“Hubo un ejercicio de la libertad de expresión por parte de Denise Dresser que no implica el menoscabo de los derechos políticos de la diputada federal”, afirmó la magistrada Janine Otálora, quien no obstante, aclaró que “la sentencia del TEPJF a favor de Denise Dresser no da libertad absoluta a medios de comunicación y destacó que el tema central del caso que se debe aclarar “es el uso de recursos públicos”.
La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recordó que el caso se originó en un programa de Latinus, en donde “Denisse Dresser se refiere a una diputada federal -Andrea Chávez-. por el presunto uso de una aeronave pública para transportar a su familia para la rendición de su informe”.
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, específico que “la periodista utilizó una terminología como un asunto de faldas insinuando una relación con uno de los participantes en este proceso interno de Morena que se llevaba a cabo en ese momento”.
En respuesta, la Sala Regional Especializada “estimó que sus dichos son violencia política en razón de género en contra de la diputada federal, se le impone una multa y la obligación de pedir perdón tomar un curso de genero leer una serie de libros sobre el tema”.
Sin embargo, el día de ayer “lo que hizo la Sala Superior fue revocar esa determinación a través de una ponderación entre dos derechos: a la libertad de expresión que tiene los medios de comunicación y los periodistas y el derecho a tener una vida libre de violencia”.
No obstante, resaltó que “el ejercicio de libertad de expresión no significaba un menoscabo de sus derechos políticos…lo resuelto ayer no da una libertad total a los medios de comunicación respecto a las mujeres que están en el ámbito político”.
Finalmente, destacó “no se debe olvidar que se denunciaba el supuesto uso irregular de recursos públicos, y de eso ya se dejó de hablar… la investigación quedó en el olvido”, por ello pidió “que el tema central no muera… todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas”.
