La misión independiente de la ONU para investigar la invasión de Ucrania, que ya en septiembre concluyó que se han cometido crímenes de guerra por parte de Rusia en el actual conflicto, lamentó hoy la falta de acceso a los territorios ocupados por las fuerzas armadas rusas, lo que dificulta su labor.
“Hemos establecido contacto con la Federación Rusa en varias ocasiones sin resultado”, destacó la bosnia Jasminka Dzumhur, uno de los tres miembros de la misión de expertos, en una rueda de prensa para analizar los resultados de su segunda visita a Ucrania para seguir recabando evidencias de crímenes de guerra.
“Debido a ello, la recolección de pruebas es difícil”, destacó Dzumhur, quien explicó que pese a ello han podido entrevistar a victimas y testigos de abusos en zonas ocupadas o recientemente liberadas, incluyendo desplazados internos procedentes de la localidad de Jersón.
Otra dificultad que encuentran en las pesquisas es a la hora de hablar con víctimas de violencia sexual, “ya que todavía hay mucha estigmatización al respecto y muchas no están dispuestas a hablar públicamente de lo que han sufrido”, indicó la investigadora.
La misión de tres expertos, presidida por el noruego Erik Mose y que completa el colombiano Pablo de Greiff, llevó a cabo en los últimos días una segunda visita a Ucrania, a la que se sumaron a lo largo de este año otras ocho de investigadores de la misión, creada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En rueda de prensa difundida hoy por videoconferencia desde Kiev, que tuvo que ser retrasada 40 minutos debido a los frecuentes cortes de luz en la capital ucraniana, Mose explicó que tras concluir en septiembre que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante la invasión en cuatro zonas entonces investigadas (Kiev, Járkov, Sumi y Chernihiv) el propósito ahora es ampliar el área de las pesquisas.
Para ello, en esta ocasión los expertos visitaron Odesa, zona cercana a uno de los principales frentes de batalla en los últimos meses (el área de Jersón) y se entrevistaron entre otros con responsables del Tribunal Supremo, la Fiscalía General o la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, indicó el presidente de la misión.
La meta de la misión es reunir evidencias para futuros procesos penales a nivel nacional o internacional contra los perpetradores de crímenes de guerra y otros abusos, por lo que la misión fue preguntada hoy por el tribunal especial para Ucrania que propuso esta semana la UE, aunque se mostraron abiertos a otras posibilidades.
“Conocemos las diferentes propuestas, pero aún no hay conclusiones, hay muchas formas posibles de afrontar el proceso de rendición de cuentas tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Mose, quien afirmó que en el segundo informe que presentarán en marzo de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos ahondarán en la cuestión.
Dzumhur subrayó que las investigaciones de la misión no sólo giran actualmente en torno a daños personales sino también a infraestructuras civiles como escuelas o centros sanitarios destruidos, ya que los ataques a éstas también pueden ser considerados un crimen de guerra.
En este sentido, la experta bosnia subrayó que los ataques a la red energética ucraniana están causando un gran prejuicio a la educación de muchos niños del país, que dependen a causa del conflicto todavía de las clases a través de internet que comenzaron a impartirse durante la pandemia y continúan aún hoy por la guerra.
De Greiff añadió que el proceso de reparación que debe haber en Ucrania, como en otros conflictos, debe pasar por fases como la recuperación de restos de víctimas, la recopilación de datos de desaparecidos, o el establecimiento de un registro de afectados, muchos de ellos necesitados de atención psicológica o psicosocial.
La comisión rehusó comparar los crímenes de guerra observados en Ucrania con los que conocieron de otros conflictos en investigaciones previas, ya que en palabras De Greiff “los niveles de destrucción son diferentes según el tipo de armamento utilizado, y aquí se trata de grandes artefactos explosivos y misiles”.
Dzumhur, quien fue defensora del pueblo en Bosnia-Herzegovina, sí comparó el creciente riesgo que ante la llegada del invierno afronta la población civil ucraniana, en muchos casos sin electricidad, agua ni calefacción, con el que ella conoció en los conflictos de los Balcanes a finales del siglo XX.
En septiembre, los tres expertos indicaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que habían recolectado evidencias de crímenes de guerra rusos en Ucrania que incluían ejecuciones sumarias o violencia sexual contra niños.
La delegación ucraniana ante el Consejo de la ONU pidió entonces el establecimiento de un tribunal que juzgue esos abusos al más alto nivel.
“Si estos actos de agresión por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no son respondidos, nos hundiremos en un oscuro mundo de impunidad y permisividad”, afirmó entonces la delegación de Ucrania.