como nuevo plazo para que la edil y su Cabildo viajaran a San Raymundo Jalpan y dimitieran de manera formal ante el Poder Legislativo.

     

     

    El representante de la población indicó que su comitiva sí viajó a los Valles Centrales para atestiguar la renuncia de la edil; sin embargo, ella nunca compareció ante los diputados, lo que ocasionó, de nueva cuenta, la molestia de la población 

     

     

    "Al no ver la respuesta de la presidenta, el pueblo poco a poco ha ido acrecentando  los ánimos", acusó.

     

     

    El hombre afirmó que en Santa María Teopoxco actualmente priva la ingobernabilidad, pues no existe la dotación de servicios básicos y el Cabildo no da respuestas a las exigencias de la población.

     

     

    "La semana pasada, nos organizamos como pueblo y acudimos a la Segego, pues es la única (dependencia) que tiene la facultad de mandar a citar a la presidenta municipal. Le notificamos al licenciado Quintero (de Segego) que ojalá y fuéramos recibidos por una comisión (el martes 25 de febrero) y él recibió los mensajes y las llamadas de que sí nos iban a esperar. En la mañana (del martes 25), se le avisó que veníamos acercándonos a la ciudad de Oaxaca  para que nos sentáramos a platicar". No obstante dijo que al arribar a Ciudad Administrativa no fueron recibidos.

     

     

    "Estuvimos dos horas esperando y fue cuando los ánimos de caldearon y subieron de tono. Penetramos a las instalaciones de Ciudad Administrativa y fue cuando llegó un grupo de 80 policías y nos quisieron agredir. En lugar de que las autoridades se presentaran, mejor mandaron a la policía a repeler a la multitud", sostuvo en entrevista.

     

     

     

    "El gobierno no nos escucha. La Secretaría General de Gobierno siempre nos ha mentido con que le van a hablar a la presidenta, cosa que no ha sucedido".

     

     

    Por su parte, la normativa local establece que los cargos de representación popular son irrenunciables, salvo la voluntad del funcionario por situaciones graves o por ser sometido a un procedimiento judicial.

     

     

    A su vez, la Comisión de Administración de Justicia del Congreso, que encabeza la morenista y representante de la región de la Cañada, Elisa Zepeda ha catalogado el caso como un hecho de violencia política en contra de la munícipe.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La Fiscalía General del Estado confirmó que en Oaxaca, durante los últimos tres años, han sido asesinadas un total de 402 mujeres, de los cuales 115 hechos están siendo indagados como feminicidios y el resto como homicidios dolosos.

     

    Asimismo, el fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, señaló que en lo que va de 2020 y a 15 días de que se realice el paro nacional de mujeres, convocado para el nueve de marzo, en la entidad han sido asesinadas 25 ciudadanas, por cuyos casos se han comenzado 22 indagatorias por homicidio doloso y tres por feminicidio.

     

    En el caso de los 115 feminicidios registrados en Oaxaca --57 en 2017, 29 en 2018 y 29 en 2019--, el abogado del estado señaló que en el 80 por ciento las parejas sentimentales de las hoy extintas se perfilan como los autores materiales de los crímenes.

     

    Vasconcelos Méndez señaló que de los 29 feminicidios documentados en 2017, el 80 por ciento se encuentran judicializados; es decir, los presuntos responsables ya están siendo procesados, mientras que de los casos de 2018, el 60 por ciento se encuentran en la misma condición.

     

    “No es el trabajo de una institución, es el trabajo del Estado Mexicano, del Estado oaxaqueño, en donde todos debemos participar; lo importante es que las instituciones actuemos y que no haya en el caso del sistema de justicia, impunidad”, indicó, al respecto.

     

    “La gran mayoría de estos feminicidios se cometen dentro de los hogares. Hemos encontrado indicios de que son las personas más cercanas a las mujeres las que ocasionan este tipo de violencia”, resaltó el funcionario. 

     

    Asimismo, en torno a casos como el de la niña Fátima, de siete años, quien fue secuestrada, vejada y asesinada en la Ciudad de México, dijo que en Oaxaca existen alrededor de 600 indagatorias por violaciones y alrededor de 680 por casos de abuso sexual, de las cuales, el 65 y 70 por ciento corresponden a hechos donde las víctimas son niños y adolescentes.

     

    “La Fiscalía tiene prioridades en la persecución penal de delitos. Hemos dejado de gastar dinero, recursos, en delitos de bagatela; hemos concentrado los escasos recursos que tenemos en ese tipo de delitos (feminicidio, violación, abuso sexual). Estamos concentrando a la Fiscalía para esos delitos”, afirmó.

     

    “Desapariciones forzadas de mujeres no tenemos; desapariciones por particulares tenemos dos casos en lo que va de este año y 16 en lo que va de los últimos tres años”, añadió, cuestionado sobre otro de los temas vigentes en la agenda nacional.

    Oaxaca de Juárez, Oax.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adelantó que en marzo próximo podrían implementarse operativos coordinados entre los gobiernos de Guerrero, Chiapas y Puebla a fin de blindar las zonas limítrofes entre aquellas entidades y Oaxaca en busca de aminorar la incidencia delictiva.

     

    El titular de la dependencia, Ernesto Salcedo Rosales, indicó que el gobierno estatal intentará emular la estrategia actualmente implementada en los límites entre Veracruz y Oaxaca, en la región de la Cuenca del Papaloapan, donde las corporaciones policiacas de ambas entidades, así como el gobierno federal, incluido el Ejército, han reforzado la vigilancia a lo largo de 16 municipios.

     

    Según la dependencia, luego de la Cuenca, es prioritario atender las zonas limítrofes con Guerrero (en la región de la Costa), y, posteriormente, con Puebla (región de la Mixteca).

     

    Sin precisar una fecha, el funcionario señaló que estas acciones podrían implementarse a partir del mes de marzo, aunque solamente reportó que las autoridades oaxaqueñas habían sostenido reuniones con representantes de Puebla.

     

    “Con Puebla hicimos una reunión operativa el año pasado. Ello nos ha permitido intercambiar alguna información del C5 de ellos y C4 nuestro y despliegues coordinados en una ruta carretera donde se presentan muchos robos a transporte.

     

    “En este ejercicio que traemos con Veracruz, requerimos de más de 300 elementos y más de 50 vehículos adicionales a los que están de manera normal en la región, eso es sólo la primera parte del acuerdo que tuvimos con Veracruz…”, apuntó.

     

    --¿Cuál es la fuerza total estimada para ser enviada a la Cuenca?

     

    --Son esos 300 policías en 16 municipios; en un mes vamos  a medir los resultados y, luego, a relanzar o replantear (la estrategia).

     

    --¿Se requerirán otros 300 elementos para Puebla, Guerrero y Chiapas (por cada estado)?

     

    --No, necesariamente, habría que revisar la logística y la necesidad.

     

    --¿Cuál es la prioridad de los operativos, qué zonas?

     

    --Ahora la prioritaria es la Cuenca, por Veracruz; la segunda, me parece que Guerrero y Puebla. Puebla tiene una actividad específica, que es robo en carretera y hay un tramo específico: de Tehuacán hacia Oaxaca, hacia Putla.

     

    >Está más focalizado, sólo el robo. En la Cuenca y la Cañada son diversas actividades delictivas, igual que en la Costa, aunque en la Costa se dispersa más  la incidencia delictiva en los municipios por la misma geografía de la región.

     

    Sobre la existencia de diversos videos que circularon en redes sociales durante el fin de semana, donde se aprecia a un grupo de hombres armados colocando una manta en las inmediaciones del monumento a la Flor de Piña, Salcedo justificó que ésta incursión se dio debido a que la cantidad de elementos en la zona se redujo porque varios de ellos efectuaron un traslado a la ciudad de Oaxaca.

     

    “En Loma Bonita hubo una intervención de las fuerzas armadas y las fuerzas estatales de seguridad y hubo siete personas detenidas, presuntos integrantes de un grupo delictivo.  Esas personas fueron trasladadas en un operativo muy importante a la capital del estado; como jalamos mucho personal hacia acá, de algún modo esas personas vieron la oportunidad de salir al centro de la ciudad y colocar esa manta.

     

    “Cuando recibimos la información de la presencia, reagrupamos el operativo en Tuxtepec, salieron a patrullar y esas personas ya se habían ido de Tuxtepec; no generaron ningún incidente más.

     

    Oaxaca de Juárez, Oax.- Durante los primeros 31 días de 2020, en Oaxaca fueron documentados un total de mil 37 robos en sus diversas modalidades, un promedio de 33 denuncias cada 24 horas, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

     

    El organismo precisó que se documentaron 209 robos de vehículos automotor, 133 robos a casa habitación, 171 robos a transeúnte en la vía pública, 111 robos a negocios y 340 ilícitos tipificados como “otros robos”.

     

    Durante los últimos cuatro años, entre 2016 y 2019, el delito de robo en Oaxaca sufrió un incremento del 32 por ciento, al pasar de 9 mil 919 casos documentados por la Fiscalía General del Estado a 13 mil 153 registrados hasta el pasado 31 de diciembre.

     

    El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que el incremento de aquel ilícito se ha mantenido en aumento constante, sin visos de reducción o estabilidad de las cifras.

     

    El organismo, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, refirió que en 2016 fueron reportados ante las instancias de procuración de justicia un total de 9 mil 919 hurtos, en sus diversas modalidades, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 10 mil 887; en 2018, pasó a 12 mil 541 y, finalmente, el año pasado, se ubicó en 13 mil 153.

     

    El Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que entre 2016 y 2019 el aumento en el número de robos fue de 3 mil 234 casos; es decir, un alza de 32 por ciento.

     

     

     

    Página 1 de 22