La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no puede ser legisladora”, en referencia al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone invalidar parcialmente la reforma judicial, en particular la elección de jueces y magistrados.
En su conferencia matutina, afirmó que “los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales”, frente al hecho de que el proyecto de resolución del ministro atiende acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que señaló que “hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país”.
La mandataria se pronunció por esperar la votación del proyecto por el pleno el próximo jueves, pero insistió en que los ministros de la SCJN “conocen lo que estoy diciendo, todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro”.
El ministro González Alcántara plantea en su proyecto declarar la inconstitucionalidad de la elección por vía voto popular de jueces y magistrados, pero mantendrá la elección de ministros a fin de dar fin a la “crisis constitucional”.
“Se declina conocer de ese régimen (elección de ministros) en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”, explicó el ministro en su sentencia.
El proyecto propone declarar la invalidez de la figura de los jueces sin rostro, la supresión de los amparos con efectos generales, y la elección por voto popular de jueces y magistrados. Sin embargo, se mantendrá la elección de los integrantes de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Además de la posible invalidación de la elección de jueces federales y magistrados, el ministro también propone declarar la inconstitucionalidad de la renovación total de los poderes judiciales locales, esto es, que los jueces estatales no sean removidos y sustituidos por otros electos por la vía del voto popular.
El ministro González Alcántara aclara que el análisis de la reforma judicial surgió de que hay una violación a los principios constitucionales y una “grave afectación a la democracia constitucional” y, haciendo eco del discurso presidencial en contra del Poder Judicial de la Federación, asegura que los privilegios que se busca mantener son las garantías de imparcialidad e independencia en el cargo.
