México. En los primeros cuatro meses de la presente legislatura, diputados de Morena presentaron tres iniciativas en materia electoral para reducir el financiamiento a partidos políticos, plebiscito o referéndum a reformas constitucionales y el endurecimiento de sanciones penales a quienes presionen a electores de pueblos originarios.
A más de cinco años de que Mario Delgado, entonces coordinador de la bancada de Morena, propuso una reducción de 50% a las prerrogativas a los partidos políticos, que en la actualidad representarían unos 3 mil 500 millones de pesos, Rafaela Vianey García Romero, diputada de ese partido, planteó que la cifra recortada sea sólo de 120 millones de pesos.
Dicho monto disminuiría, explicó en su iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de noviembre pasado, con la modificación de la fórmula para asignar las prerrogativas con base en la lista nominal y no en el padrón electoral, que tiene más personas registradas.
“Sirva como sustento que tan sólo el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con corte al 7 de noviembre de 2024 fue de 100 millones 523 mil 721, en comparación con los 98 millones 825 mil 323 ciudadanos que forman parte de la lista nominal”, explicó García Romero.
La diputada de Morena de 2021 a 2024 resaltó que el financiamiento a los partidos políticos, “ha tenido un incremento de casi 26%, lo cual representa un monto aproximado de mil 358 millones 835 mil 100 pesos”.
“Sin considerar el monto que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha propuesto para 2025”, detalló.
Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2019, los grupos parlamentarios del PVEM y Partido del Trabajo votaron en contra junto con la oposición del recorte a los partidos políticos, por lo que Morena, su aliado legislativo-electoral, no alcanzó la mayoría calificada a pesar de que lo acompañó el ahora extinto Partido Encuentro Social.
Ese día, la propuesta del actual titular de la Secretaría de la Educación Pública y la entonces diputada Tatiana Clouthier pretendía reducir más de 2 mil 500 millones de pesos a partidos políticos.
El 3 de diciembre pasado, Montserrat Ruiz Páez, diputada de Morena, presentó una iniciativa para que “las reformas constitucionales de trascendencia nacional deberán ser sometidas a plebiscito o referéndum, según sea el caso, y el resultado será vinculante para los Poderes de la Unión”.
Estas consultas se agregarían, de acuerdo con la iniciativa, al requisito constitucional de la aprobación con las dos terceras partes de los legisladores del Congreso de la Unión, además de 17 o más congresos locales.
Ruiz Páez se pronunció a favor de la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por cuatro periodos consecutivos.
“Y deberán establecer el plebiscito y referéndum como instrumentos de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno estatal”, indicó.
La diputada de Morena también respaldó la elección consecutiva de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, “siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años”, con la misma exigencia de usar el plebiscito y referéndum como instrumentos de participación ciudadana”.
El 11 de diciembre, último día de periodo ordinario de sesiones, Francisco Adrián Castillo Morales, diputado de Morena, presentó una iniciativa para aumentar al doble las multas en contra de quienes presionen a electores de pueblos originarios y afroamericanos al momento de emitir su voto.
Actualmente, la legislación prevé sanciones de “300 a 600 días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado”.
En distintas entrevistas, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, ha explicado que tras no haberse dictaminado en la legislatura pasada, la iniciativa de reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue desechada, a la espera de que Claudia Sheinbaum, su sucesora, envíe un proyecto al Congreso de la Unión.
