Oaxaca. Madres y padres de familia de la comunidad indígena de Guadalupe Victoria, ubicada en la Sierra Mixe de Oaxaca, acordaron en asamblea comunitaria promover un juicio de amparo en demanda de la protección a sus derechos humanos ante la falta de servicios educativos y de salud desde 2017.
Representantes de la localidad, que políticamente pertenece al municipio de San Juan Juquila Mixes, informaron que a casi cuatro meses de que la Secretaría de Gobierno se comprometió a restablecer el acceso a aquellas necesidades, es la fecha en que ello no se ha materializado.
A través de un comunicado, la Asamblea de Padres de Familia de la población acusó que el pasado tres de agosto el titular de Segó, Jesús Romero, se comprometió a que en un plazo de 20 días tanto las clases como los servicios médicos serían reactivados.
“El Secretario de Gobierno, anunció en la asamblea comunitaria: ‘El regreso a clases y la reapertura del Centro de Salud, entre otras cosas …’ toda vez que eran derechos humanos que no podía seguirse postergando y que a más tardar en 20 días se reactivarían los servicios de educación y salud”, señala el documento.
“Sin embargo, es la fecha en que no han cumplido su palabra. La esperanza sembrada en los niños, niñas y adolescentes y nuestra comunidad indígena se ha ido consumiendo al paso de los días”, agrega.
Los habitantes indicaron que la comunidad de Guadalupe Victoria, Mixe, confía en que al acudir a la justicia federal ésta les concederá un amparo “para que a la brevedad posible se retomen las actividades escolares y los servicios de salud”, ya que desde del 2017 sin estos servicios”.
El documento resalta: “Le recordamos al Gobierno de la Primavera Oaxaqueña que en su toma de protesta juró respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, juramento que han violentado, particularmente lo que señala en el artículo primero referente a los derechos humanos”.
Los padres de familia condenaron que en “pleno siglo 21 y a la luz de los derechos humanos”, a la comunidad de Guadalupe Victoria, Mixe, “se le criminalice y se limite el ejercicio de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no debería restringirse ni suspenderse”.
Los inconformes llamaron a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos permanecer atentas a ese proceso, “por cualquier acción o represión que deriven en contra de nosotros como padres y madres de familia de Guadalupe Victoria al exigir respeto y cumplimiento a los derechos humanos de la población y de la niñez indígena de nuestra comunidad”.
